El Congreso de EEUU se moviliza para votar contra una guerra en Venezuela ante el creciente asedio de Trump

¿Qué va a pasar con Venezuela? Es una pregunta constante en Washington DC. ¿Cuándo llegará el ataque terrestre tantas veces anunciado por Donald Trump? ¿Habrá una operación para derrocar a Nicolás Maduro? ¿Seguirá apresando petroleros, matando personas en el Caribe y el Pacífico Oriental y redoblando las sanciones? Seguramente sólo el presidente de EEUU sabe qué va a pasar en los próximos días y semanas, y, por eso, el Congreso de EEUU se está movilizando para poner límites a la ofensiva de Trump, que se ha traducido en 15.000 soldados frente a Venezuela, amenazas que incluyen también a Colombia con la excusa del “narcoterrorismo” y 95 ejecuciones extrajudiciales.

Las últimas ejecuciones se han producido este lunes, contra tres supuestas narcolanchas con el resultado de ocho personas asesinadas.

“Ahora vamos a empezar por tierra”, dijo Trump este viernes por la tarde en el Despacho Oval: “Por tierra es mucho más fácil, y esto va a empezar a suceder, no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias No son solo ataques terrestres contra Venezuela, son ataques terrestres contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestra gente”.

“Así que no tiene por qué ser necesariamente en Venezuela, el objetivo son las personas que traen drogas a nuestro país”, ha sentenciado Trump, quien no sólo ha señalado a Venezuela, sino también a la Colombia de Gustavo Petro.

En este contexto, hay dos resoluciones sobre poderes de guerra, para evitar que Trump lance un ataque unilateral contra Venezuela, listas para ser votadas esta semana en la Cámara de Representantes antes del receso navideño –resolución 61 y resolución 64–.

La vicepresidenta del Caucus Progresista del Congreso (CPC) –la bancada que reúne al centenar de representantes demócratas más a la izquierda– Ilhan Omar (Minnesota), y Jesús “Chuy” García (Illinois), afirman en una declaración: “En la medida en que Trump vuelve a amenazar con 'ataques terrestres contra Venezuela’, cada representante estadounidense se enfrentará esta semana a una decisión crucial en la Cámara de Representantes: ¿Defenderán la Constitución y votarán para detener la guerra ilegal de Trump o no? Este no es un asunto de partido: tres de cada cuatro estadounidenses se oponen a una guerra que conduzca al derrocamiento del gobierno venezolano”.

Las resoluciones para poner fin a la campaña de Trump contra Venezuela están impulsadas por los demócratas de mayor rango en los Comités de Asuntos Exteriores y de Reglamento de la Cámara de Representantes de EEUU, Gregory Meeks (Nueva York) y Jim McGovern (Massachussetts).

“El voto envía un mensaje contundente a la Administración Trump”, afirman Omar y García: “Solo el Congreso puede autorizar el uso de fuerza militar ofensiva, no el presidente. Trump está desplegando personal estadounidense para incautar petroleros venezolanos en aguas internacionales. Ha lanzado ataques para rematar personas indefensas en barcos volcados. Declaró una zona de exclusión en el espacio aéreo venezolano, despliega aviones F-18 sobre el Golfo de Venezuela y se niega a descartar el despliegue de tropas, mientras amenaza con derrocar a jefes de estado en toda la región. Estas son hostilidades ilegales. El Congreso debe detener esta campaña militar inconstitucional aprobando ambas Resoluciones de Poderes de Guerra”.

Francesca Emanuele, analista internacional especializada en América Latina del Center for Economic and Policy Research (CEPR), afirmaba este lunes en un acto organizado por la Venezuela Solidarity Campaign: “Esta semana, el Congreso de los Estados Unidos volverá a votar una resolución sobre los poderes de guerra para detener las bombas, algo que es urgente, pero no es suficiente, porque la guerra económica continúa, así como la piratería contra los petroleros venezolanos, el cierre del espacio aéreo venezolano y el asedio al país. Todos estos son también actos de guerra. Por lo tanto, la pregunta para Europa es simple: si se detiene la escalada militar, pero continúan los castigos colectivos, ¿sus gobiernos permanecerán en silencio o seguirán siendo cómplices?”.

En ese mismo foro, decía el venezolano Carlos Ron,  Co-Coordinador de la oficina Nuestra América del Instituto Tricontinental de Investigación Social: “Hay un intento continuo de destruir las vidas del pueblo venezolano. Ahora no podemos hablar de guerra solo en términos de lo que solía ser la guerra convencional, tenemos que hablar de lo que es una guerra híbrida. No se trata solo de una invasión terrestre y ahora estamos viendo una escalada muy rápida y peligrosa. Quiero transmitir desde Caracas la sensación de urgencia, y esto no tiene que ver con las drogas, ni con armas de destrucción masiva ni con ninguna de esas fantasías que EEUU suele inventar para atacar a otros pueblos. Ni siquiera se trata de un sentimiento antiestadounidense. No se trata de un cártel y no es una tensión entre dos países: estamos siendo atacados. Se trata de un ataque unilateral”.

La pasada resolución de noviembre no prosperó en el Senado por dos votos, pero la Cámara de Representantes, que estuvo casi dos meses sin actividad porque los republicanos no querían presión política durante el cierre del Gobierno, tiene pendientes de votar varias resoluciones registradas para evitar el ataque a Venezuela que viene telegrafiando Donald Trump desde septiembre.

La última, registrada, el martes de la semana pasada, dice lo siguiente: “El Congreso ordena al presidente que retire a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro de Venezuela o contra este país, a menos que se autorice explícitamente mediante una declaración de guerra o una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar”. Esta resolución de McGovern, que menciona explícitamente a Venezuela, está apoyada por el republicano por Kentucky Thomas Massie y la republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene.

En paralelo, los demócratas del Senado, junto con el senador Rand Paul (republicano por Kentucky) y los senadores Tim Kaine (demócrata por Virginia), Adam Schiff (demócrata por California) y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), han registrado otra resolución que ordena a Trump que deje de utilizar el ejército “a menos que esté específicamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.

Además, este lunes se ha anunciado otra más en el Senado, impulsada por el senador Rubén Gallego (demócrata por Arizona). La resolución de Gallego establecería un plazo de 60 días para que el Congreso autorice formalmente el despliegue de recursos militares después de que la Administración notifique al Congreso la existencia de un conflicto.

Presión del Pentágono

Las resoluciones deben pasar por ambas Cámaras, la de Representantes y el Senado, para su aprobación. Pero una derrota en alguna de las dos ya sería un golpe político muy relevante para Trump. ¿Y qué pasa si ambas cámaras la aprueban? Una vez aprobada por ambas cámaras, se envía al presidente, quien podría vetarla. Para superar el veto presidencial se necesitan dos tercios en ambas cámaras, algo prácticamente imposible en este contexto. Es decir, es muy improbable que se convierta en una restricción legal vinculante aunque sí pueda convertirse en un revés político relevante para la Casa Blanca.

Por eso, para evitar un revés político en la estrategia de la Casa Blanca sobre América Latina, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se van a remangar esta semana con reuniones informativas clasificadas para explicar en el Congreso las acciones de la administración en el Caribe. La sesión informativa con el Senado está prevista para el martes a las 10.00 de la mañana.

“Todos los senadores deben tener acceso al vídeo del ataque del 2 de septiembre, cualquier secretismo suscitaría más preguntas que respuestas”, ha afirmado Schumer, en relación con el vídeo en el que se ve cómo el Ejército de EEUU remata a dos supervivientes de un ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe.

La redoblada presión del Congreso llega después de que las fuerzas militares de EEUU se apropiaran de un petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada.

“Si vamos a derrocar un régimen tras otro en Sudamérica, no hay cantidad de dinero que se pueda imprimir para pagar eso”, ha dicho el senador republicano Rand Paul, “y no creo que se deban perder vidas sin una votación del Congreso”.