La justicia dicta siete días de detención provisional contra el expresidente peruano Pedro Castillo

El juez supremo peruano, Juan Carlos Checkley, ordenó este jueves siete días de detención provisional para el expresidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de rebelión, tras anunciar el cierre del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia. En su comparecencia inicial ante el tribunal, Castillo parecía abatido mientras daba respuestas simples de sí o no y su abogado argumentaba que había sido destituido arbitrariamente de la presidencia de Perú por cargos falsos de rebelión, informa AP.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”, anunció el Poder Judicial en su cuenta oficial de Twitter.

Checkley evaluó este jueves por la mañana, en una audiencia virtual, el requerimiento fiscal que solicitaba esta medida contra el exmandatario, quien desde este miércoles se encuentra retenido en un penal de Lima, el mismo donde el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años de cárcel.

En la resolución, compartida por el Poder Judicial, el juez también declara la “legalidad de la detención” de Castillo y establece que el plazo de detención judicial “estará vigente del 7 al 13 de diciembre”.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que “queda evidente la alta probabilidad de fuga” del expresidente, tras mencionar la intención de Castillo de dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo, algo confirmado por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Además, Castillo ratificó este jueves ante el embajador de México en el país andino, Pablo Monroy, la solicitud de asilo al Gobierno mexicano.

Así lo manifestó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que añadió que México ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas para realizar los trámites de asilo. “El embajador Pablo Monroy me reporta desde Lima que pudo entrevistarse a las 13.20 hora local con Pedro Castillo en el Centro Penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado”, escribió Ebrard. “Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Les mantendré informados”, prosiguió.

Huamán indicó que la detención del ex jefe de Estado es “necesaria” para asegurar los actos de investigación y acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa.

En la audiencia también participó virtualmente Castillo, quien estaba acompañado de su abogado Víctor Pérez y de su ex primer ministro Aníbal Torres, quien también ejerce su defensa. Al término de la audiencia, Checkley le dio la palabra al exmandatario, pero este se limitó a afirmar “eso es todo”, en alusión a lo dicho por sus abogados.

En su intervención, Torres aseguró que durante la detención de Castillo nunca se empleó algún “medio coactivo o coercitivo”, pero insistió en que en este proceso “se está violando flagrantemente el principio de legalidad” al considerar que en ningún momento se acreditaron los delitos imputados al expresidente.

En esa misma línea, Pérez sostuvo que el anuncio de Castillo sobre el cierre del Parlamento no implicó un levantamiento en armas que requiere, según dijo, el delito de rebelión y negó que exista peligro de fuga, por lo que solicitó al juez que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público. “Las declaraciones de mi patrocinado en su mensaje no configuran el delito de rebelión (...) ¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando”, señaló Pérez.

El Ministerio Público anunció este miércoles el inicio de diligencias preliminares contra Castillo por rebelión y conspiración, mientras el exmandatario permanecía detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional. Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de “golpe de Estado”, incluso por los miembros de su gabinete.

La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.