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Nicaragua celebra el Día del periodismo con informadores en el exilio y el cierre de medios: “No hay nada que celebrar”

Un periodista consulta la versión digital del diario La Prensa después de advertir que podrían dejar de imprimirse por falta de papel

EFE

Nicaragua conmemora este viernes el Día del Periodista pero “no hay nada que celebrar” en un país sumido en su peor crisis en décadas, con decenas de informadores en el exilio, cierres de medios de comunicación, denuncias de censura y la muerte de un reportero en medio de las protestas que estallaron en abril de 2018.

Cada 1 de marzo se conmemora el Día del Periodista en Nicaragua porque en esa fecha de 1884 se publicó el primer periódico diario en el país, pero la crisis que se ha extendido durante más de diez meses ha anulado este año su sentido festivo.

“No hay nada que celebrar”, ha advertido este viernes la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) en un comunicado, en el que han recordado la muerte de Ángel Gahona el pasado abril. Gahona recibió un disparo mientras informaba en directo de las maniobras de la Policía nicaragüense en la ciudad de Bluefields en plena jornada de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Desde que estalló la crisis en Nicaragua han desaparecido varios programa de televisión y un canal dejó de emitir y permanece ocupado por la Policía. Además, dos emisoras de la ciudad de León fueron saboteadas, desapareció el periódico popular Q'Hubo y El Nuevo Diario, La Prensa, Metro y Hoy han tenido que reducir el número de páginas.

Como producto de la violencia y el asedio de la Policía y oficialistas acérrimos, al menos 66 periodistas han tenido que huir del país, según la Fundación Violeta Barrios de Chamarro, que entre abril y diciembre pasado registró al menos 712 casos de violación de la libertad de prensa.

El pasado octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó a Nicaragua el Gran Premio SIP a la libertad de prensa por afrontar “con valentía las presiones, la intimidación y el acoso sin desmayar en su denuncia rigurosa de la violación de los derechos humanos y la violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega”.

Miguel Mora, el periodista nicaragüense que recibió el premio de la SIP en representación de los informadores de su país, fue arrestado dos meses después de recoger el premio. Desde entonces permanece encarcelado junto con otra periodista y un estudiante de periodismo que lideró las manifestaciones contra Ortega.

Las estimaciones apuntan que la crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. Unos datos muy alejados de los que maneja el Gobierno, que reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que califica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.

Ortega, que lleva doce años consecutivos en el poder, no acepta la responsabilidad de la crisis ni las acusaciones generalizadas sobre los graves abusos que habrían cometido las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales. El presidente ha denunciado en varios ocasiones ser víctima de un intento de “golpe de Estado fallido”.

Para superar esta crisis se creó el pasado miércoles una mesa de negociación entre el Ejecutivo de Daniel Ortega y el partido opositor Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Una mesa de negociación que debería servir para desbloquear la situación que vive Nicaragua tras el fallido intento de negociación de mayo de 2018.

Las partes se reunirán otra vez este viernes para una tercera ronda de negociación en la que intentarán superar el tema de las reglas de juego de la mesa, donde aparentemente están entrampados, sin que haya información sobre los garantes del proceso, un papel para el que se ha ofrecido la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes “de lesa humanidad”, mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la OEA.

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