El Gobierno retira el veto a la ley que busca dar a Balears más poder sobre sus aeropuertos

El Gobierno ha retirado su oposición a la tramitación de la ley balear de cogestión aeroportuaria, lo que permitirá que la iniciativa aprobada por el Parlament autonómico pueda continuar su recorrido en el Congreso de los Diputados. La decisión supone dar marcha atrás al veto planteado la semana pasada por el Ejecutivo central, que había alegado un posible impacto sobre los ingresos de Aena y, por extensión, sobre las cuentas públicas.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, quien ha celebrado la decisión y ha defendido que lo que estaba en juego no era todavía la aprobación de la ley, sino algo previo: que Balears pueda debatir en la Cámara Baja sobre el modelo de gestión de sus aeropuertos. “Hemos conseguido que se retire el veto a una ley que es fundamental para nuestro futuro y para que las instituciones de Balears puedan tener voz sobre sus aeropuertos”, ha enfatizado Vidal, que ha insistido en que la iniciativa debe ahora superar el resto de trámites parlamentarios.

Por su parte, el asesor de Més en el Congreso, Antoni Trobat, ha señalado, en declaraciones a este medio, que la iniciativa se tramitará “gracias a la presión” ejercida por su partido y, especialmente, por Vidal. Asimismo, ha destacado que la propuesta cuenta con el apoyo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Fuentes socialistas señalan, mientras tanto, que ha sido la presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE en Balears, Francina Armengol, quien ha hecho efectivo que la Cámara Baja tramite finalmente la propuesta.

La cogestión aeroportuaria es una demanda histórica en las islas que busca que la comunidad autónoma pueda participar en la toma de decisiones sobre unas infraestructuras que resultan estratégicas para un territorio dependiente del turismo y ampliamente condicionado por la insularidad. La reclamación se ha intensificado en los últimos años en paralelo al creciente debate sobre la saturación turística y la necesidad de limitar la llegada de pasajeros a las islas.

La retirada del veto llega después de varios días de presión política de Més per Mallorca y en vísperas de que la Mesa del Congreso abordara el futuro de la iniciativa. El partido había reclamado al Gobierno que retirara su oposición y había situado especialmente el foco sobre los grupos con representación en la Mesa para que permitieran que la proposición pudiera ser debatida.

La formación había cuestionado desde el principio los argumentos económicos utilizados por el Gobierno para impedir la tramitación. En el escrito remitido al Congreso, el Ejecutivo sostenía que la aplicación de la norma podía afectar a las tarifas aeroportuarias y al crecimiento del tráfico aéreo y provocar una reducción de los ingresos de Aena. Según sus cálculos, mantener en 2026 el volumen de pasajeros de 2025, en lugar de alcanzar los 49 millones previstos, supondría 32,5 millones de euros menos de ingresos. También calculaba una merma de 32,9 millones si se mantuvieran las tarifas medias de 2025.

Vidal había rechazado estos argumentos y acusado a Hacienda y a Aena de “inventarse un perjuicio económico para justificar una decisión política”. El diputado había subrayado además que permitir a las instituciones de las Islas participar en las decisiones aeroportuarias no significa necesariamente que vayan a reducirse los vuelos.

La propuesta que ha llegado al Congreso pretende precisamente reforzar esa participación. El texto aprobado plantea ampliar las funciones del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares y convertirlo en un instrumento de cogestión en el que, además de representantes del Estado y de Aena, tengan presencia la comunidad autónoma, los cuatro consells insulars, los municipios afectados, las cámaras de comercio, las organizaciones económicas y los sindicatos.

Entre las funciones previstas figura la participación en la definición de la estrategia aeroportuaria y la posibilidad de informar sobre documentos y planes de planificación aeroportuaria, teniendo en cuenta la capacidad de carga de las diferentes islas. La iniciativa también prevé crear una comisión de coordinación específica para el aeropuerto de Menorca.

La reivindicación ha cobrado especial fuerza en los últimos años al calor del debate sobre la saturación turística y el crecimiento continuado del número de pasajeros. El aeropuerto se ha convertido así en una de las principales piezas del debate sobre los límites al crecimiento turístico, especialmente en Mallorca y Eivissa.