El coste de un hospital concertado en Madrid multiplica hasta por 11 el de uno de gestión pública, según un informe

El coste de un hospital de titularidad pública construido y gestionado por una empresa privada es entre siete y ocho veces superior a uno de construcción y gestión pública. En el caso de un centro construido con dinero público y de gestión privada, el sobrecoste se multiplica por 11. Este es uno de los resultados que arroja el segundo informe sobre el 'diagnóstico de la salud y del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid'. En él, se alerta además de un “crítica situación” de la sanidad pública en la región, quince años después del inicio del proceso de privatización que puso en marcha Esperanza Aguirre y tras el que “no existe ninguna evidencia de mejora de la asistencia sanitaria”.

El informe, elaborado por CCOO de Madrid y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, analiza cómo ha evolucionado el sistema sanitario en su conjunto. En el apartado dedicado a la privatización sanitaria, estas organizaciones ponen el foco en que la apertura de 13 nuevos hospitales en la región, de la que presumen hasta nuestros días los sucesivos Ejecutivos del Partido Popular, no se ha traducido en un aumento del número de camas por cada 1.000 habitantes. Al contrario, si en 2010 había 3,37 por cada millar de ciudadanos, en 2020 eran 3,09. Un hecho, dicen, que “se debe en parte al cierre en paralelo de camas en los hospitales preexistentes”. En concreto, las camas en centro públicos se han reducido de 2,29 a 2,05 por cada 1.000 habitantes en una década.

El informe afirma también que existe un “deterioro sistemático de los centros de gestión tradicional, especialmente de los más cercanos a los nuevos centros” y un “trasvase de pacientes hacia los centros privatizados”. Además, asegura que la crisis sanitaria derivada del covid-19 ha sido “aprovechada” por la Comunidad de Madrid para aumentar las privatizaciones en vacunaciones, hospitalizaciones, rastreadores y compras de forma “incontrolada” y “en más de un caso con sospechas de corruptelas”.

Las listas de espera para someterse a una operación en la Comunidad de Madrid es otro de los parámetros que apuntan a un deterioro en la atención sanitaria. En junio de 2005 había 27.672 personas esperando una intervención quirúrgica. En marzo de 2022 se había multiplicado por tres, hasta las 90.317 personas.

Además de los sobrecostes de los modelos de colaboración público-privada, el informe señala que “existen numerosos casos detectados de aportaciones extrapresupuestarias y/o irregulares de financiación pública hacia estos centros”. Por esta razón, exigen una auditoría por parte de la inspección sanitaria y del Tribunal de Cuentas. Precisamente, la Cámara de Cuentas ya ha señalado en varias ocasiones el descontrol y la falta de eficacia del sistema de concesiones en los hospitales de la región. El ente fiscalizador anotó incrementos sobre lo presupuestado con cargo a las arcas públicas y tratamientos hasta seis veces más caros en algunos de estos hospitales. El trabajo realizado por el sindicato y la federación señala la ausencia de un “control público sobre el funcionamiento de estos centros y el cumplimiento de los contratos”.

En el capítulo de financiación, la Comunidad de Madrid es una de las que se sitúa a la cola, tanto en gasto por habitante como sobre el PIB. En el primer caso está en la penúltima posición, con 1.340 euros; en el segundo, cierra la lista, con un 3,7% del total. Además, es la parte pública la que ha sufrido los recortes en los peores momentos, como la crisis económica de 2008, mientras las empresas privadas con las que ha cerrado contratos la administración no han sufrido una merma en los importes de sus contratos.

En una década, entre 2009 y 2019, el personal a sueldo del Servicio Madrileño de Salud se redujo en casi 2000 profesionales, hasta situarse en 73.570 efectivos. Esta cifra se ha vuelto a incrementar en el año 2020 y, pese a una leve bajada, se cerró 2021 con 83.480 trabajadores. Un aumento que el informe atribuye a las necesidades propias de la pandemia de coronavirus. Esa situación provocó que se tuvieran que modificar al alza los presupuestos de 2019, prorrogados durante dos años ante la incapacidad del primer Gobierno de Ayuso de aprobar unos nuevos. Aquel año, se sumaron 2.615 millones de euros a los 7.662 previstos. “Este incremento se debe, sobre todo, a las aportaciones extraordinarias procedentes del Gobierno central a través del Fondo COVID-19, que según la propia Consejería habrían sido 2.163 millones”, señala el informe.

“Maltrato continuo a la Atención Primaria”

El estudio hace hincapié también en el “maltrato continuo que sufre la Atención Primaria”, que ya estaba “desbordada antes de la explosión del virus”. “En Madrid posee el mayor número de usuarios asignados por médico de familia, pediatra, profesional de enfermería y administrativo de toda España. Mientras la población crece, las plantillas han ido disminuyendo con menos de un profesional médico o de enfermería por cada mil habitantes, estimando que existe un déficit de 2.000 profesionales de enfermería y medicina de familia”, explican.

En la misma línea, el informe concluye que “la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid necesita una apuesta decidida por un modelo público de gestión directa, basado en un Plan de Salud Pública consensuado, que aborde de manera equitativa las necesidades sanitarias de los ciudadanos y ciudadanas y que aporte recursos suficientes para el desarrollo y mejora de su calidad, además de asegurar el futuro de los y las profesionales de la sanidad, dotándoles de los medios necesarios. En definitiva, un modelo que acabe con el objetivo mercantilista y privatizador del Gobierno regional”, denuncian los autores.

En concreto, estas organizaciones cuantifican en 3.000 millones de euros extra –hasta los 11.312–, 3.100 profesionales más y llegar a cinco camas por cada 1.000 habitantes los recursos necesarios para que la Comunidad iguale a la media nacional. Con estos datos, la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha lamentado el “inmovilismo” y la “falta de compromiso” del Gobierno de Ayuso, al señalar que las recomendaciones de este segundo informe son las mismas que las que realizaron en el primero, en el año 2019.