Miles de médicos van a la huelga tras la estrategia de Ayuso para saltarse la ley estatal contra la temporalidad

Sanitarios protestaron el viernes en las puertas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. EFE/Víctor Casado.

David Noriega


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Los médicos temporales del Servicio Madrileño de Salud van a la huelga. Si la Comunidad tuviera al 8% de su plantilla en esta situación, como reclama la Unión Europea, la convocatoria indefinida que comienza este martes no debería ser un gran quebradero de cabeza. Probablemente, ni se hubiera convocado. Pero en la región, el 53% de los facultativos que trabajan en los hospitales, según datos de la Consejería de Sanidad, sufren de temporalidad. Son médicos especialistas, de urgencias, psicólogos o farmacéuticos, entre otros, que llevan años encadenando contratos. Algunos de ellos, durante décadas en las que han construido sobre la inestabilidad laboral carreras de reconocido prestigio que pueden ir al traste y mermar la atención de los servicios públicos a los ciudadanos con el plan de la Consejería.

El conflicto viene de lejos y su base se entiende mejor con números. Según datos de la cartera sanitaria, en la región trabajan 11.970 médicos. De ellos, 6.215 lo hacen como interinos o con contratos temporales. Cuando un ciudadano de la Comunidad de Madrid acude a las urgencias de su hospital o a una consulta con su especialista, es más probable que le atienda un médico sin contrato fijo que uno indefinido. Da igual que sea una primera visita o que ya tenga confianza con él porque lleva años atendiéndole por la misma dolencia.

Para acabar con esta situación, que se da en casi todas las administraciones pero que es especialmente sangrante en la sanidad pública madrileña, el Congreso de los Diputados aprobó a finales de 2021 una ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de situar la tasa de cobertura temporal por debajo del 8% de las plazas estructurales. Era una reclamación de Bruselas, que condicionó los fondos de recuperación a que se llegase a ese límite en 2024. El texto permite que las plazas ocupadas de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 puedan ser convocadas por las administraciones por el sistema de concurso, es decir, sin examen, valorando solo los méritos de los candidatos y aquellas ocupadas entre 2016 y finales de 2020, por concurso-oposición con un examen no eliminatorio.

Este es el modelo que defienden desde el sindicato mayoritario Amyts, que ha convocado la huelga, la Plataforma de Médicos y Facultativos no fijos en Madrid-MUD, que agrupa a más de 1.500 médicos, y SomosUrgencias, un colectivo especialmente marcado, donde la temporalidad, dicen, supera el 80%. Con la nueva ley, la situación de quienes llevan más de cinco años trabajando como temporales en puestos estructurales podría estabilizarse, pero en Madrid la Consejería de Sanidad convocó unos días antes una Oferta de Empleo Público (OPE) de 4.726 plazas, por oposición y con pruebas eliminatorias, que están impugnadas y en las que se escuda la Comunidad para no aplicar la nueva ley a todos los temporales. “Se hace de forma un poco torticera, porque en ese momento ya sabíamos lo que contenía la nueva ley”, lamenta el portavoz de la plataforma de profesionales de urgencias, Andrés von Wetnitz.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado este mismo lunes que “la base jurídica que plantean es de imposible cumplimiento”, según un informe de la Abogacía de la Comunidad sobre la ley 20/2021. “No sé quién es el que está realizando el asesoramiento jurídico al Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y al sindicato, que desde luego está confundiendo, y es lo que más me entristece, a los profesionales que están convocando esa huelga”, llegó a afirmar en una entrevista en Telemadrid.

Entre las plataformas ha dolido especialmente el discurso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su presentación como candidata al Congreso del PP de Madrid, en la que acusaba a la izquierda de querer “regalar el acceso a las instituciones a personas que no han pasado unas oposiciones”. Una frase que, si bien la líder regional no mencionó a los sanitarios, algunos han leído como un ataque a sus reivindicaciones, ya en pleno conflicto con los sanitarios.

150 preguntas tipo test

Estos médicos, que llevan años encadenando contratos de días o meses para puestos que son estructurales, se ven agraviados y en desventaja ante las oposiciones que plantea el Gobierno regional. Más allá de los números, tienen que competir con otros profesionales sin experiencia, pero que acaban de terminar el MIR, en exámenes eliminatorios tipo test con 150 preguntas de contenido general sobre la especialidad, cuando ellos llevan años especializándose en puestos concretos y ya están trabajando, por lo que no tienen la misma disponibilidad ni el hábito para ponerse a estudiar de nuevo.

Esther, de la plataforma de facultativos no fijos, es especialista en nefrología. “En el año 2004 tuve un primer contrato de guardia y suplencia y fui encadenando otros contratos hasta 2009, cuando me hicieron interina. En nuestra especialidad, la última oposición para consolidar plazas fue en 2009. Salieron 18 y se presentaron más de 100 personas. Desde entonces, no se ha publicado ninguna convocatoria. Si sigo así es porque no se me ha dado la oportunidad de optar a la plaza. Y no es lo mismo que salgan plazas cada año, a que salgan cada 12 años”, explica.

En el caso de Esther, ella se ha especializado en hipertensión y en enfermedad renal crónica. Ha participado en proyectos de investigación, es profesora en la Universidad, colabora con asociaciones científicas y tiene residentes a su cargo, con lo que tendría que enfrentarse en las oposiciones que plantea la Comunidad. “A mis casi 50 años, quieren que pare mi vida, mis proyectos y me ponga a estudiar el libro de primero de nefrología, con contenidos que hace años que no pongo en práctica, para hacer un examen tipo test de 150 preguntas, con el que me van a valorar”, lamenta.

Itziar Fortuny, que es portavoz del comité de huelga, lleva casi 20 años trabajando en el Servicio Madrileño de Salud. En este tiempo ha estado en primera línea, como médico de urgencias, en el atentado del 11M en Atocha o en las crisis del ébola, la gripe aviar o en la pandemia de coronavirus, pero nunca han salido unas oposiciones para consolidar su plaza -las de 2019 todavía no se han materializado-. “Ya he demostrado todo lo que tenía que demostrar, pero ahora todos vemos peligrar nuestra plaza después de tanto tiempo”, dice. Por eso, reclaman que la Comunidad aparque esta convocatoria, que aplique la ley a todas las plazas en abuso de temporalidad teniendo en cuenta los méritos y que, después, vuelvan a activar la oposición.

La ausencia de convocatorias habituales para estabilizar a estos profesionales ocurre en la mayoría de especialidades y ha permitido ir sumando casos de temporalidad durante lustros. Por eso, desde las plataformas no entienden por qué después de años con ofertas mínimas o inexistentes, la Consejería ha sacado cientos de plazas días antes de la aprobación de una ley que beneficia a los temporales y a la que ahora la Comunidad no les permite acogerse a todos ellos.

“Llevamos desde enero intentando negociar”, indican desde la Plataforma de Médicos y Facultativos No Fijos. Han enviado una carta firmada por 1.300 médicos al consejero de Sanidad y a la directora general de Recursos Humanos, Raquel Sampedro. No contestaron. También a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que lo trasladaría al organismo competente. Tampoco respondieron el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni la diputada de ese partido Ana Pastor, a quienes escribieron para pedir ayuda. Ellos habían mediado a principios del milenio cuando se transfirieron las competencias en Sanidad a las comunidades autónomas. “Hubo un conflicto similar y la situación se resolvió con algo parecido a lo que plantea ahora la ley, con una OPE extraordinaria”, señalan.

La Comunidad de Madrid se niega a desconvocar las oposiciones porque, dicen, “significaría vulnerar la legislación nacional vigente”. La Consejería se reunió la semana pasada con el Colegio Oficial de Médicos, con quien se comprometió a llevar a cabo un proceso de estabilización extraordinario, como el que contempla la nueva ley, con un número de plazas que será “el máximo posible”, pero que no han detallado. Después, y por primera vez, con las plataformas. El colegio profesional considera, en una nota de prensa, que es “un paso adelante para la estabilización de las plantillas”, pero para los convocantes no es suficiente porque temen que si no se desconvocan las otras casi 5.000 plazas, ese “máximo posible” no sirva para cubrir a los miles de profesionales en abuso de temporalidad, por lo que han mantenido la convocatoria para la huelga que comienza este martes.

“Nos van a quedar muy pocas plazas. Ellos hablan de mil, pero somos un 52% en especializada y un 82% en urgencias”, indican desde la plataforma. “Queremos que salgan todas las plazas temporales, de interinos y eventuales, estén o no convocadas en las OPEs, para que se consolide a la gente que lleva en fraude de ley tantos años”, apuntan, recordando la directiva europea de 1999 que España no llegó a aplicar y que se presente corregir con la nueva ley. “Si solucionas el 52% de temporalidad que hay ahora, mediante un sistema injusto, que no tiene en cuenta los años sufridos como temporales ni la especialidad adquirida durante este tiempo, poco importa lo que hagas después. A nosotros nos parece una buena medida a futuro, pero arrasa con todos los interinos que hay actualmente”, desarrolla Von Wetnitz.

Servicios mínimos del 50% al 100%

En esa misma reunión, la Comunidad también trasladó a los convocantes los servicios mínimos, que se adoptaron sin acuerdo. “Son una salvajada”, señalan desde SomosUrgencias. En concreto, son del 50% para el personal facultativo, salvo para aquellos que tengan que prestar servicio en unidades “que se consideran críticas y urgentes”. En esos casos serán del 100%, como los que tengan guardias programadas. El consejero de Sanidad ha afirmado este lunes que la asistencia “está garantizada y especialmente en los lugares que son más críticos”, por lo que ha llamado a la “tranquilidad”.

Los convocantes de la huelga no temen solo por sus puestos de trabajo, sino por la supervivencia de los servicios y la calidad asistencial de los pacientes. “Nosotros hacemos una reivindicación laboral, de justicia, individual, que uno la puede entender como algo egoísta, pero también la hacemos como pacientes. Nosotros mejor que nadie entendemos lo que supone romper equipos para la calidad de los pacientes, porque lo vemos por los dos lados. Si yo tengo una unidad de referencia nacional, por ejemplo en cirugía del párpado. que está formada por cuatro médicos de los que tres son interinos, y ahora se someten a una OPE de oftalmología general para la que no sacan plaza en su hospital, recomponer ese equipo lleva muchísimo tiempo y es muy complicado”, explica el portavoz.

Por eso, la huelga indefinida es un cartucho más en las movilizaciones que llevan semanas realizando. Desde dejar sus batas en las puertas de los hospitales que son como sus segundas casas, porque se sienten “pisoteados” por la administración, hasta manifestaciones ante la consejería de Sanidad o en la Puerta del Sol o 'venderse' en 'Wallapop'. También han acudido a la manifestación estatal que se celebró este sábado en la capital para denunciar las condiciones que también se dan en otras comunidades.

Mientras las OPEs de la Comunidad de Madrid están impugnadas y desde las plataformas están pendientes de que se pronuncie la Justicia, los convocantes esperan que la huelga sirva para llegar a una solución que ayude a corregir la precariedad de la sanidad madrileña y repercuta en el beneficio de los ciudadanos.

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