El Ayuntamiento de Madrid introduce el comercio justo en los contratos públicos

El concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El Ayuntamiento de Madrid va a introducir cláusulas de comercio justo para sus concesiones y contratos con empresas. Así, las empresas que quieran optar a contratos públicos en el sector de la restauración tendrán que comprar al menos un producto a proveedores de comercio justo.

El comercio justo y las condiciones laborales dignas llegan a los contratos públicos

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La instrucción, firmada por el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, incluye ese tipo de cláusulas en las licitaciones del Consistorio con restaurantes, cafeterías, comedores y otros servicios de comidas, como los catering que se contratan para los eventos municipales.

La decisión del Ayuntamiento implica que, a partir de ahora, será obligatorio incorporar criterios de comercio justo en los procedimientos de licitación. Las empresas que opten a contratos de ese tipo tendrán que comprar al menos uno de sus productos a proveedores de comercio justo.

El Consistorio explica que han acotado los productos afectados por la instrucción a aquellos de los que existen “garantías de suministro”, tras hablar con las ONG. Estos son productos son café, té y otras infusiones, azúcar, caramelos, galletas, crema de cacao, cacao instantáneo, cacao puro, bombones, tabletas y barritas de chocolate.

Con ese criterio de que al menos un producto sea de comercio justo, cada área del Ayuntamiento decidirá cómo lo incluye en los pliegos de los contratos, mediante un criterio de adjudicación que se premie en la licitación, o mediante un criterio especial de ejecución.

La Concejalía de Economía ha requerido la participación de “todas las áreas del Ayuntamiento, distritos, organismos autónomos y entidades del sector público para redactar la instrucción”, informa en un comunicado. También han colaborado ONG de comercio justo.

El Consistorio defiende esta decisión como impulsora del comercio justo, que pretende “contribuir a un desarrollo más sostenible ofreciendo mejores condiciones a los productores locales”.

La decisión está en línea con la acción del gobierno municipal en materia de contratación pública. El pasado mes de enero, el Ayuntamiento anunció que se incluirían cláusulas de igualdad y estabilidad en el empleo en los contratos públicos.

Así, el criterio económico perdía peso en las licitaciones municipales, premiando más aspectos como la conciliación, los salarios o la formación a los empleados. A pesar de la oposición de algunas empresas, un tribunal avaló esa decisión argumentando que las cláusulas buscaban el beneficio de los trabajadores y una mejor prestación de los servicios.

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