La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles

Después de escribir varias veces a la presidenta de la Comunidad y de su partido, Isabel Díaz Ayuso, de intercambiar nueve correos electrónicos con su gabinete, de reunirse en la sede del PP con la cúpula regional, su secretario general Alfonso Serrano, y su secretaria de organización, Ana Millán (con esta última en dos ocasiones), de remitir un escrito de 20 páginas al comité de Garantías del PP nacional, la concejala que denunció al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral, no logró que nadie en su formación le prestase amparo.

En ocho meses, nadie activó el protocolo de acoso y tampoco se abrió un expediente al regidor. Y eso que la 'número tres' del partido, Ana Millán, asumió tras escuchar el relato de la edil y las humillaciones a la que estaba siendo sometida por el alcalde, que se trató de un “caso de acoso de manual”, durante una conversación mantenida el 11 de septiembre de 2024 en la sede de Génova 13. En el mismo encuentro, la mano derecha de Ayuso, Alfonso Serrano, admitió también ante la edil la razón por la que fue relegada de sus funciones en el Gobierno municipal, dejó de intervenir en los Plenos y de tener responsabilidades “Te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?”, le dijo Serrano tras escuchar su relato.

Las conclusiones que sacaron ambos de su conversación con la edil no impulsaron ninguna investigación en el partido. De hecho, pese a reconocer la injusticia, ambos durante la charla trataron de evitar que la concejal presentase una denuncia o hiciese públicos los hechos. Todo está documentado en nueve correos electrónicos y una carta de despedida, en la que la edil renuncia a su cargo público y se da de baja en el partido.

La correspondencia con Ayuso evidencia que la presidenta no tuvo interés en recibirla, cuando le mandó el primer correo electrónico el 26 de febrero de 2024 en el que le contaba la “situación laboral” que estaba pasando, “una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando”. En la misiva reclamaba la mediación de Ayuso “para que no tengan que intervenir otros organismos”. La presidenta alegó “cuestiones de agenda” y la derivó a su mano derecha en el partido, Alfonso Serrano.

Cinco días después de recibir el mail, Ayuso sí recibió en su despacho al alcalde de Móstoles. Su equipo de comunicación presentó la cita como una más en la ronda de contactos con los regidores madrileños. No hubo rueda de prensa ni comunicado, la Comunidad explicó que en la cita ambos dirigentes abordaron “proyectos comunes de ambas administraciones, desde una perspectiva de colaboración institucional en beneficio de la prestación de unos servicios públicos de calidad que demandan los ciudadanos”.

Rechazo “a cualquier tipo de denuncia”

Una semana más tarde, la guardia pretoriana de Ayuso, Millán y Serrano, recibieron a la concejal, escucharon su relato le pidieron de todas las formas posibles que no hiciera pública su denuncia y que tampoco acudiese al juzgado. La retahíla de frases con que la presionaron figura en el noveno correo, también dirigido a la presidenta madrileña donde se queja de cómo todo su partido la ignoró durante ocho meses consecutivos en los que fue relatando ante diferentes instancias el calvario que vivía al lado del alcalde y presidente del PP en Móstoles, Manuel Bautista, tras negarse a tener relaciones sexuales con él.

Tras admitir que a la edil le está “costando la salud” la actitud de su alcalde, Ana Millán le insiste varias veces en que no debe denunciar y le habla del daño que eso puede suponer a su familia. “Ese amparo que pides pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dice la número tres de Ayuso. El número dos insiste: ¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución“. Las afirmaciones que recopiló la entonces concejal de Móstoles de los dos interlocutores enviados por Ayuso permiten concluir que ni Millán ni Serrano dudan del relato de su edil y a la vez, que ambos la presionan para que no denuncie.

Tras esa charla donde quedó patente el origen de los desencuentros con el regidor, la edil todavía envío seis correos más al equipo de la presidenta. Todos están documentados, y fuentes conocedoras de la denuncia interna presentada por la edil aseguran a elDiario.es que dispone de material probatorio para sustentar sus acusaciones y desmentir las afirmaciones del PP y del regidor de Móstoles, quien este jueves atribuyó todo a una supuesta venganza de su concejal por no ser ascendida en el Gobierno municipal.

El último mail remitido a Ayuso lo firma ya como exconcejal: ocho meses después de pedir ayuda por primera vez, había renunciado al cargo de concejal y también a su condición de militante. Pero todavía escribiría una vez más para denunciar su caso ya ante un órgano del PP nacional, el comité de derechos y garantías. También sin éxito. El PP concluyó que no hay causa, que no existieron pruebas. Pero la presidenta Ayuso fue mucho más allá: dijo directamente que se trataba de un caso “fabricado contra el PP”. Y a esa tesis se apuntaron los dirigentes más cercanos. El mismo Serrano que la presionó para que no denunciase contó este jueves en un programa de Cuatro que no había pruebas y que si las hubiese, él mismo la habría “acompañado al juzgado”.

El gabinete de la presidenta, al que recurrió la edil para que mediase con el alcalde, acabó filtrando a algunos medios de comunicación este jueves los correos en los que denunciaba el acoso al que estaba siendo sometida. En varios diarios llegó a aparecer el nombre de la concejal. El primero en difundir la totalidad de los mails fue El Debate.

Petición de explicaciones

Las presiones del equipo de Ayuso a la edil para que no denunciase a su alcalde, adelantadas el miércoles por El País, centraron la sesión de control en la Asamblea de Madrid. La oposición en pleno preguntó por ello: Vox, Más Madrid y PSOE. La izquierda exigió la renuncia del alcalde pero también de Alfonso Serrano y Ana Millán ambos presentes en el Pleno.

Ayuso, que se había mostrado muy beligerante en el caso de las denuncias contra el alto cargo de Moncloa, Paco Salazar, optó esta vez por pedir que se creyese a las mujeres y que se aplicase la presunción de inocencia, para sí misma. Desde Más Madrid le recodó Manuela Bergerot que en un caso de acoso sexual ella no es la víctima. En el PSOE, Mar Espinar, acusó de “mandar a sus secuaces” para que la concejal mantuviese “la boquita cerrada”.

El presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, no fue tan lejos, pero cerró filas con su baronesa. En una rueda de prensa en Calanda (Teruel) que “el PP de Madrid ha investigado, y después de investigar ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar”. El líder de la oposición también aseguró que “el Comité de Garantías [nacional] llamó a las personas afectadas y se mantuvo la investigación de Madrid como una investigación veraz”.

La referencia al Comité de Derechos y Garantías implica que la denuncia de la concejala de Móstoles escaló a los órganos nacionales del partido. Desde el equipo de Feijóo confirman a elDiario.es que “se abrió un procedimiento de información”. Las mismas fuentes apuntan que “aunque [la denuncia] llegó sin ser afiliada” el comité “abre el procedimiento”.

Las explicaciones desde la dirección del PP se acaban ahí. El equipo de Feijóo no ha querido responder a si, por ejemplo, cuando su líder sostiene que el comité “llamó a las personas afectadas” se refiere a que hubo entrevistas personales, bien presenciales o por teléfono, ni con quién. Si la concejala fue contactada solo por correo electrónico, tal y como refiere ‘El País’ en la información que desveló el caso, y si se contrastó con el alcalde, Manuel Bautista, lo denunciado.

El PP tampoco ha respondido a otras cuestiones sobre sus propias normas internas de cumplimiento obligatorio. Porque el partido de Feijóo presume de atender a la denunciante “pese a no ser afiliada”, cuando los propios Estatutos del PP establecen en su artículo 52.3 que “los respectivos Comités extenderán sus competencias a los empleados del partido y cualquier persona incluida en el ámbito de aplicación de las normas de cumplimiento, aunque no tenga la condición de afiliado al PP”. También el Código Ético establece que “el PP no tolerará ningún tipo de violencia, acoso, abuso (...) tendente a lesionar los derechos personales de sus miembros o terceros”. Y prohíbe expresamente “en el entorno laboral del PP actos de acoso conforme a la normativa interna”.

Esa normativa interna es el Protocolo de prevención del acoso laboral, un documento al que ha tenido acceso elDiario.es y que hace referencia expresa al “acoso sexual” en el marco de la Ley de Igualdad. “Toda persona que considere que ha sido objeto de acoso tiene derecho a solicitar la aplicación” del protocolo, continúa el texto, “bien por sí misma o a través de sus representantes legales”.

La normativa interna del PP establece la obligación de crear una “comisión instructora” que presida la persona al frente de la Dirección de Recursos Humanos. Antes, eso sí, esta misma persona y el Órgano de Cumplimiento Normativo (OCN) decidirán por sí mismos si se admite o no a trámite la denuncia.

El PP tampoco ha detallado cuáles de estos pasos se llegaron a dar ni cuál fue el papel exacto de la Comisión de Derechos y Garantías. Según los Estatutos, recae sobre el secretario general, Miguel Tellado, “la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal”.

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