La causa por la masacre salvadoreña de 1981 cuenta con suficientes pruebas para ir a juicio

San Salvador, 10 sep (EFE).- El ex procurador de Derechos Humanos de El Salvador y abogado de las víctimas de la causa penal por la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981), David Morales, señaló este miércoles que el caso tiene “suficiente evidencia” para que pase a la etapa de juicio.

Esta declaración se da a menos de dos semanas para que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera (noreste), junto la Fiscalía General de la República (FGR) y expertos, comiencen una histórica inspección de unidades militares para localizar los archivos relacionados con la masacre.

“Tenemos la convicción que el caso tiene la suficiente evidencia para ser elevado a juicio e ir a la etapa de debates de pruebas en cualquier momento”, sostuvo Morales, miembro de la organización humanitaria Cristosal.

No obstante, señaló que faltan “algunas diligencias muy importantes”, como la inspección de los archivos militares ordenada por el juez que preside el proceso penal, Jorge Guzmán.

Son 15 exmandos militares los procesados por esta masacre y que enfrentan cargos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Entre ellos se encuentra el ex ministro de la Defensa, Guillermo García, quien “había logrado articular el poder de una cúpula represiva, muy brutal, muy sanguinaria” que actuaba a espaldas de una junta de Gobierno de la época, de acuerdo con Morales.

El defensor de derechos humanos señaló que la expectativa de las organizaciones es que el Gobierno y el Ejército busquen alguna forma de bloquear las inspecciones, “como lo han hecho históricamente” otras administraciones.

Señaló que por parte del actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, “ha habido una conducta de ocultamiento, de no colaboración, de entorpecimiento de las investigaciones”.

“No tienen ninguna capacidad legal de negarse a cumplir una orden judicial”, agregó Morales, quien recordó que el juez Guzmán advirtió recientemente a un representante del Gobierno que estas órdenes “no se negocian, no se suplican”, sino que “se imponen”.

Morales llamó a Bukele y a Merino a que colaboren en estas inspecciones y advirtió que si se encuentran rastros de alteración de los archivos o de destrucción actual o del pasado, se podría estar ante “figuras delictivas”.

Además de Cristosal, las víctimas son representadas en el proceso por un abogado de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”.

La anulación de una ley de amnistía de 1993, mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de julio de 2016, permitió la reapertura del proceso.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

Según el informe de las Naciones Unidas, que da cuenta de crímenes de guerra, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.