Es urgente despolitizar los medios públicos: por una nueva gobernanza en À Punt

Ya es una tradición que tras cualquier relevo de gobierno, sea éste autonómico o estatal, se produzca un cambio legislativo sobre los medios de comunicación públicos, que permita la sustitución de los dirigentes de la institución, es decir, de la presidencia o dirección general y de los/as miembros de sus consejos de administración. Se trata de reemplazar a los equipos directivos para asegurar el control político de los medios públicos, porque en España todavía se entiende que éstos deben estar siempre al servicio de sus gobiernos, a modo de “altavoces” de la propaganda de los gobernantes. Tras las elecciones de 2023, hemos asistido a notables cambios en el ente público de radiotelevisión de las Islas Baleares IB3, en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en la Corporación de la Radio y Televisión de Galicia, en À Punt Mèdia –con la aprobación de la nueva Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana S. A.– e, incluso, también en la Corporación RTVE.

De este modo, no puede extrañarnos que estas intervenciones, relativamente frecuentes, tengan efectos muy negativos en la maltrecha reputación de los medios de comunicación públicos, que son vistos por buena parte de una ciudadanía perpleja y desconcertada como “juguetes” en manos de los gobiernos de turno. En el contexto actual de desinformación, donde el espacio mediático está dominado por la polarización –en el que triunfan los mensajes simplistas, maniqueos y que buscan respuestas puramente emocionales–, los medios públicos salen muy mal parados, hasta el punto de ser utilizados por algunos partidos extremistas para atacar a los servicios públicos, a los trabajadores de los medios de comunicación y para reclamar la privatización de su gestión e, incluso, su desaparición.

Cabe señalar que esta tendencia a cuestionar la relevancia de los medios públicos es ahora mismo un fenómeno transnacional. A las pocas semanas de la toma de posesión de la presidencia de los Estados Unidos, en marzo de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14238, que ordenaba el desmantelamiento de las funciones “no estatutarias” de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), una agencia independiente del gobierno estadounidense que supervisa la transmisión de noticias e información a más de 350 millones de personas, a través de las redes Voice of America, Radio Free Europe o Radio Free Asia, que ha supuesto el despido de miles de trabajadores. Pocos meses después, Trump ha reducido drásticamente el presupuesto de la Corporación para la Difusión Pública (CPB), de la que dependen varios miles de emisoras locales de radio y televisión que terminarán cerrando. Por otro lado, en estos últimos años, Alternativa para Alemania ha planteado un drástico recorten de los medios públicos alemanes (ARD, ZDF y Deutschlandradio); la extrema derecha francesa ha incluido en el programa electoral de Rassemblement National (RN) la privatización completa de los medios públicos franceses; mientras que en el Reino Unido Farage ha incluido en su programa electoral que la BBC deje de ser una “institución nacional protegida”, para así no tener que pagar el canon para sostener la RTV pública. En España, la formación Vox ha pedido en varios procesos electorales el cierre de los medios públicos que, posteriormente, no ha cumplido al descubrir los beneficios que conlleva el control político de los medios públicos cuando se ha llegado al poder. Se trata de medidas populistas que resultan muy atractivas para una parte importante de un electorado absolutamente desinformado.

En la Comunidad Valenciana, el cambio de gobierno de 2023 derivó en la aprobación de la Ley 2/2024 de 27 de junio de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana S.A. (CACVSA). Se trata de una ley tramitada con mucha precipitación, sin apenas debate parlamentario y sin la participación de expertos y profesionales; una clara involución respecto a la Ley 6/2016, de creación de los medios de comunicación públicos valencianos. Es necesario recordar que la creación de À Punt se produjo tras el cierre de RTVV en 2013 por el gobierno del Partido Popular de Alberto Fabra, que provocó un silencio mediático durante casi cuatro años, un caso sin precedentes a escala planetaria. La nueva Ley 2/2024 constituye un claro retroceso democrático ya que ha puesto punto final a un modelo de gobernanza que apostó ocho años antes por la transparencia y la independencia en la gestión. En el nuevo modelo de 2024, se ha eliminado el Consejo de la Ciudadanía, un órgano que permitió introducir la representación y la participación social en los medios públicos valencianos; en el nuevo Consejo de Administración se ha eliminado a los representantes del Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana, de los trabajadores y de las trabajadoras de À Punt, y también del citado Consejo de la Ciudadanía; finalmente, los actuales ocho miembros del Consejo de Administración han sido designados directamente por el gobierno de la Generalitat Valenciana, sin ser necesaria su comparecencia ante las Cortes Valencianas para defender sus trayectorias profesionales. Por otra parte, el actual Consejo de Informativos sigue un nuevo reglamento que no garantiza la independencia, la veracidad y la objetividad de los contenidos informativos, como han denunciado los/as trabajadores/as de À Punt. Además de otras graves acciones como la drástica reducción del uso del valenciano como lengua vehicular de los medios públicos de la Comunidad Valenciana, la opaca gestión de la ventanilla única para la recepción de proyectos de producción audiovisual, o la casi desaparición del Servicio de Documentación de À Punt, la memoria audiovisual del pueblo valenciano, entre otras medidas.

La Ley 2/2024 se aprobó varios meses después de la aprobación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, conocida también como EMFA (por sus siglas en inglés, European Media Freedom Act), con el apoyo de una amplia mayoría cualificada del Parlamento Europeo, con los votos del Partido Popular Europeo y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, entre otras formaciones. Este Reglamento Europeo establece medidas para salvaguardar la independencia editorial y la protección del trabajo de los periodistas; exige una mayor transparencia en la propiedad de los medios de comunicación, en la asignación de la publicidad institucional y en la gobernanza de los medios públicos y privados; incorpora algunas disposiciones específicas sobre la divulgación de contenidos generados por Inteligencia Artificial; y promueve el derecho de los usuarios para tener un mayor control de los contenidos que consume. Y subrayamos el énfasis que la EMFA pone en la gobernanza de los medios de comunicación públicos, en tanto que se considera que el/la directora/a y los miembros del Consejo de Administración deben continuar hasta el fin de su mandato; periodo que en el caso de la antigua Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) era de seis años.

De este modo, se constata que uno de los problemas más graves que amenaza la supervivencia de los medios de comunicación públicos en la actualidad es su falta de independencia del poder político. En este sentido, nos parece ejemplar la sentencia sobre el caso Brender que dictó el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania el 25 de marzo de 2014, un precedente que apunta en la dirección de la despolitización de los medios públicos que el Reglamento Europeo ahora establece para toda la Unión Europea. Nicolás Brender, redactor jefe de los informativos de la ZDF, fue cesado por su Consejo de Administración, después de denunciar que el Consejo de Radiodifusión había sido copado por la formación política democristiana CDU. Ante estos hechos, los gobiernos regionales de Hamburgo y Renania, en manos de los socialdemócratas, denunciaron esta situación ante el Tribunal Constitucional Federal Alemán. La sentencia señala que la televisión pública no puede ser un organismo estatal ni de partido, y advierte sobre cómo el pluralismo social garantizado jurídicamente se convierte en la práctica en una manifestación más de la partitocracia, y que es necesario limitar el peso de la esfera política.

Así pues, en una inmersión de desinformación como la que vivimos, es necesario que determinados agentes sean proactivos en la defensa y reivindicación de los medios de comunicación públicos, cuyo papel es esencial en el ecosistema mediático audiovisual actual. En primer lugar, los/as miembros de los consejos de administración y directores/as de los medios públicos afectados/as deben denunciar las destituciones sufridas, en tanto que vulneren la regulación de la EMFA. Y no sólo es importante denunciar estas situaciones, sino que se debe hacer un esfuerzo para explicarlas a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación social. Así lo estamos haciendo los firmantes de esta tribuna.

En segundo lugar, nuestros representantes políticos no pueden ser unos simples testigos de lo que está sucediendo: es necesario que efectuen un trabajo de control a los gobiernos regionales o estatales que realizan estos abusos, y que denuncien ante las instancias judiciales pertinentes el incumplimiento del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Si no se ofrece resistencia ante los atropellos que se están cometiendo, difícilmente vamos a poder avanzar en la construcción de un espacio mediático más transparente y saludable en términos democráticos.

En tercer lugar, el mundo académico y la investigación en medios no pueden permanecer en silencio ante este escenario. De hecho, mumerosos especialistas y expertos en estructura y economía política de la comunicación llevan décadas advirtiendo sobre el sostenido acoso que sufren los medios y los profesionales de los medios de comunicación públicos, que ha ido creciendo en los últimos años, de forma muy preocupante. Es sabido que la manera más eficiente de luchar contra la desinformación es con información de calidad: la única forma de neutralizar los bulos, las mentiras y falsedades que circulan por las redes sociales y los “pseudomedios” es participando en esos foros, redes y medios, ofreciendo resistencia, con el peso de la razón, a dichos mensajes. Desde las aulas universitarias se deben redoblar esfuerzos para poner en valor la relevancia de los medios de comunicación públicos. En este sentido, las universidades públicas tenemos un deber moral ineludible para reivindicar su papel en la promoción del periodismo, de la cultura, del entretenimiento y de la ficción audiovisual de calidad. Es necesario subrayar que los medios de comunicación públicos son esenciales para la promoción de las industrias culturales y creativas de sus territorios, absolutamente insustituibles por la iniciativa privada. En definitiva, los medios públicos poseen, sobre todo, una incuestionable rentabilidad social, acreditada por numerosos estudios científicos desde hace décadas.

Finalmente, los profesionales del periodismo, del sector audiovisual, de la comunicación publicitaria y corporativa, etc., de las empresas públicas y también de las empresas privadas –que trabajan en periódicos, televisiones, radios, agencias de publicidad, consultoras, productoras y estudios audiovisuales, etc.–, deben participar en este debate, exigiendo para los medios públicos una gobernanza que asegure la transparencia, la independencia y el rigor de la gestión de los medios de comunicación públicos, puesto que son motores clave de las industrias culturales y creativas, de las que forman parte. En este sentido, las asociaciones profesionales del campo de la comunicación deberían adoptar un papel más activo en la reivindicación de unos medios públicos de calidad e independientes del poder político.

Como se puede observar, todos tenemos algún grado de responsabilidad en la situación de los medios públicos y por ello, también podemos contribuir, en mayor o menor medida, a un cambio de su situación actual. Después de medio siglo desde el fin de la dictadura, es momento de demostrar que la comunidad profesional y académica del ámbito de la comunicación ha alcanzado la suficiente madurez para no aceptar la manipulación de los medios de comunicación desde el poder político, y que es necesario confiar en el trabajo que desarrollan los profesionales de la comunicación que deben gestionar los medios públicos, libres de interferencias políticas y económicas. En juego está la calidad de nuestra democracia, más amenazada que nunca por la desinformación y la polarización. Porque, como diría Jürgen Habermas, el gran filósofo y sociólogo alemán recientemente desaparecido, los medios de comunicación públicos están llamados a servir como pilares esenciales de la democracia deliberativa, que han de contribuir a la creación de un espacio público informado y crítico frente a la lógica del mercado.

*Lola Bañón Castellon, exvocal del Consell Rector de À Punt Mèdia, Miquel Francés Domènec, expresidente del Consell Rector de À Punt Mèdia y Javier Marzal Felici, exvocal del Consell Rector de À Punt Mèdia