La crisis del amianto en Metro de Madrid estalla en Buenos Aires con la compra de los trenes bajo sospecha
Una huelga de tres horas y media interrumpió este martes la circulación del metro de Buenos Aires. Desde las 20 horas hasta el horario de cierre, 23.30 horas, todas las líneas del subterráneo, más conocido como Subte, pararon como protesta por la presencia de amianto en los vagones que el Gobierno de la capital argentina compró a Madrid en 2011 y la escasa información que a día de hoy tienen los trabajadores sobre este asunto. La crisis del amianto que se inició hace semanas en Metro de Madrid ha estallado en Buenos Aires por una transacción que lleva años bajo sospecha, llegando incluso a los tribunales argentinos.
Los sindicatos denuncian la falta de transparencia e información por parte de la empresa que gestiona el suburbano, Sbase, y el Ayuntamiento de la ciudad. “Decidimos ir a huelga porque Sbase se niega a dar información al sindicato sobre la compra y la presencia de amianto en los trenes”, explica a eldiario.es Roberto Pianelli, delegado sindical de Subte. Al igual que los sindicatos del Metro de Madrid, los representantes de los trabajadores en el subterráneo de Buenos Aires denuncian que las explicaciones solo llegan a golpe de titular: cuanto más ruido hay en los medios de comunicación más respuestas consiguen.
En este caso, los paros se tradujeron en un comunicado del Subte anunciando acciones legales contra Metro de Madrid si las pruebas que se están realizando en los trenes confirman la presencia de amianto. El presidente de subterráneos de Sbase, Eduardo de Montmollín, asegura a este diario que está en “permanente” contacto con Metro de Madrid. La empresa pública de transportes de la capital tiene “pendiente el envío de un listado con la relación de trenes afectados” por la sustancia altamente cancerígena, explica Montmollín.
De materializarse la querella por parte de Buenos Aires, la empresa pública de Madrid se enfrenta a un delito contra la salud pública por vender amianto a sabiendas. Metro de Madrid conocía desde 2003 que esos trenes, que se vendieron por más de cinco millones de euros, contenían amianto porque había identificado el material en uno de los modelos vendidos (1ª serie del 5.000), según consta en un informe que envió a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que hizo público como publicó El Mundo.
La prohibición de comercializar con amianto en Argentina se estableció 10 años antes de la compra de los trenes, en 2001, a través de las resoluciones 845/2000 y la 823/2001, del Ministerio de Salud de la Nación. El mismo año que se prohibió en España. La prohibición de intercambiar comercialmente productos con amianto está recogida en una orden ministerial aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 2001. “Se prohíbe la comercialización de todas las variedades de amianto (crocidolita, amosita, amianto antofilita, amianto actinolita, amianto tremolita y crisotilo) y de los productos que contengan estas fibras añadidas intencionadamente”, dice el texto, con el que el Ejecutivo se adaptó a una directiva europea motivada por cuestiones de salud. Un reglamento del Parlamento Europeo posterior, del año 2006, también fijó restricciones dentro del espacio económico europeo.
Desde que esto se hiciera público el pasado 20 de febrero, Sbase retiró de la circulación los trenes de ese modelo. Según explica el delegado sindical, esta decisión llegaba después de que los trabajadores se negaran a poner en marcha los trenes. Ahora, tras conocerse que otro de los modelos vendidos, los 6000, que en principio estaban libres de la sustancia, también podrían contener amianto después de que se encontrara una pieza con amianto en uno de los trenes que circulaban en Madrid, la empresa del metro de Buenos Aires está haciendo inspecciones para determinar si alguno de esos trenes, actualmente 11 en circulación está afectado, señala el presidente de subterráneos de Sbase.
Eduardo de Montmollín asegura a este periódico que desde este martes se ha puesto en marcha una comisión para analizar los vagones y que se ha descartado la presencia del material en tres de los once trenes del modelo 6000 que están en circulación. La creación de una comisión venían reclamándola desde el pasado 20 de febrero los sindicatos, que finalmente han quedado excluidos de la misma.
La compra, en los tribunales argentinos
Los sindicatos del suburbano bonaerense achacan la falta de transparencia sobre este asunto a las acusaciones por corrupción que ha recibido el Gobierno de Buenos Aires, con Mauricio Macri, actual presidente de Argentina, como alcalde, y la empresa del suburbano por la compra de los trenes a Metro de Madrid.
“La empresa no quiere que se investigue. La compra de los trenes a España fue escandalosa, se pagó un precio muy elevado por trenes que Madrid había retirado de su circulación, prácticamente era chatarra”, explica Roberto Pianelli a eldiario.es. “Está en cuestión que se adquirieran por compra directa cuando la ley obligaba por ese dinero a que el Gobierno de Macri sacara una licitación”, añade.
De hecho, Buenos Aires se está tramitando una causa penal por la polémica compra. Durante el segundo mandato de Macri en la capital argentina, se presentó una denuncia contra el expresidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo, por fraude a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El objeto de esta pesquisa fue la compra de 24 coches CAF Serie 5000, en 2011, 12 coches CAF Serie 5000 adicionales, en 2012, y 86 coches Serie 6000, en 2013, explica el digital argentino ambito.com.
Otro de las cuestiones que se criticaron fue la relativa a que los trenes no se ajustaban a la infraestructura local, una dependencia técnica del Metro de Madrid innecesaria, pagos antes de tiempo y la obligación de incurrir en nuevos gastos para adaptar su viabilidad. Preguntado por esto al actual presidente de la compañía del transporte de Buenos Aires, Montmollín ha argumentado a este diario que “se hizo lo que se pudo” con una Argentina “que no podía pedir créditos internacionales para adquirir mejor tecnología”.
Los trabajadores del suburbano bonaerense están tan cabreados como los madrileños. Ambos coinciden en acusar a las respectivas empresas Sbase y Metro de Madrid de falta de transparencia e información. La principal y más importante diferencia es que los sindicatos de Buenos Aires descartan que el Gobierno local supiera de la existencia de amianto en los trenes. En cambio, Metro de Madrid lo sabía desde 2003, según ha demostrado diferente documentación.
