Arranca el juicio a los militantes de los Proud Boys dos años después del asalto al Capitolio

“Proud Boys, retroceded y esperad”, dijo Donald Trump en un tenso debate presidencial contra Joe Biden en septiembre de 2020. Y así lo hicieron. Los miembros de este grupo de extrema derecha se hicieron fuertes durante cuatro meses, a la espera de una orden del expresidente, que finalmente llegó el 6 de enero de 2021. “Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas”, arengó el expresidente a una masa de seguidores el día en que se iba a certificar la victoria en las elecciones de su rival. “Luchamos. Luchamos ferozmente. Y si no lo hacéis, os vais a quedar sin país”, dijo.

Dos años después del mayor ataque a la democracia norteamericana en siglos, la justicia de EEUU ha logrado al fin sentar en el banquillo de los acusados a algunos de sus principales responsables. Tras la condena en noviembre de dos líderes de los Oath Keepers, esta semana ha empezado el juicio a cinco cabecillas de los Proud Boys, que podrían pasar décadas en prisión por su participación en el asalto al Capitolio.

Los acusados son el entonces líder de la organización, Enrique Tarrio (39), y cuatro influyentes adalides, tres de los cuales son exmilitares: Ethan Nordean (31), Joseph Biggs (38), Zachary Rehl (37) y Dominic Pezzola (44). Este último, antiguo marine, fue uno de los primeros en alcanzar la entrada del Capitolio, según la Fiscalía, que asegura que “arrancó un escudo antidisturbios a un policía y rompió con él una ventana” del edificio. Por su parte, Joe Biggs es conocido por participar en el programa Infowars, del utraderechista Alex Jones, y fue fotografiado en la cabecera de la protesta junto a Nordean, otro de los acusados.

De los más de 900 detenidos hasta la fecha en conexión con el ataque, solo ellos se enfrentan a los delitos de conspiración y sedición, los cargos más graves. Además, la Fiscalía pretende inculparlos de otros ocho cargos, entre los que se incluyen la obstrucción de la actividad policial y la destrucción de propiedad gubernamental.

En caso de tener que cumplir condena por conspiración y sedición, la pena podría ascender a los 20 años de cárcel, una cifra que posiblemente aumentaría por la concurrencia de los demás delitos. Los acusados se han declarado no culpables de todos los cargos ante la Corte Federal de Washington D.C., donde empezaron este jueves a declarar.

Una revolución planeada

“Este año nuevo, debemos llevar en mente una sola palabra: revolución”, dijo Tarrio en el grupo de Telegram compartido con otros miembros el 1 de enero de 2021, según una de las pruebas presentadas en el juicio. Aunque finalmente no estuvo presente durante los disturbios acaecidos cinco días después, la Fiscalía defiende que su papel fue crucial en los meses que precedieron a la insurrección. Desde el mismo momento en que Trump perdió las elecciones y las tildó de fraude electoral en noviembre 2020, el entonces cabecilla del grupo alentó a sus seguidores en redes sociales a evitar la sucesión presidencial. Durante el asalto, Tarrio escribió: Don't fucking leave [no os vayáis, joder]“.

Antes de proceder a los argumentos de Fiscalía y defensa, el fiscal federal Jason McCullough mostró el jueves a los encausados una recopilación de vídeos y audios, con sus comunicaciones privadas y declaraciones públicas, que muestran la violencia que los Proud Boys llevaron a cabo antes, durante y después del asalto al Capitolio. “No se quedaron atrás, no se quedaron de brazos cruzados”, sentenció McCullough en referencia a las infames palabras de Trump durante el debate presidencial de 2020.

“Estos señores de la guerra se agruparon para impedir la transferencia del poder presidencial”, concluyó McCullough en su argumento inicial. Este juicio es percibido en EEUU como el más importante en relación con el ataque del 6 de enero. A pesar de que la Fiscalía ya ganó un juicio por conspiración y sedición contra dos líderes de los Oath Keepers, los Proud Boys son considerados un elemento central en el asalto, así como en la ultraderecha movilizada.

La defensa alega que los Proud Boys no tenían ningún plan de asaltar el Capitolio y que todo es una “conspiración” del Gobierno. “En el juicio no verán pruebas que apoyen la conspiración del Gobierno de que estos acusados planearon antes del 6 de enero lo que el Gobierno dice”, señaló el abogado de Nordean, que alega que lo ocurrido fue realmente producto de una “mentalidad colectiva”, no un plan, y que los Proud Boys son el “chivo expiatorio”.

La defensa de Tarrio, sin embargo, se ha basado en culpar a Trump. “El presidente Trump les dijo que las elecciones habían sido robadas. Fue Trump el que les dijo de ir [al Capitolio]. Y fue Trump quien los desató el 6 de enero. Él fue quien les dijo de marchar ahí y 'luchar ferozmente'”, señaló el abogado de Tarrio. “Es difícil culpar a los políticos, que nos usan para sus campañas de financiación y reelección, los que nos enfrentan unos con otros... En su lugar, van a por el objetivo fácil: Enrique Tarrio”, dijo.

Estado actual de la 'alt-right'

La misma ideología que hace dos años atormentó la sede de la democracia estadounidense se encuentra hoy en su interior, alterando la agenda y la estabilidad de la Cámara de Representantes, pero también en las calles, donde se ha fortalecido. A pesar de que desde 2020 se ha reducido el número de organizaciones de ultraderecha en EEUU (han pasado de 159 a 56, según un estudio de Armed Conflict Location & Event Data Project, Acled), los radicales se han concentrado en las existentes y su actividad ha aumentado.

“La amenaza de la violencia política aumentó considerablemente tras el ataque del 6 de enero de 2021”, señala el think tank Southern Poverty Law Center, especializado en el estudio de la extrema derecha. “Según una encuesta de junio de 2022, el odio, las ideas antigubernamentales y la voluntad de recurrir a la violencia política están ahora ampliamente aceptadas en la derecha. Por ejemplo, la encuesta reveló que el 41% de los republicanos estaba de acuerdo con la afirmación de que 'podría ser necesaria cierta violencia para proteger el país de los extremistas radicales'. Más de la mitad de los republicanos también creen que el país se dirige hacia una guerra civil”.

La organización sí señala que, desde el asalto al Capitolio, las autoridades han aumentando notablemente la atención sobre la amenaza del extremismo doméstico.

Es el caso de Proud Boys, que han incrementado su masa de seguidores y actividad en los últimos dos años. De hecho, su lealtad desde un inicio al expresidente Trump y su papel protagonista desde meses antes del asalto al Capitolio les ha dado estatus entre los simpatizantes de la alt-right. Desde ese fatídico día, también ha crecido mucho otro grupo violento: el Patriot Front. Esta organización neonazi ha doblado sus miembros durante el último año, en el que logró atención mediática con los disturbios del Día del Orgullo. Aquella jornada la policía detuvo a 31 hombres por portar armas y amenazar a los manifestantes.

Sin embargo, no son los únicos grupos dentro del ecosistema de la ultraderecha en EEUU, que se compone de milicias armadas (como los Oath Keepers o los Three Percenters), batallones de calle (como los Proud Boys o el Patriot Front), así como una amplia gama de movimientos menos organizados, como los nacionalistas cristianos, los defensores de los derechos de las armas, o creyentes de la teoría de la conspiración QAnon, que en estos años han trascendido a la alt-right.

También ha crecido la violencia armada contra las minorías. Ejemplo de ello son los numerosos ataques supremacistas y homófobos registrados este año, como el tiroteo cometido en mayo por un joven blanco en un supermercado de Buffalo o el devastador ataque en noviembre en un club gay de Colorado Springs –en total, se han producido 648 tiroteos masivos en 2022 en todo el país (10 más que el año anterior y 38 que en 2020), según el recuento de la organización Gun Violence Archive–. Del mismo modo, se ha incrementado la violencia contra los políticos. Según los registros de la policía del Capitolio, el año pasado hubo más de 9.600 amenazas contra miembros del Congreso, diez veces más que en 2016, año en que Trump ganó sus primeras elecciones.