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The Guardian en español

Los ambientalistas en Kenia cantan victoria al detener la construcción de la primera planta de carbón del país

Prohíben la construcción de una central eléctrica de carbón en la costa de Kenia

Karen McVeigh

Desarrollo global —

La justicia keniana ha instado a las autoridades a detener la construcción de la primera planta de carbón del país, cerca de la ciudad costera de Lamu, hasta que se realice una evaluación de su impacto ambiental y cultural. Con esta decisión, se acumula otro retraso en este proyecto de 1.700 millones de euros.

El futuro de la Central de Carbón de Lamu, respaldada por un consorcio de liderazgo chino, ha quedado en el limbo después de que un tribunal en Kenia revocara su licencia ambiental a finales de junio. El fallo dictó que las autoridades no llevaron a cabo una valoración rigurosa de las repercusiones ambientales ni informaron a la población local sobre el posible impacto de la planta.

Los ambientalistas, que llevaron a la empresa Amu Power y la Autoridad Nacional de Gestión del Medio Ambiente de Kenia a los tribunales, han calificado la sentencia como una victoria de la presión ciudadana organizada. Habían argumentado que los planes no tomaron en consideración el efecto adverso que la central tendría en la pesca y la agricultura local.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Bakú (Azerbaiyán) esta semana, hizo un llamamiento para que Kenia revise la evaluación ambiental de la planta y examine el potencial efecto de la contaminación sobre los edificios “frágiles” de piedra del casco antiguo de Lamu, una atracción turística del siglo XIV y patrimonio de la humanidad. Si Kenia no presenta una nueva valoración del impacto ambiental para febrero de 2020, el comité ha advertido que Lamu podría ser añadida a la lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro.

Los activistas sostienen que la central podría desencadenar problemas respiratorios en la población local y ocasionar la caída de lluvia ácida, así como aumentar las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Kenia en un 700%. Los planes contrastan con el compromiso existente del país para combatir la crisis climática, el cual implica generar dos tercios de su electricidad mediante fuentes renovables y reducir en un tercio su huella de carbono para 2030.

La planta de combustibles fósiles representa un ejemplo de los dilemas que enfrentan los países en desarrollo con ricos recursos ambientales y culturales, han afirmado los activistas en la reunión con la Unesco. “Uno de los desafíos que enfrenta África es la búsqueda de modernización con grandes proyectos para el desarrollo, así como una urbanización rápida y no planificada que destruye los ricos recursos culturales. Lamu es un ejemplo clave de esto” ha opinado Mohammed Athman, miembro de la organización ambientalista de Kenia, Save Lamu.

Los activistas han criticado ampliamente al embajador de los Estados Unidos en Kenia, Kyle McCarter, por involucrarse en el debate para argumentar que la planta estimularía la economía del país; además de desacreditar el análisis crítico del proyecto realizado por expertos estadounidenses como el trabajo de “manifestantes altamente pagados”.

“El carbón es la opción más limpia y menos costosa”, ha escrito en Twitter el exsenador republicano nombrado por Trump, previo a la sentencia del 26 de junio. También citó su experiencia con el carbón en su estado natal de Illinois como evidencia de que el combustible fósil tendría éxito en Kenia.

Mithika Mwenda, director ejecutivo de la Alianza Panafricana para la Justicia Climática, uno de los grupos que se oponen a la iniciativa, ha expresado su preocupación por los comentarios “absurdos” del embajador.

“¿Qué interés tiene Estados Unidos en el proyecto de carbón?”, ha declarado Mwenda en un comunicado. “¿Cómo crecerá la economía si el contribuyente keniano va a ser sometido a deudas enormemente insostenibles, incluso antes de que podamos comenzar a producir energía?”

En un contraste con los comentarios de McCarter, el embajador chino en Kenia ha dicho a los opositores de la planta el 28 de junio que apoya la voluntad del pueblo keniano en el debate sobre la central de carbón, según un periódico local.

Un oficial del Departamento de Estado de EE. UU. le ha informado a The Guardian que su país respalda un enfoque que toma en cuenta “todas las formas de energía”, incluyendo las renovables, y enfatizó que la electricidad debe ser asequible y segura para atraer la inversión.

“Las compañías y los inversionistas estadounidenses están listos para asociarse con Kenia para ayudarlos a lograr una red eléctrica asequible y segura, en todas las formas de energía, para apoyar el crecimiento exponencial pronosticado en el futuro próspero de Kenia, utilizando la fuente [de energía] que elijan”, ha dicho el representante. 

La construcción de la central estaba pautada para iniciar en 2015, pero ha sufrido muchos retrasos, en parte debido a la oposición de los ambientalistas.

Los partidarios de la iniciativa mantienen que ayudará a solucionar los frecuentes apagones de Kenia; así como asegurar las necesidades de energía mediante el aumento en casi un tercio de la producción de energía y la generación de energía a mitad del precio actual pagado por consumidores. Sin embargo, el mes pasado un grupo de expertos de estadounidenses concluyó que la electricidad costará 10 veces más que lo pautado de momento.

Amu Power ha dicho que la electricidad de la planta costará €0,064 por kW. No obstante, el Instituto para la Economía de la Energía y el Análisis Financiero, con sede en EE.UU., determinó en el estudio independiente más completo sobre el costo de la estación, hasta el momento, que las proyecciones de los costos del proyecto son “absurdamente bajas”. El estudio pronosticó que el proyecto costaría más de 7.900 millones de euros a los consumidores, incluso si la central nunca genera energía, y recomendó que se cancele.

Aún se podría rehabilitar la planta si se realiza una nueva evaluación ambiental que aborde las preocupaciones delineadas en la sentencia de junio. Los proponentes del plan tienen 30 días para apelar la decisión.

Traducido por Victoria Villavicencio

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