Los recortes hacen que tratar el cáncer sea el triple de caro para quien lo padece

“El cáncer se puede prevenir y estamos dispuestos a poner todos los medios a nuestro alcance para hacerlo”. “Entre todos conseguiremos que cada día más pacientes dejen atrás esta enfermedad”. En las primeras horas de este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, la secretaria general de Sanidad del Gobierno de España, la ex consejera gallega Pilar Farjas, pronunciaba estas palabras en un foro organización por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), en el que envió un “mensaje de apoyo y esperanza” y subrayó que tratar esta dolencia es “prioritario” para el departamento que dirige Ana Mato. En la misma jornada la propia AECC acababa de hacer público un estudio que desmentía, al menos en parte, las afirmaciones de Farjas. A la luz de los últimos recortes, explica la asociación, quien padece cáncer ya no sólo se tiene que preocupar de tratarse y recuperarse, sino también del impacto económico que puede tener luchar por su propia salud.

En la AECC la política gubernamental da lugar a motivos de “preocupación”, sobre todo la derivada del Real Decreto 16/2012, con el que el gabinete de Mariano Rajoy aplicó su principal recorte sanitario hasta el momento. El “potencial impacto negativo” que estos recortes “pueden tener sobre la calidad de vida de las personas con cáncer y de su familia”, así como “sobre la prevención y el control de la enfermedad” llevó a este colectivo a elaborar un informe basándose en datos oficiales como los que indican “un aumento en el porcentaje de población en riesgo de pobreza y de exclusión social”. “Si a esto unimos la dimisión o recortes en prestaciones sociosanitarias, la población española que se encuentra en especial riesgo de exclusión social verá agravada de forma considerable esta situación con un diagnóstico de cáncer”. No en vano, recuerdan, según el INE cuatro de cada diez hogares del Estado “no pueden asumir gastos imprevistos y el 12,7% llega a fin de mes con mucha dificultad”.

Concretamente, la AECC analiza “el impacto de las medidas” del Gobierno central en una familia tipo “con un único miembro activo, con una renta inferior a los 18.000 euros al año, con dos hijos menores de edad, residentes en el ámbito rural y que no cuentan con ningún miembro enfermo”. Segundo el propio INE, detallan, “el gasto medio mensual en salud de esta unidad familiar asciende a un 3%” del total de los gastos. Tomando como referencia “casos concretos de pacientes tipo” la asociación concluye que, “en caso de que se diagnostique un cáncer, esa familia tendrá que aumentar el gasto durante lo proceso de tratamiento de la enfermedad en 15 puntos porcentuales”, llegando a tener que dedicar, por lo tanto, 18 de cada 100 euros ingresados al mes a la propia salud.

Buena parte de la alerta que lanzan los y las enfermas de cáncer está relacionada con la inclusión del transporte sanitario no urgente en la denominada “cartera suplementaria” del Sistema Nacional de Salud, esto es, los servicios sanitarios en los que el Estado determina que hay opción a aplicar el repago. Este tipo de ambulancias programadas son especialmente utilizadas en los tratamientos oncológicos, ya que muchos de ellos, como la administración de quimioterapia o radioterapia, no requieren ingreso en un centro sanitario durante varios días sucesivos, pero sí visitas habituales al hospital para recibir la medicación. Disponer de una ambulancia se hace necesario no sólo para quien sufra la enfermedad y no disponga de vehículo propio o de transporte público idóneo, sino también para muchos pacientes a quienes los efectos secundarios del tratamiento les impiden desplazarse de manera completamente autónoma. El repago planea también, además, sobre medicamentos que no son estrictamente para tratar el cáncer, pero sí estos efectos secundarios.

Lo del transporte no es el único recorte que perjudica el tratamiento del cáncer. Los motivos económicos están también detrás de las restricciones en la administración de algunos medicamentos que ya se revelaron como efectivos para luchar contra algunos tumores. Estas denuncias llegaron en los últimos meses desde, por ejemplo, el Hospital Clínico de Santiago, donde la Asociación de Usuarios del Servicio de Oncología alertó el pasado octubre de que la dirección del centro se venía “negando sistemáticamente” a financiar un medicamento de quimioterapia, la abiraterona, aunque esto suponga “contravenir la opinión médica”,

En aquel caso concreto la dirección del hospital compostelano se negó a reconocer abiertamente que los motivos económicos estuvieran detrás del aplazamiento en la administración de un medicamento que, finalmente, el paciente afectado sí llegó a recibir. Más explícito fue hace escasos días el director general de Cartera Básica de Servicios del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero. En un acto público, Rivero puso el ejemplo de dos nuevos medicamentos contra el cáncer -cuyos nombres no citó- “que son innovaciones” y que, en su opinión, “no mejoran mucho la vida del paciente, quizás apenas en una semana, y aunque para lo que tiene su padre o madre afectados es importante, a niveles macroeconómicos, no es rentable”.