La reforma administrativa de Rajoy tampoco convence a la Xunta
Fue presentado como un proyecto poco menos que histórico, un escalón fundamental para la salida de la crisis por la vía de la reducción del gasto público, incluso como una herramienta para que “los políticos”, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, hagan “sacrificios” una vez que ya los ha hecho la ciudadanía. El proyecto de reforma de las administraciones públicas que promueve el Gobierno central es uno de los planes estrella del gabinete de Mariano Rajoy que, a pesar de a los fastos con los que fue presentado, apenas encuentra aliados. La oposición en pleno lo critica y esta vez ni siquiera la Xunta se presenta, como suele suceder, para ser aliada incondicional del Ejecutivo de Madrid. Este desmarque se venía produciendo desde hace semanas por la vía de las declaraciones y hoy aconteció en el Consello da Xunta.
El vicepresidente Alfonso Rueda elevó al Consello un informe con un “primer análisis de las propuestas del Gobierno de Mariano Rajoy” y, a grandes rasgos, viene a concluir que esa marea de reformas no pasará de leve marejadilla administrativa en Galicia. Ese documento “destaca que Galicia cumple o puede cumplir ocho de cada diez de las recomendaciones dirigidas a las comunidades autónomas” y “ya tiene en marcha o efectivizadas en su ámbito el 90%” de las propuestas que el Gobierno central se va a aplicar a sí mismo.
El Ejecutivo gallego aprovecha para presentarse como el primero de la clase de la austeridad para asegurar que Galicia “fue pionera en llevar a cabo una profunda reforma de la Administración” y por eso, abunda, ya ha metido la tijera en el número de entes públicos, en la “simplificación” de leyes y trámites administrativos o en la creación de organismos que centralicen competencias como las tecnologías de la información y de la comunicación. Los comentadísimos coches oficiales o la “centralización de los números de atención telefónica” son medidas que, señala la Xunta, se combinaron con otras como la “generación de sinergias” entre “las oficinas en el exterior y las embajadas, la planificación conjunta de tecnologías de la Justicia o la creación de una ventana de información única para obtener datos de ayudas y subvenciones a PYMES”.
Valedor y Consello de Contas
En este contexto, tampoco parece que vayan a pasar por Galicia algunas de las medidas más simbólicas de las propuestas por Rajoy, tales como la eliminación de ciertos entes. Así, el propio presidente de la Xunta evidenciaba este jueves que en algunos casos esa eliminación sería imposible, “porque decidimos no tenerlos”, caso por ejemplo de los “servicios demoscópicos autonómicos” o “agencia de protección de datos”. Cuestión aparte son “los órganos estatutarios” como el Valedor do Pobo (defensor del pueblo de Galicia) o el Consello de Contas (Consejo de Cuentas). Es en este punto donde Feijóo incluso inserta una crítica velada a su jefe de filas: “Las recomendaciones no discriminan entre comunidades autónomas con órganos previstos en el Estatuto y esos mismos fuera del Estatuto”. Y esto, advierte, es “fundamental”.
Así las cosas, “la opinión del Gobierno es que tenemos que consultarle al Parlamento sobre este asunto”, si bien, “por si les vale de opinión”, señaló Feijóo ante la prensa, los populares gallegos “entienden” que “el Consello de Contas se debe mantener y el Valedor, que es un órgano claramente de fiscalización de los ciudadanos sobre las Administraciones públicas” es “un servicio público que se debe de mantener”, lo que no implica que no se puedan “reducir los costos de su funcionamiento”. “Podríamos caer en la tentación de que el Gobierno esté a favor de que no lo controlen, pero no sería muy responsable”, afirma.
Al tiempo que muestra sus recelos sobre la reforma administrativa Feijóo vuelve, a preguntas de los periodistas, sobre sus dudas con respecto a otro proyecto de Rajoy, la reforma local. Después de que el Consejo de Estado haya elaborado un dictamen en el que deja claro que el plan del Gobierno puede colisionar con la Constitución Feijóo evita alinearse con el presidente español y lo hace con el organismo que preside su mentor político, José Manuel Romay Beccaría. “El informe del Consejo de Estado es un informe que Gobierno debe tener en cuenta” porque es “sólido y bien construido desde el punto de vista de la doctrina constitucional”, advierte.
