Ayuntamiento de Madrid

Ascenso, caída y retorno de Pablo Pradillo, el empleado de la EMT que derivó en comisionista

En el año 2017, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) acometió unas obras de mejora de las cubiertas del Centro de Operaciones de Fuencarral. Lo que parecían unos trabajos ordinarios, acabaron como noticia en los medios por los desprendimientos de amianto que se produjeron al taladrar unas placas de uralita sobre techos de talleres. Aunque no hay constancia de que fuera inhalado por los trabajadores, las naves afectadas fueron desalojadas y la zona tuvo que ser descontaminada.

La EMT achacó la responsabilidad de estos desprendimientos a Pablo Pradillo, que firmó la evaluación de riesgos de los trabajos, y a la empresa contratada para los trabajos, Elecnor. En un expediente informativo fechado en 2018 a cuyo contenido ha tenido acceso Somos Madrid, se detalla que la incorrecta gestión de la obra provocó “un coste estimado de 380.000 €” a la compañía pública, sin contar con los gastos de compra de nuevo vestuario, herramientas o mobiliario.

En esta obra hubo “disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, por el cambio de método de trabajo aprobado por el responsable de las obras y responsable del contrato”, explica el expediente, que recoge pruebas como el almacenamiento de materiales con amianto junto con otros, “sin que la zona estuviera acotada ni señalizada”.

Entonces el incidente se resolvió de forma interna, sin que el nombre de Pradillo saltara a las informaciones periodísticas. Algo que sí que ha sucedido esta semana, cuando El País publicó que había cobrado más de 150.000 euros de otra empresa adjudicataria de la EMT, como comisión por un asesoramiento para conseguir un contrato mientras estaba fuera de la compañía, con su relación laboral suspendida.

El expediente informativo de 2018 es clave en este caso, porque fue lo que inició la caída en desgracia de Pablo Pradillo en la EMT: a consecuencia de su gestión en el caso del amianto, resultó sancionado por una falta muy grave con dos meses de suspensión de empleo y sueldo, el máximo que permite el convenio de la compañía para estos casos. Era la multa más dura que se había impuesto hasta aquella época en la empresa, informan a este medio fuentes internas. Por encima de ese nivel solo queda el despido fulminante.

Pradillo, ingeniero de Caminos de formación, llevaba por aquel entonces una década trabajando para al EMT. Lo hacía desde el año 2008, cuando entró aprovechando “un proceso interno que estaba en vigor en ese periodo” con una vacante para alguien con su título, explica el propio trabajador a preguntas de este medio por correo electrónico. Por aquel entonces su padre, José Manuel Pradillo, era gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, el órgano rector de todos los transportes de Madrid. Un puesto para el que lo eligió Esperanza Aguirre. Antes Pradillo padre había formado parte del Consejo de la EMT, empresa en la que estuvo trabajando 15 años.

Tres meses de permiso y suspensión de contrato

En el momento del caso del amianto, el cargo de Pradillo era de jefe de división en el Departamento de Nuevas Construcciones. También ejerció de director de la obra y responsable de este contrato, según consta en el expediente informativo abierto en su momento. Pero, después del incidente, fue apartado de estas labores por la dirección de la compañía. Fue entonces cuando solicitó tres meses de permiso en la empresa. Al finalizar este periodo, reclamó a la EMT suspender su contrato, una opción legal que figura en el Estatuto de los Trabajadores y a la que es habitual que se acojan otros empleados de la compañía, informan fuentes internas a este periódico. Pactaron que el contrato se interrumpiría tres años, “a contar desde el 1 de enero de 2019”, rezaba el texto firmado por “mutuo acuerdo” entre las partes al que ha tenido acceso Somos Madrid.

Pablo Pradillo explica a este periódico que acordó esta salida por razones familiares, para el traslado a México junto con su familia y su mujer, a quien acababan de ofrecer un proyecto laboral de unos tres años de duración. Fuera ya de la EMT, Pradillo ofreció sus servicios a una de las empresas que pujaba por un jugoso contrato municipal para obras de mantenimiento en las Cocheras de Fuencarral, un espacio que conocía bien por haber desarrollado proyectos allí. “Simplemente atendí una solicitud de trabajo que me ofreció un compañero de mi promoción”, aclara.

La licitación salió en marzo de 2019 y se adjudicó en junio de ese mismo año. Concurrieron tres empresas, según consta en la documentación del expediente: una fue descartada por no cumplir los criterios y de las dos que llegaron a la fase final, la mesa de contratación eligió la UTE a la que había asesorado Pradillo, en base a criterios técnicos y a su mejor puntuación, que obtuvo por resultar la más barata -algo más de cinco millones de euros, más IVa- y pese a que no era la que mejor nota sacó en la calificación técnica. La UTE la forman las empresas Inesco, Asfaltos y Pavimentos SA y Ciser.

La obra fue adjudicada el 14 de junio por el equipo de Manuela Carmena, durante la última reunión de la EMT durante el gobierno de Ahora Madrid, un día antes de la toma de posesión de Almeida como alcalde. Fuentes de Más Madrid indican que se llevó a cabo para tratar varios temas pendientes. “La Comisión Delegada adjudicó el contrato conforme a la propuesta de la Mesa de Contratación, con lo que el resultado hubiera sido el mismo una semana antes o después”, aclara Esther Gómez, concejala de esta formación, que afirma que el gobierno anterior no tenía constancia de que el trabajador de la EMT había actuado como asesor en la oferta.

Pradillo fue cobrando su 3% de comisión pactado a lo largo de varios pagos hasta el año 2021, mientras que el contrato se fue ejecutando durante la actual legislatura, alargándose mucho más de lo esperado y con abundantes subcontrataciones. En el portal de la EMT constan hasta 60 de ellas, la última en abril de este mismo año. Pero ninguna cita a Mansaluve, la empresa a través de la cual facturó Pradillo sus más de 150.000 euros de comisión.

El pasado mes de septiembre, Pablo Pradillo volvió a su puesto en la EMT. Lo hizo después de que regresara con su familia a España en junio, al acabar el proyecto que les había llevado hasta México, cuenta en comunicación con este medio. También asegura que la empresa sabía de su relación laboral con la UTE contratada. “La empresa era conocedora de esta situación”, afirma.

Actualmente, Pradillo cumple labores de apoyo de ingeniería en el departamento de Proyectos de Ingeniería de Transporte, explica la Empresa Municipal de Transportes a Somos Madrid. “Es la plaza disponible más adecuada en el momento de su reincorporación”, puntualizan sus responsables. De momento, su situación laboral no ha cambiado ni se le ha abierto expediente alguno. Sin embargo, este jueves el Ayuntamiento de Madrid anunció que su Oficina contra el Fraude y la Corrupción abría investigación para ver si había irregularidades en el caso.

Código ético y responsabilidades

Muchas son las incógnitas que quedan en el caso. Pablo Pradillo asegura que, durante su suspensión de contrato, “no tenía ninguna incompatibilidad para realizar trabajos de asesoramiento técnico y consultoría en el sector”. Tampoco cree que haya incumplido el Código Ético de la EMT. En uno de sus apartados, la empresa prohíbe a la “personas vinculadas a la EMT” (no solo a sus empleados) “prestar servicios en cualquier entidad relacionada con el sector para evitar conflictos de intereses”. También indica en otro apartado que la información acumulada sobre la compañía “no podrá utilizarse fuera de los intereses de EMT cuando el trabajador cese su actividad en ella”.

Desde que se hizo público el caso de la comisión esta semana, los responsables del Ayuntamiento de Madrid han actuado a la defensiva. El actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, solicitó este pasado martes explicaciones a su antecesora en el cargo, Inés Sabanés, quien aprobó la adjudicación, y contra Álvaro Fernández Heredia, exgerente de la EMT. En otra comparecencia el jueves se reafirmó en estos términos e indicó que el consistorio todavía no había pedido aclaraciones a Pablo Pradillo ni abierto expediente ninguno.

“Si se constata que hay indicios de ilícito penal, acudiremos a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue por prevaricación y malversación de caudales públicos”, apuntó con severidad el delegado sobre los anteriores cargos políticos. En Más Madrid restan importancia a estas amenazas y han pedido, como el PSOE, todos los detalles del expediente para que se pueda celebrar un consejo extraordinario de la EMT la semana que viene. “Todavía no nos han remitido la documentación desde el Ayuntamiento, reclamamos que nos la envíen ya para que el consejo pueda ser el próximo lunes”, se queja Esther Gómez.

Por su parte, el anterior gerente de la EMT de Madrid, Álvaro Fernández Heredia, que ahora ejerce el mismo puesto en los transportes de Valladolid, confía en que se aclaren pronto las irregularidades del caso, si las hubiera, y se investigue hasta el final. En declaraciones a Somos Madrid, afirma no temer las amenazas de denuncias de Carabante. “Sería la tercera vez que el PP utiliza la justicia contra mí para hacer politiqueo. Tendrá el mismo resultado que las dos anteriores porque nuestra actuación fue impoluta. Más dudas tengo de lo que pasó después, aunque quieran desviar la atención”, asegura al recordar cuando fue exonerado por el caso Bicimad, justo antes de las últimas elecciones municipales.