La Xunta delega en los ayuntamientos la supervisión del patrimonio entre avisos de expertos: “No actuar es expolio”

Entre las muchas alegaciones que el PP descartó durante la tramitación de los presupuestos de la Xunta para 2026 está un breve texto que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) remitió a los grupos. Era una crítica a una de las decenas de modificaciones de normativas que el Gobierno gallego suele acumular cada año en la llamada ley de acompañamiento. El órgano que representa a las administraciones locales -presidido actualmente por un alcalde del PSOE- se refería a los cambios introducidos en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia con los que el Gobierno gallego va a delegar buena parte de la supervisión sobre bienes protegidos a los ayuntamientos.

Pero la de la Fegamp no fue la queja más dura: el Consello da Cultura Galega emitió un informe en el que avisaba del riesgo de “pérdida, destrucción o deterioro irreversible” de patrimonio y la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología pide directamente la intervención del Gobierno central para frenar la reforma en un comunicado en el que advierte de que “no actuar también es expolio”.

La historia de este cambio, tramitado de forma exprés, sin un debate propio, al estar incluido entre decenas de modificaciones en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los presupuestos de 2026 -de ahí que se la conozca como ley de acompañamiento-, arranca con la presentación, en octubre, del proyecto de las cuentas de la Xunta para el año que está a punto de empezar. Sin embargo, fue un informe del Consello da Cultura Galega el que puso el foco en estas modificaciones en noviembre. El texto expone que el eje central de la reforma de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia es la supresión de la autorización previa que tenía que dar la Consellería de Cultura para las intervenciones que se quieren realizar en bienes catalogados con protección estructural y ambiental. También se retira ese permiso para actuaciones en las zonas de protección alrededor de esos bienes y de amortiguamiento. Y la competencia para dar ese visto bueno se pasa a los ayuntamientos, que deberán hacer un análisis en el procedimiento de concesión de licencias urbanísticas para comprobar si los valores culturales quedan o no protegidos.

El Consello da Cultura cita que las justificaciones dadas son que los ayuntamientos conocen bien su propio territorio y que es necesario agilizar las obras para contar con más vivienda. El conselleiro de Cultura, José López Campos, hizo una ronda de contactos con representantes de administraciones locales en noviembre y defendió que la reforma de la ley buscaba simplificar los trámites administrativos y “desburocratizar” para acortar las esperas de las licencias urbanísticas. Aseguró que las demoras en los más de 30.000 expedientes que gestiona al año la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural son de entre seis y doce meses y que esos largos plazos “son un problema”.

La solución, defendió, es pasar parte de los permisos a los ayuntamientos, de forma que puedan autorizar intervenciones en los elementos protegidos. Los municipios de más de 50.000 habitantes también van a poder -desde el 1 de enero del 2026, cuando la norma entra en vigor- informar sobre obras en el entorno de los caminos de Santiago. La Xunta retiene las competencias en los elementos “más singulares o que precisan de la intervención de un personal técnico con conocimientos más específicos”, como en el caso de obras en bienes de interés cultural (BIC).

Para el Consello da Cultura, que es el órgano consultivo que asesora a la Xunta sobre los valores culturales gallegos, estos argumentos son insuficientes. En las condiciones en las que se delegan estas competencias a los ayuntamientos, la protección del patrimonio cultural “no queda garantizada de manera suficiente y eficaz”. Sobre todo, objeta, no se tienen suficientemente en cuenta varios factores: no hay un catálogo de bienes culturales actualizado ni unificado; no hay mecanismos de coordinación; los ayuntamientos no tienen suficiente personal -y, en muchos casos, no cuenta con formación específica en la materia-; y no hay un cuerpo autonómico de inspección que pueda desplegar un control sobre las licencias municipales. Añade que esta “voluntad liberalizadora” en la tramitación suscita “problemas constitucionales” porque va en sentido opuesto al de las obligaciones de conservación del patrimonio cultural. Concluye que hay riesgo de desaparición o deterioro de muchos de los bienes protegidos, que son “buena parte de la herencia cultural” que conforma la identidad del pueblo gallego.

El cambio está aprobado

El informe no logró que la Xunta reconsiderase su postura: la ley de acompañamiento se aprobó sin cambios -y solo con los votos del PP- el pasado 16 de diciembre. Tampoco tuvo efecto la alegación de la federación de municipios y provincias, que centraba su crítica en que la reforma “no fue consultada, negociada ni acordada con los ayuntamientos a través de la Fegamp”. Objeta que supone “mayor carga de trabajo”, pero no va acompañada de fondos. Los sentires dentro de la Fegamp no son uniformes. El vicepresidente, Ángel Moldes, regidor de Poio, del PP, defendió que los cambios son medidas que los ayuntamientos llevaban años pidiendo.

Una de las voces más críticas con la decisión es la de la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología, que le ha enviado un escrito al Ministerio de Cultura para pedirle que intervenga y frene los cambios de la Xunta porque “podrían provocar una desprotección real”. Pone el foco en que el Gobierno gallego, del que dependía hasta ahora la supervisión, cuenta con personal especializado, pero eso no ocurre en una gran parte de los ayuntamientos. Fuera de los más grandes no suele haber ni arqueólogos ni historiadores del arte ni arquitectos especializados en patrimonio.

“Pasarles esta responsabilidad sin reforzar sus recursos deja un vacío de tutela que puede tener consecuencias irreversibles”, avisa y recuerda que existe el concepto de “expolio por omisión”, recogido en la Ley del Patrimonio Histórico Español. Esto quiere decir que el expolio puede derivar no solo de acciones dañinas, sino también de una falta de actuación o supervisión adecuada de la administración competente, recalca la plataforma. Su portavoz, Jaime Almansa, asegura que el mayor peligro lo corren los edificios protegidos, pero que no son BIC. Los sitios arqueológicos, dice, están más controlados normalmente, aunque algunos en casco urbano también pueden verse amenazados.

Almansa añade que confía en que el Ministerio pueda actuar porque, aunque las competencias en la materia están transferidas a las comunidades autónomas, las leyes de menor rango no pueden recortar derechos recogidos en las de mayor rango, que es algo que considera que ocurre con la nueva normativa gallega. Y apunta otra posible vía: que los ayuntamientos devuelvan las competencias si no están de acuerdo con esa delegación.