Bélgica, el embrollo institucional que inquieta a Hollande
La composición política de Bélgica no es sencilla. De junio de 2010 a diciembre de 2011 el pequeño estado de 11 millones de habitantes batió el Guiness de tiempo sin Gobierno en Europa con 541 días, superando la anterior crisis de 2007-2008 (194 días sin Ejecutivo). El partido más votado en el Parlamento Federal es una formación independentista flamenca, la N-VA, pero la ruptura la impide Bruselas (oficialmente bilingüe pero abrumadoramente francófona) que está enclavada en Flandes. De hecho, es la capital de esta región además de la de la propia región bruselense, de Bélgica, de la UE y de la OTAN.
Entre 1967 y 2014 ha habido seis reformas constitucionales, pasando Bélgica de ser un estado unitario y central a todo lo contrario, sin descartar en un futuro el confederalismo o la división. Y la vida institucional ha girado en torno a pactos y más pactos, cuerpos y anticuerpos, acuerdos y compromisos históricos que apenas duran un lustro. A nivel policial y con ocasión de los terribles atentados del 13 de noviembre en París, esta amalgama institucional también se ha producido.
Pero toda la burocracia de cuerpos relacionados con la Seguridad ha quedado expuesta con las críticas procedentes de Francia. Hollande ha acusado a Bélgica de ser “la retaguardia” de los terroristas que cometieron la masacre en París. Varios de los asesinos que han golpeado territorio europeo en los últimos años (Charlie Hebdo, la tentativa fallida del Thalys este verano, el 11-M, el Museo Judío de Bruselas…) pasaron por la comuna de Molenbeek, incluidos algunos de los implicados hace una semana en la tragedia.
“Es complicado de explicar”, avanza la portavoz del ministro del Interior belga Jan Jambon ante la pregunta de este medio de cómo se controla la seguridad en el país. Interactúan, por lo pronto, los ministerios de Defensa, Interior y Justicia. También las comunas (ayuntamientos), pero igualmente las comunidades lingüísticas y las regiones. En total, cinco o seis capas institucionales que ahora pueden cambiar con las restrictivas medidas anunciadas este jueves por el primer ministro Louis Michel.
Para empezar, los servicios de información (lo que bien podría denominarse CNI) intramuros dependen del Ministerio de Justicia. Pero solo en territorio nacional. El espionaje exterior, empero, recae sobre el Ministerio de Defensa. Ambos son cruciales a la hora de detectar focos de yihadismo o de identificar a combatientes del ISIS procedentes de Iraq o Siria.
El Ministerio del Interior lógicamente se encarga de la Policía Federal, que tiene el deber de garantizar el orden e intervienen en operaciones antiterroristas de calado cuando toca hacerlo. Y en el caso de Bruselas, la cosa se complica aún más: la capital, que constituye formalmente una región-estado, está compuesto de 19 communes, cada uno con su burgomaestre (alcalde). Y con su propia policía local.
En materia de prevención finalmente no interviene ninguno de estos cuerpos: son las comunidades y las regiones las que se encargan de la labor social, fundamental para reinsertar a los potenciales terroristas en la sociedad civil ya que todas las informaciones policiales apuntan a que la marginación y el trapicheo de drogas terminan frecuentemente derivando en integrismo.
Bélgica tiene tres regiones: Flandes, Valonia y Bruselas. Y tres comunidades lingüísticas: la flamenca (fusionada con la región de Flandes), la francófona y la germanófona (en la provincia de Lieja se habla alemán en la zona fronteriza de Eupen y Malmedy). En Bruselas, que es una región bilingüe, se solapan ambas comunidades, por lo que la prevención y reinserción social descansa sobre las dos. Con todas las trabas burocráticas que eso conlleva.
En el Ministerio de Justicia rechazan las críticas vertidas del lado francés: “La operación de Saint-Denis jamás habría podido llevarse a cabo sin nuestra ayuda”, responden, asumiendo que “es demasiado pronto” para sacar conclusiones.
Sea como fuere, algo falla. Según Le Monde, la policía belga no consideraba que los hermanos Abdeslam –Brahim, inmolado en el Boulevard Voltaire, y Saleh, fugado- constituyeran “una potencial amenaza” según Le Monde. Y hasta el verano se habían abierto en lo que iba de 2015 más de 160 dosieres sobre yihadismo y terrorismo en el Ministerio Fiscal… esa era la cifra récord que se había producido en 2014, ya superada.
En Justicia descartan opinar sobre estos fenómenos. Eso sí: encontrar la institución adecuada a la que hacer una pregunta pertinente sobre un tema cualquiera de seguridad y terrorismo exige al periodista hacer un mínimo de siete llamadas a teléfonos gubernamentales.
