La Xunta y el Ayuntamiento de Sada se unen a la demanda del Estado para echar a los Franco del pazo de Meirás

La Xunta del PP culmina su giro sobre el Pazo de Meirás y el gobierno municipal de Sada profundiza en su reivindicación de la devolución de la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán que Francisco Franco y su familia utilizaron como propia desde 1938. El Gobierno gallego y el Ayuntamiento sadense han confirmado este jueves que, por diferentes vías, se unen a la demanda con la que el Estado intenta echar a los herederos del dictador de las Torres de Meirás y busca la reversión de la propiedad al patrimonio público.

Este 18 de julio el Ayuntamiento de Sada, localidad donde se encuentra el pazo, recibió un oficio en el que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña le comunica oficialmente que la Administración General del Estado ha puesto en marcha el proceso para reivindicar la propiedad de Meirás. De este modo el gobierno local (encabezado por Sadamaioría en coalición con el BNG y Alternativa dos Veciños) tiene ya la puerta abierta para personarse en el procedimiento y confirma que lo hará “al tener interés directo y legítimo en el resultado de la demanda”.

De este modo, explica el Ayuntamiento, una vez admitida su comparecencia, “podrá defender las pretensiones formuladas por el Estado” o las suyas propias incluso en caso de que el Gobierno de España desistiera del proceso. El Ayuntamiento explica que su intención es seguir teniendo un papel activo“ a favor de la devolución del pazo, ahora en la vía judicial, ”como ya tuvo a través de la participación activa en la Xunta pro Devolución“ promovida por la Diputación de A Coruña y en la comisión de expertos impulsada desde el Parlamento de Galicia

Poco después de la recepción de la notificación judicial en el Servicio de Urbanismo de Sada el Consello da Xunta aprobaba la autorización para que los servicios jurídicos del Gobierno gallego también se personen como parte en la demanda civil interpuesta por el Estado. Tras una “primera valoración”, los letrados del Gobierno gallego “han confirmado” que es posible al participación de la Xunta en el proceso. Esta acción, resalta Alberto Núñez Feijóo, supone “cumplir los compromisos logrados” con el apoyo de la unanimidad del Parlamento de Galicia.

Tras este movimiento el presidente de la Xunta ha sido cuestionado por la posibilidad de que su Ejecutivo tome la misma decisión sobre otras propiedades en las manos de los Franco, caso de las esculturas del Maestro Mateo reivindicadas en los tribunales por el Ayuntamiento de Santiago o de la Casa Cornide de A Coruña, entre otras. “No descartamos ninguna posibilidad sobre bienes de los que sea discutible su titularidad”, dice Feijóo, que en cualquier caso se remite a los “estudios” jurídicos de cada caso.

De este modo el gobierno de Sada y el gallego prevén defender la posición que el Gobierno de España ha planteado ante el juzgado, basada en que el dictador se quedó con el pazo a través de un “fraude”, simulando una compra formal y legal años después de haber recibido la propiedad como si fuese suya de manos de la denominada Junta pro Pazo, que había financiado la operación con donaciones forzosas. En este sentido, el Estado pide al juzgado que “declare la nulidad de la donación efectuada en 1938” al “autoproclamado Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde” y que haga lo mismo con el contrato de compraventa firmado en 1941.

Al mismo tiempo, el Estado -y ahora también Sada y la Xunta- piden “la nulidad parcial o, en su defecto, la ineficacia” de las operaciones efectuadas en 1976 para repartir la herencia del militar golpista entre sus descendientes, toda vez que en ella se contemplan estas propiedades. La finalidad última del proceso, explicita, es que “se declare que la propiedad del terreno y edificaciones (...) corresponden al Estado” y que los herederos del dictador sean condenados a devolverlas.