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MADRID

La jueza procesa a los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el caso Open de Tenis

Los exediles de Ahora Madrid tienen cinco días para recurrir la decisión judicial, el paso previo a que se sienten en el banquillo de los acusados

La defensa de Sánchez Mato y Mayer recurrirá el auto que achacan a una queja contra la jueza presentada hace unos días "después de nueve meses de paralización"

Sánchez Mato y Mayer irán a juicio por malversación en el caso Open de Tenis

Los ex concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. EFE

La jueza que instruye la querella del Partido Popular contra los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el caso Open de Tenis ha procesado a los exediles por malversación. La acusación se basa en unos informes jurídicos externos que encargaron Sánchez Mato y Mayer en calidad de altos cargos de Madrid Destino y que sustentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos que firmaron con la empresa que organiza el campeonato de tenis en la capital, que fue archivada.

La jueza ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para los delitos castigados con menos de nueve años de cárcel. Esta decisión es recurrible por las partes en el plazo de cinco días desde la notificación del auto. La magistrada solicita al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento y la asociación Transparencia y Justicia vinvulada al excomisario José Manuel Villarejo (actualmente en prisión preventiva), que formulen escrito de acusación antes de diez días. La defensa ha anunciado que recurrirá

Tal y como ha avanzado El Mundo, la decisión de la magistrada es el paso previo al de sentar en el banquillo a los exconcejales. El Grupo Popular en el Consistorio presentó una querella contra Sánchez Mato y Mayer en su calidad de directivos de Madrid Destino, por "prevaricación" y "malversación de caudales públicos" en el encargo de dos informes externos para denunciar presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en época de Alberto Ruiz-Gallardón con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Madrid Open.

Los informes costaron 26.000 y 24.000 euros. La magistrada considera que se fraccionó el importe por lo que se podría haber vulnerado "el marco normativo de Madrid Destino que establece en la preparación de los contratos cuyo valor sea superior a 50.000 euros un pliego de prescripciones técnicas". Es decir, para la magistrada debería haber sido un contrato publicitado.

Sánchez Mato y Celia Mayer encargaron ambos informes ante la negativa de la Asesoría Jurídica municipal de hacer un informe. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se escudaron en la legislación para no hacer informes y no entrar en el fondo de cuestiones como "valoraciones económicas" o "el control de gastos y a la eficiencia de servicios" sobre el convenio firmado en 2011 entre la empresa municipal Madrid Destino y la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP) para la organización del Open de Tenis de Madrid.

La defensa de los exediles de Ahora Madrid presentará un recurso pidiendo el archivo de la causa. A su juicio, "el auto no contiene hechos delictivos", considera la defensa, que vincula la decisión de la magistrada a una queja que había presentado Sánchez Mato ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace apenas unos días: "Después de nueve meses de paralización se hizo una queja y el resultado ha sido este".

Carlos Sánchez Mato presentó hace diez días una denuncia ante el CGPJ contra la magistrada "por la posible desatención o el retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de la causa", recoge el documento al que ha tenido acceso eldiario.es.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que presentarán el correspondiente escrito de acusación. "Presentaremos ahora ese escrito de acusación, y confirmaremos que pudo producirse un delito de malversación de caudales públicos", ha defendido.

"Siempre defendimos que se produjo una persecución política a los anteriores gobiernos del PP, no habían dudado en retorcer el ordenamiento jurídico por el encargo ad hoc de dos informes que pretendían criminalizar la gestión anterior del PP y fracasaron estrepitosamente", ha señalado Almeida ante los medios de comunicación.

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