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El Pacto

En Cataluña, durante las campañas electorales, las diligencias judiciales que afectan a políticos se paralizan hasta el día de la cita con las urnas

Está por ver si, en esta ocasión, ante el órdago independentista, el fiscal general, que depende de Rajoy respeta ese acuerdo no escrito

Torres-Dulce entrega al rey la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011

El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, con el rey Juan Carlos. Foto: Efe

El término Oasis catalán parece pasado de moda. Hace tiempo que no se utiliza. Definía la situación que se vivía en la Cataluña que Jordi Pujol gobernó durante 23 años y medio, en la que CiU, la fuerza hegemónica, tenía, en apariencia, patente de corso en todas las cuestiones relacionadas con la corrupción política.

No era casual. La habilidad con la que el entorno de Pujol, encabezado por su esposa, Marta Ferrusola, y el secretario general de la Presidencia, Lluís Prenafeta, reaccionó al intento de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena de procesar al president por el caso Banca Catalana, le otorgaron un estatus de mártir intocable. Villarejo y Mena presentaron la querella contra Pujol en mayo de 1984, dos meses después de que CiU obtuviera por primera vez la mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña.

Pujol fue reelegido dos veces más con mayoría absoluta y, tras perderla en 1995, siguió ocupando la presidencia de la Generalitat hasta noviembre de 2003. A pesar de que CiU fue la primera fuerza política que protagonizó un caso de financiación ilegal, el caso Casinos, que estalló en 1986, la sorprendente lentitud del juez Ramon Gomis, encargado de la instrucción hizo que el Tribunal Supremo juzgara antes el caso Filesa por la financiación ilegal del PSOE.

En la sentencia, y a pesar de las condenas, el Alto Tribunal dejó claro que el Código Penal no recogía el delito de financiación ilegal de partidos, con lo que el caso Casinos se disolvió como un azucarillo. El Oasis dejó de existir cuando en 2003, Pasqual Maragall se convirtió en presidente de la Generalitat, cuando en 2005 el propio Maragall espetó a Artur Mas que "su problema se llama 3%".

Pero, sobre todo, dejó de usarse el término en noviembre de 2009, cuando todos pudimos ver entrar esposados en la Audiencia Nacional a los que fueron sucesivamente la mano derecha de Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra por su implicación en el caso Pretoria de corrupción urbanística, que, aunque en su vertiente política se deshincha cada día, tiene una rama de blanqueo de dinero que les afecta directamente.

CiU recuperó la Generalitat hace dos años, pero hoy ya ha empezado la campaña electoral para las autonómicas del 25-N. En 2009 estalló el caso Palau, por el expolio de la fundación musical a manos de los que fueran su presidente y su director general, Félix Millet y Jordi Montull, respectivamente.

La cifra que expoliaron supera los 30 millones de euros. Pero el juez instructor también tiene documentado el posible papel de Millet al frente del Palau como testaferro de CiU, para que a formación recibiera 3,3 millones de euros de Ferrovial como compensación por la concesión de obras públicas durante el último Gobierno de Pujol, en el que el titular de Obras Públicas era el actual consejero de Interior, Felip Puig.

En julio de este año, trascendió la supuesta implicación de Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresident y secretario general de Convergència, en una trama para la concesión amañada de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Oriol Pujol ni siquiera ha sido citado como testigo, a pesar de las escuchas telefónicas que apuntan a su participación en la causa y que está documentado un pago de 200.000 euros a la esposa del secretario general de CDC.

Puig y Pujol Ferrusola no son los únicos dirigentes de CiU amenazados por casos judiciales. El secretario general del Gobierno de la Generalitat, Germà Gordó, hijo, por cierto de Francesc Gordo, el hombre de confianza de Jordi Pujol que dirigió presuntamente la trama del caso Casinos, aparece vinculado a los tres casos de corrupción que afectan a  Convergència: Pretoria, Palau e ITV.

Si jueces y fiscales cumplen el pacto tácito que vienen respetando desde el fiasco que supuso el caso Banca Catalana, la campaña electoral transcurrirá en términos estrictamente políticos con la salvedad de que el eje del debate, esta vez sea el derecho a decidir en contraposición a la indisolubilidad de España. Pero está por ver si lo cumplen.

Los jueces son independientes. Pero la Fiscalía es una institución jerárquica, en cuya cúspide está el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que se debe a sus jefes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y, en última instancia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Lo cierto es que la derecha económica tanto catalana como del resto de España está dispuesta a barrer bajo las alfombras de CiU para encontrar casos que denunciar que dificulten el objetivo del president Artur Mas de convocar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña.

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