Reino Unido quiere deportar a una jamaicana que lleva 50 años en el país
Paulette Wilson llevaba en Reino Unido 50 años cuando recibió una carta informándole de que era una inmigrante ilegal y de que iba a ser deportada a Jamaica, el país del que salió cuando tenía 10 años y al que no ha vuelto desde entonces.
El mes pasado pasó una semana en el centro de detención Yarl's Wood antes de que la enviasen al centro de deportación de inmigrantes en Heathrow, donde se lleva a los detenidos justo antes de que se les expulse del país. Fue una intervención de último minuto de la diputada de su circunscripción y de una ONG local lo que impidió su expulsión. Desde entonces se le ha permitido volver a casa, pero tendrá que volver a presentarse en el Ministerio de Interior a principios de diciembre y sigue preocupada por la posibilidad de nuevos intentos por deportarla.
Haber sido detenida y amenazada con la deportación a un país con el que no tiene vínculos ha sido una experiencia terrible para Paulette, abuela y excocinera que ha pagado durante 34 años la seguridad social y que puede probar un largo pasado de trabajo y pago de impuestos en el país.
Paulette, de 61 años, llegó a Reino Unido en 1968, y allí fue donde concurrió a la escuela primaria y secundaria, donde crió a su hija, Natalie, y donde ha ayudado a criar a su nieta. Durante un tiempo trabajó en el restaurante de la Cámara de los Comunes con vistas al Támesis dando comidas a los parlamentarios y al personal de seguridad. Más recientemente ha trabajado como voluntaria en su iglesia local haciendo comidas semanales para personas sin hogar.
Está furiosa y consternada por esta repentina decisión del Ministerio de Interior de categorizarla como inmigrante ilegal. La semana que estuvo detenida en Yarl's Wood ha sido la peor experiencia de su vida.
“Parecía que no existía. No sabía lo que me iba a pasar. Todo lo que hice fue llorar, pensando en mi hija y mi nieta; pensando en que no les volvería a ver”, afirma desde el piso de su hija Natalie, en Wolverhampton. La sacaron de la sede de Interior en Solihull, Birmingham, en una furgoneta y le dijeron que la iban a echar del país. “No podía comer ni dormir; todavía ahora no puedo comer ni dormir bien”.
Cuando el personal le dijo que le llevarían al centro de expulsión tras pasar una semana en Yarl's Wood, se le permitió llamar a Natalie. Lanzó gritos de terror por el teléfono. “Estaba en pánico porque aquella tarde habían deportado a una mujer. La vi llorando y vi cómo se la llevaban. Daba mucho miedo”, afirma.
Crear un “ambiente hostil”
El abogado de Paulette, Jim Wilson, está trabajando para convencer al personal del Ministerio de Interior de que Paulette tiene derecho a quedarse en Reino Unido porque llegó antes de que la Ley de Inmigración de 1973 diese a las personas que ya se habían establecido en Gran Bretaña permiso de residencia indefinido. Aunque la decisión de detenerla y deportarla es poco habitual, hay pruebas de que un gran número de personas que llegaron a Reino Unido de forma legal en los 60 se han visto atrapados en este “ambiente hostil” que Theresa May dijo que quería crear para los inmigrantes ilegales en 2012.
Las ONG de derechos de los inmigrantes por todo el país se están encontrando cada vez más con gente que lleva viviendo en Reino Unido 50 años o más –a menudo personas provenientes de países de la Commonwealth– que llegaron al país cuando no había necesidad de solicitar formalmente un permiso de residencia. Se han encontrado con problemas por primera vez porque no tienen documentos para probar su derecho a quedarse. (Es menos probable que los que han llegado más recientemente, cuando ya se habían endurecido las leyes de inmigración, se vean en la misma situación que Paulette).
En otro caso a principios de mes se hizo un llamamiento urgente para localizar a antiguos alumnos de una escuela de Maidenhead para ver si podían ayudar a una mujer sin hogar que también se enfrenta a la deportación. Eleanor Rogers, de 71 años, llegó a Reino Unido de Sierra Leona en 1966 y ha vivido y trabajado allí desde entonces. Ha perdido su documentación y ella también se enfrenta a la deportación a un país en el que no ha vivido en los últimos 51 años, a menos de que encuentre a gente que pueda demostrar que ha estado en Reino Unido durante cinco décadas. En el informe Buscando estatus: si no soy británico, ¿qué soy? asesores de inmigración advierten de un grupo “prácticamente invisible y poco reconocido que no puede probar fácilmente su estatus legal” y que se sorprende al ver que su derecho a vivir en el país donde ha vivido toda su vida adulta está en peligro.
Cuando tenía 10 años, la madre de Paulette la metió en un avión hacia Reino Unido para ir a vivir con su abuelo, obrero en una fábrica, y con su abuela, cuidadora social. Su madre, a quien ella no volvió a ver, le envió allí para tener una vida mejor y, en su conjunto, Paulette ha sido feliz. Nunca volvió a viajar a Jamaica y nunca solicitó un pasaporte. Nunca pensó en su estatus legal.
En 2015 recibió una carta informándole de que era una inmigrante ilegal y que tenía seis meses para dejar el país. No se lo dijo a nadie durante unos días. “Entré en estado de pánico. Tenía demasiado miedo como para contárselo a mi hija”.
Las prestaciones que recibía por enfermedad y para el alquiler llegaron a su fin de inmediato, dejándola sin hogar. Durante dos años, Natalie la ha mantenido a nivel financiero y una amiga le ha dejado vivir en su piso. Le dijeron que tenía que personarse mensualmente en el ministerio del Interior.
“La han privado de todo”
Natalie y el asistente social asignado a su caso, Daniel Ashwell, del Centro de Refugiados y Migrantes en Wolverhampton, han recopilado documentos que prueban que lleva 50 años en el país. Los abuelos de Paulette hicieron un esfuerzo para cuidar de ella durante un tiempo durante su adolescencia y la mandaron a un hogar infantil. Ahora tiene cartas de la administración de Shropshire, certificando que estuvo allí en los años 70. Su asistente social cree que ha habido algún tipo de error burocrático por parte del ministerio del Interior, y una falta de entendimiento entre los empleados más jóvenes sobre la ley que deja claro el derecho de Paulette a permanecer en Reino Unido.
“La han privado de todo”, dice Natalie, detallando cómo su madre ha estado cerca de la indigencia durante de los dos últimos años. “Me sorprende que no la perdiésemos a causa del estrés. Normalmente es muy alegre y sociable. Desde que salió de Yarl’s Wood se ha retraído”. Durante el mes pasado, Paulette, que vive cerca de Natalie, ha aparecido en su casa varias veces en medio de la noche para decirle que tiene miedo de que los trabajadores del ministerio del Interior vayan a ir a por ella. No puede dormir hasta que no se mete en la cama de Natalie. “Estoy muy enfadada. Me han hecho pasar por el mayor quebradero de cabeza en el que se puede poner a alguien”, dice Natalie.
“Impacta que el ministerio del Interior detenga a una mujer en la sesentena que lleva aquí 50 años. En mi opinión han detenido a Paulette por error y estoy buscando una clarificación por parte del ministerio del Interior. A mi entender, ella está aquí legalmente”, dice la diputada parlamentaria Emma Reynolds.
Su procurador, Jim Wilson, que ofrece servicios legales voluntariamente al Centro de Refugiados y Migrantes, dice que está al tanto de un número de personas en la misma situación, pero que nadie más ha sido detenido y amenazado con ser deportado.
A Paulette no le dieron un documento con los detalles de la decisión del ministerio del Interior cuando fue liberada del centro de detención, algo fuera de lo normal. Ashwell, su asistente social, dice que lo ha solicitado muchas veces, pero que no ha obtenido respuesta. Sólo este asistente social dice que ha trabajado con al menos 40 casos similares de gente que lleva décadas viviendo en el país pero que no tiene nacionalidad británica. “Es muy difícil comunicarse con nadie del ministerio del Interior”, añade Ashwell. “Es difícil ponerte en contacto por teléfono y nunca hablas con la persona que toma la decisión porque esos números no se dan. Siempre hablas con un intermediario”.
Satbir Singh, director general del Consejo Mixto para el Bienestar de los Inmigrantes, también está preocupado por el caso. “Paulette es parte de este país, parte de su comunidad y pertenece a este país”, dice Singh.
También ha expresado su preocupación por la semana que Paulette pasó detenida. “Está fuera de la ley detener a alguien sin que haya una posibilidad real de que sean deportados de verdad. Vemos una y otra vez cómo gente es detenida sólo para ser puesta en libertad más tarde. Esto inflige un gran trauma en individuos que pueden no haber hecho nada mal, y a un alto coste para los contribuyentes”.
Un miembro del “equipo de gestión de cuentas” del ministerio del Interior, en respuesta a la diputada parlamentaria de Paulette, escribió: “Puede ayudar a entender que la señora Wilson no tiene un permiso de residencia legal en Reino Unido actualmente y que está expuesta a ser deportada o detenida”. The Guardian se ha dirigido al ministerio del Interior para una aclaración.
Paulette está desesperada ante la presión a la que está sometida para demostrar que es británica. La solicitud para que se procesen sus documentos de permanencia en el país cuesta unos 270 euros, un dinero que no tiene. Para casos como el suyo no se ofrecen ayudas legales. Está aterrorizada de que pueda ser separada de su familia. “No conozco a nadie en Jamaica. No tengo pasaporte así que no podría ir” y añade que no le gusta que le pregunten si se siente británica. “No me siento británica. Soy británica. He crecido aquí, todo lo que conozco es Reino Unido, ¿qué narices voy a decir que soy excepto británica? Sigo enfadada por tener que demostrarlo. Estoy enfadada por tener que pasar por esto”.
Traducido por Javier Biosca y Marina Leiva
