La oficina de Tráfico en Ibiza está en “colapso técnico” y es solo la punta del iceberg

La atención a la ciudadanía en las oficinas de la DGT en Balears está en una situación extremadamente precaria, sin visos de mejorar por la falta de personal. La situación más preocupante se da en Eivissa, donde la oficina de Tráfico se encuentra en un momento de “colapso técnico”, ya que desde el mes de junio solo atiende al público dos mañanas a la semana, la del lunes y la del miércoles. Tres personas se encargan de atender las necesidades de una isla cuya población es de 154.210 residentes según el IBESTAT (Institut d'Estadística de les Illes Balears) y hay un único examinador.

Los usuarios no pueden ni hacer gestiones relacionadas con sus vehículos ni sus permisos de conducir, lo que les está obligando a viajar a la península para realizar gestiones tan básicas como la renovación de licencias, fundamental para vivir en una isla como Eivissa, donde el transporte público no cubre ni las mínimas necesidades de los residentes.

La situación es tan extrema que el personal de la oficina de Eivissa está denunciando agresiones por parte de los usuarios, que descargan su frustración precisamente en las únicas personas que están a su disposición en estos momentos. El resultado es que el personal funcionario o interino que se incorpora en la delegación de Eivissa para cubrir estos puestos “se va”. Y esto es solo la punta del iceberg de una problemática que se extiende poco a poco a todo el archipiélago.

Así lo corroboran las delegadas de CCOO, Montse Pascual y de UGT, Fernando Martorell, en conversaciones con elDiario.es. “De una plantilla de 20 personas que había en Eivissa ahora solamente dispone de 4 o 5. Quedaban 2 examinadores y desde la semana pasada solo queda uno porque uno de ellos ha conseguido un trabajo mejor en la península. La solución que se ha encontrado es trasladar personal desde Mallorca para que se pueda seguir dando el servicio, pagando dietas, viajes… y quitando efectivos de otra isla”, explica Martorell. Desde CCOO, además, han exigido a la DGT que se activen los protocolos de seguridad para proteger a la plantilla ibicenca. 

La cuestión es muy preocupante, además, en todas las oficinas de la Administración General del Estado, incluido el SEPE, Extranjería, y Tesorería de la Seguridad Social. Y va a ir a peor, según los sindicatos. “El 20% de las plantillas están por debajo de la media nacional. Además, hay que tener en cuenta que la población de Balears ha crecido de 1 millón de habitantes a 1 millón 200 mil”, puntualizan desde UGT, lo que incrementa más aún este porcentaje.

Para solucionar este tipo de problemas de atención a la ciudadanía, la Administración General del Estado, de la que dependen todos estos servicios, ha instaurado la ventanilla única que funciona en todo el país para que territorios con menos presión demográfica puedan “aligerar” el trabajo de otros más poblados. “Con esta solución, nos encontramos que expedientes de Balears se están tramitando en otras provincias, dándose la circunstancia que como no entienden el catalán se hace con más dificultad. Como anécdota tenemos a una directora de una oficina de la península que ha dado orden de utilizar el Google Translate. En el SEPE se resuelven en Mallorca asuntos de residentes en Eivissa o en Menorca. Este sistema no funciona”, asegura Martorell. “En Eivissa, los trámites se derivan a la oficina de Burgos, mientras que la atención al público recae en tres funcionarios. Totalmente insuficiente”, añade.

Precio de la vivienda y la cesta de la compra

Uno de los principales problemas que han derivado en esta situación “dramática” de falta de personal es la carestía de la vida en las Islas y sobre todo en Eivissa, “que tiene el precio de la vivienda y de la cesta de la compra más caro de España”, según CCOO. El personal funcionario no quiere cubrir las plazas vacantes a pesar de haberles sido asignadas después de haber superado una oposición “que no son nada fáciles de aprobar”, tal y como asegura a elDiario.es Montse Pascual, de CCOO. 

Por otro lado, “la inmensa mayoría del funcionariado que accede a este tipo de plazas proceden de la península, porque Balears es un territorio donde tradicionalmente la población residente no prepara oposiciones. Con los precios por las nubes, especialmente los de la vivienda, no les salen las cuentas para venir a Balears y menos a Eivissa”, añade. En cuanto al personal interino que accede a las bolsas de empleo sucede lo mismo. “Además, cuando se incorporan a la plaza y ven el volumen de trabajo que hay y las condiciones en las que tienen que desarrollar su faena, se van”, concreta. “Muchos vienen, los forman y cuando parece que ya hay una plaza fidelizada les sale otro trabajo en la península y vuelta a empezar”, puntualizan desde CCOO, que aseveran que la plantilla de la Jefatura de Tráfico de Eivissa “está exhausta”. 

A esta problemática habría que añadirle los bajos sueldos de los funcionarios. “Un auxiliar de una oficina de tráfico gana alrededor de 1.200 euros al mes, un sueldo con el que no se puede vivir ni en Eivissa ni el en resto de Balears”, especifica Montse Pascual, que explica que, asimismo, la elevada media de edad de la plantilla de Tráfico ha dejado plazas vacantes por jubilación que no se están cubriendo.

Los dos representantes sindicales aseguran que en Mallorca y Menorca se llegará a la misma situación. “Es un efecto dominó. Es cuestión de tiempo. Los precios de la vivienda en Mallorca y Menorca se están incrementando y la situación en estas islas va a ser la misma que en Eivissa no tardando mucho. Ya lo estamos viendo”. En Balears, las vacantes en puestos de atención directa a la ciudadanía llegan casi al 85 % en Menorca, mientras que en Mallorca alcanza el 51%, cuantifica CCOO.

La situación es tan grave que “si no se soluciona, las personas residentes van a sufrir las consecuencias del colapso de los servicios públicos”. Así está sucediendo desde hace ya tiempo con las citas para renovar DNI o pasaporte en las Oficinas de la Policía Nacional de Eivissa, y no solo en los servicios que dependen de la Administración General del Estado, sino también de la Administración Autonómica como las listas de espera quirúrgicas y médicas o la falta de personal docente en los centros públicos en la mayor de las Pitiüses y el resto del archipiélago.

De aquellos polvos estos lodos

Por otro lado, los sindicatos quieren poner sobre la mesa que el problema de fondo empezó a gestarse con los recortes en los servicios públicos efectuados por el gobierno de Mariano Rajoy derivados de la crisis de 2008, cuando este ejecutivo prometía a la ciudadanía que con estas medidas se sanearían las cuentas del Estado. “Nada más lejos de la realidad. Con estas medidas lo que se consiguió es dejar a las personas residentes sin la atención en los servicios básicos dependientes del Estado Central”, puntualizan desde UGT.

El sindicato añade: “Estamos viviendo las consecuencias de aquellas medidas que adelgazaron los servicios de la Administración General del Estado. Lo que consiguieron es que la ciudadanía tenga una percepción del personal funcionario que nada tiene que ver con la realidad. Es decir, aquellas medidas de supuesto ahorro lo único que han conseguido es un servicio pésimo a las personas residentes en Balears y, en general, en todo el país, y un descrédito constante de las personas que trabajan en estos servicios y que en la mayoría de los casos asumen un volumen de trabajo que hace que muchas de ellas decidan abandonar entre otros motivos por la presión de las personas usuarias, desconocedoras de toda esta problemática”.

Martorell asegura que esto también ha pasado con recortes en servicios autonómicos como la sanidad o la educación, donde la falta de médicos y profesores son herencia de aquellos recortes del gobierno conservador. “A pesar de que el Gobierno central está implementando medidas para que el servicio público se recupere con la convocatoria de oposiciones o la apertura de bolsas de trabajo de interinos, y se estén insuflando más fondos a los servicios públicos, todavía tienen que pasar unos años para que estas medidas se noten”, explica.

Desde CCOO inciden en que el problema también se da a nivel nacional: “En el 40 % de las provincias las oficinas de atención al público tienen el 50 % de los puestos vacantes en su plantilla”. Todo ello ha devenido en el descrédito de los servicios y el funcionariado y ha dado alas a las empresas privadas, háblese de centros sanitarios privados contratados por la sanidad pública para cubrir sus deficiencias, de los colegios concertados y privados que reciben fondos públicos, o de las oficinas de gestoría. “Estas, en la mayoría de las ocasiones, lo que hacen es cobrar honorarios muy altos por servicios que no lo valen, aprovechándose de la necesidad imperiosa de la ciudadanía por cumplir con sus obligaciones y tener todas sus documentaciones en regla”, añade el sindicato. De aquellos polvos estos lodos, que se suman a los problemas específicos de Baleares con el elevado nivel de vida.

Sueldos e indemnización por residencia bajos

Otro de los problemas que aducen los representantes sindicales es la insuficiente indemnización por residencia que recibe el funcionariado público dependiente del Estado Central en todo el archipiélago balear y que viene siendo reclamado durante años sin ninguna respuesta por parte de Madrid. El problema es sangrante si lo comparamos con otras Comunidades con escenarios similares a las de Balears. Desde 1965, la legislación estipula indemnizaciones mucho mayores para Ceuta y Melilla y Canarias.

“Pongamos como ejemplo un grupo C1”, concreta Martorell de CCOO. “En Balears se cobran complementos por este motivo de 75 euros, en Canarias de 350 euros y en Ceuta y Melilla de más de 600 euros por el mismo concepto. A esto habría que añadirle el cobro de los trienios, que pretenden fidelizar personal, y que en estos territorios son superiores en un 75% a los nuestros. Nosotros lo que pedimos es que se revisen estos criterios y se incluya en ellos items realistas como el precio de la vivienda, de la cesta de la compra o el régimen fiscal vigente en cada Comunidad, para adecuarlos a la realidad”, añade el sindicato.