Una ONG señala las limitaciones en la consulta por la ley de reconciliación en El Salvador

Una organización de derechos humanos de El Salvador señaló este sábado las limitaciones en un consulta realizada por diputados del Congreso sobre una ley de “reconciliación nacional”, considerada como una “amnistía encubierta” de los crímenes de guerra registrados entre 1980 y 1992.

Los miembros de una subcomisión del Congreso salvadoreño se reunieron el viernes con un grupo de víctimas en el norteño departamento de Chalatenango para escuchar sus opiniones sobre la propuesta de ley, también catalogada por diversos sectores como una “amnistía de facto”.

De acuerdo con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD), dicha consulta no llenó los requisitos establecidos por los jueces de la Sala de lo Constitucional en una sentencia de julio de 2016.

Los magistrados anularon en dicho falló una ley de amnistía de 1993 y ordenaron a los diputados del Congreso crear una nueva legislación que se centre en la reparación a las víctimas.

“No se está cumpliendo con lo dispuesto en la sentencia de inconstitucionalidad”, señaló FESPAD en un comunicado, en el que señaló que los jueces constitucionales ordenaron la incorporación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos en la elaboración de la nueva ley.

Añadió que al encuentro únicamente asistieron 40 personas, de las que apenas 13 se identificaron como víctimas y su participación se dio sin una metodología previamente acordada.

Por otra parte, los legisladores no respondieron a las preguntas planteadas por los asistentes sobre las bajas penas para los crímenes de guerra y lesa humanidad, inferiores a las que reciben los delitos comunes, y la exclusión de archivos como pruebas en procesos penales.

Entre los diputados que realizaron la consulta estaba Roberto Ángulo, del derechista Partido de Concertación Nacional (PCN), quien restó importancia a la opinión de la víctimas de la guerra civil sobre la iniciativa el pasado 29 de junio.

Ángulo fue uno de los principales impulsores de la ley de amnistía de 1993 que impedía investigar, juzgar y condenar a los vinculados con crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El 23 de mayo pasado, los diputados frenaron la aprobación de la polémica propuesta de ley de “reconciliación nacional” para escuchar a las víctimas tras recibir críticas de diversos sectores, incluida la ONU.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una resolución de “medidas urgentes” en la que requirió al Estado de El Salvador suspender “inmediatamente el trámite legislativo” de la iniciativa.

No obstante, los diputados mantienen en estudio la propuesta.

La anulación de la amnistía permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesino en El Mozote (1981) y el asesinato de seis sacerdotes jesuitas (1989).