Carlota Pérez, la activista “tenaz” que evitó desahucios hasta el día antes de su muerte

Carlota Pérez no llegó a ser consciente de ello porque se encontraba ya muy grave en el hospital, pero el día antes de su muerte su trabajo dio todavía frutos: un acuerdo evitó el desahucio de dos hermanas y su madre de 90 años en Vigo. Esta activista “tenaz”, la líder de la plataforma antidesahucios de Vigo-Tui, tenía “facilidad de palabra” y “se ganaba al banquero” en las negociaciones. Así la describe su viudo, Adolfo Telmo, mientras asimila que, en un mes, un cáncer agresivo lo ha cambiado todo en su entorno.

Su implicación contra los desahucios empezó en 2011, a raíz de las visitas que la pareja hacía a las acampadas del 15-M: “Un día vino una chica a la que iban a desahuciar y nosotros sabíamos lo que hacía una mujer que se llama Ada Colau en Barcelona. Nos llamó la atención lo que hacían en Stop Desahucios y pensamos en montar algo aquí y ayudar a aquella chica”. Ambos empezaron a hacer trámites con el banco y con el ayuntamiento y de ahí salió el primer alquiler social de Galicia, en Tui, la localidad en la que vivían Pérez y Telmo.

Estos primeros pasos los llevaron a Vigo, en donde encontraron a más gente movilizada por la causa. “Ahí ella enseguida destacó como la portavoz natural porque tenía facilidad para comunicarse”, relata Telmo, que participó con su mujer en la fundación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vigo-Tui. Destaca la capacidad para dialogar de Carlota: “Tenía una relación cordial con los representantes de la banca. Yo siempre digo que cualquiera de nosotros les habría tirado un zapato a la cabeza, pero ella siempre negociaba y volvía con un arreglo”.

El más reciente lo dejó preparado, pero no lo vio firmado. Era un caso “muy complicado” porque era una renegociación para mantener el alquiler social de dos hermanas endeudadas, que perdieron su vivienda por un negocio textil, y que tienen a su madre, de 90 años, a su cargo. No habían podido pagar durante unos meses y “el banco se puso de uñas”. Carlota intermedió y el pasado 2 de febrero, un día antes de que muriese la activista, las mujeres firmaron con la entidad un acuerdo que les permite seguir otros siete años en su casa, que pertenece ya al banco. “Ella le tenía mucho aprecio a esta familia”, señala Telmo.

En los primeros años de actividad, la mayor parte de los afectados eran personas que tenían una hipoteca, pero ahora Carlota Pérez estaba “empeñada” en centrarse en los problemas de quienes no podían hacer frente al alquiler. De hecho, la organización ha pasado a llamarse Sindicato de Inquilinas-PAH Vigo-Tui. Ella, con formación en gestión administrativa, había ido ampliando sus conocimientos con sus lecturas desde que empezó a implicarse en la lucha contra los desahucios. A veces, reflexiona su viudo, “es cuestión de cómo ejerces la presión, más que de leyes”. “Era muy tenaz y se ganaba mucho al contrario, al banquero”, asegura. Cuenta que ha recibido muchas muestras de afecto de personal de los bancos. Carlota había llegado a tener una relación cordial con ellos.

Telmo relata que, en ocasiones, su mujer manifestaba su cansancio. “A veces la gente no venía a las asambleas, venía a hablar con Carlota”, asegura. En enero los médicos le detectaron, con 52 años, un tumor cerebral agresivo que le provocó la muerte en un mes. Su viudo reflexiona que, en un momento de “polarización” como el actual, “sería bueno que hubiese más gente con capacidad de negociar como ella”.

La memoria, dice, “es frágil” y las imágenes de puertas echadas abajo para desalojar a familias parecen lejanas. Lo cierto es que sigue habiendo desahucios. No se han detenido tampoco con la decisión del Gobierno de parar los que afecten a personas vulnerables mientras dure el estado de alarma.

De acuerdo con los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en los nueve primeros meses de 2020 hubo 831 desahucios en Galicia, entre los procedimientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos y las ejecuciones hipotecarias. Sí se notó un desplome por el parón de la actividad del segundo trimestre.

En abril, cuando el Gobierno central tomó la primera decisión de frenar los desalojos de personas en una situación precaria derivada de la pandemia, la Xunta objetó que esto enfriaría el mercado. Después, se sumó a las voces preocupadas por las viviendas ocupadas. El Gobierno gallego ha habilitado un teléfono para que los propietarios de inmuebles ocupados reciban asesoramiento legal. Lo hizo a través de un acuerdo con el Consello da Avogacía Galega, un organismo con el que hace dos años que no renueva otro convenio para dar servicio a personas en riesgo de exclusión social con amenaza de desahucio o pérdida de su vivienda habitual.