Ayuso crea sin presupuesto ni plazas la figura del coordinador de Bienestar y Protección en centros escolares

Cuando en septiembre comience el nuevo curso escolar, en los colegios e institutos de nuestros hijos habrá una figura nueva que a la mayoría no nos sonará –aunque su denominación suene bien–. Se trata del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección. La figura emana de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, que especifica una serie de medidas para la prevención y detección de la violencia en los centros educativos.

Entre ellas, la Ley incluye en su artículo 35 la creación del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección en todos los centros educativos donde haya menores de edad. Bajo la supervisión del centro, será la figura de referencia para velar por el buen trato hacia los niños y adolescentes, la resolución pacífica de conflictos, la atención especial a los alumnos vulnerables, diversos o con algún tipo de discapacidad.

Esta nueva figura, que tienen que gestionar las comunidades autónomas, tendrá entre sus atribuciones la coordinación con los servicios sociales, la policía o las distintas instancias de la justicia cuando fuera necesario; además, será el agente encargado de velar por la información y formación a toda la comunidad educativa sobre temas que afectan al bienestar del alumnado. La Ley especifica que la persona encargada de ello debe ser personal docente y haberse formado para las funciones que desempeñará.

Suena muy bien. El problema es que la Comunidad de Madrid, de forma análoga a otras comunidades autónomas, no ha dotado ni puesto en valor la nueva figura. El pasado 14 de julio publicó unas instrucciones en las que simplemente encarga a los directores de los centros educativos nombrar a un miembro de la plantilla del centro con el cargo.

Muchas de estas funciones, por supuesto, no son nuevas en los centros educativos. En los años 90 se implantó en ellos la figura del Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC), que trabaja en los distintos Equipos de Orientación, Psicopedagógicos o Atención Temprana, centros de Educación Especial y algunos Departamentos de Orientación de secundaria, siempre mano a mano con los equipos directivos. Ante esta situación de indefinición y falta de dotación, desde la Asociación Madrileña de Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad se está pidiendo que la nueva figura se forme por personal docente de la actual red de orientación, que ya viene trabajando en estos asuntos.

Según explica a este medio Carlos Sánchez, miembro de la Junta Directiva de la AMPTSC  , esta forma improvisada de abordar la creación de la figura es un despropósito. “Según las instrucciones recibidas, los profesores que se hagan cargo no tienen un tiempo asignado para desempeñar las funciones. Es muy probable que, en muchos casos, acabe siendo una función más entre las asumida por los equipos directivos”, adelanta.

Sánchez hace hincapié en la capacitación que, desde hace años, se pide para abordar los problemas que el Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección tendrá que solventar.  “El profesor encargado tendrá que hacer un curso de 30 horas –probablemente online– cuando en su momento UNICEF o Save The Children, organizaciones que tuvieron mucho peso en el desarrollo de la Ley, hablaban de 400 horas (las mismas con las que cuenta el curso de capacitación que puso en marcha la UNED el año pasado). En realidad, ni siquiera esta formación sería suficiente, ten en cuenta que nuestro cuerpo está formado por diplomados y diplomadas en Trabajo Social, Educación Social, Psicología y Pedagogía, que hemos accedido a la función pública docente por concurso-oposición.”

La petición de la AMPTSC para que las funciones sean asumidas por el Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) ha sido respaldada por el Pleno del Consejo Escolar de Madrid el pasado 11 de abril de 2022 y también por la CONFAPA (Confederación Autonómica de FAPAs y AMPAs) el 31 de mayo de 2022.

Aunque durante los meses de verano es difícil articular demandas sociales, ya hay colectivos que luchan por la educación pública que han hecho suyas las demandas de la asociación, trasladando el problema a su ámbito. Es el caso de la Plataforma Por La Educación Pública de Tetuán, un espacio transversal que aúna a profesionales de la educación y familias del distrito.

Según explican, “en Tetuán hay 20.000 personas menores de edad que son especialmente vulnerables a la violencia y desde la Plataforma por la Educación Pública de Tetuán defendemos el mejor uso de los recursos que tiene la Escuela Pública para su protección”. Consideran que, una vez más, “la Comunidad de Madrid no ha escuchado la opinión de la comunidad educativa y lo que es más grave, no ha respetado el espíritu de la ley para proteger a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia”. Critican que, en las instrucciones a los centros, la CAM se desentienda de su responsabilidad, pidiendo a cada director que lo resuelve “como mejor pueda pero sin nuevos recursos, todo ello a mes y medio de empezar el curso”.

La desatención a la figura incurre en una carga a unas plantillas mermadas por los recortes en la Comunidad de Madrid. Esta misma semana supimos que llos centros de secundaria afrontarán el curso que viene con un millar de profesores menos pese a que el alumnado crecerá un 1,6%. El sindicato CCOOO también ha exigido un profesorado específico para desarrollar las funciones de coordinación de bienestar y de digitalización en los centros, afirmando en un comunicado que estas tareas son fundamentales, pero “no se puede pretender que se haga a coste cero e incrementando la sobrecarga de trabajo del personal docente”. La asociación con las tareas de digitalización, precisamente, da la medida de los pocos esfuerzos que la Comunidad de Madrid ha volcado hasta la fecha en desarrollar la nueva figura obligatoria. Al contrario de los Coordinadores de Bienestar y Protección, los Coordinadores TIC de los centros tienen tiempo asignado para desarrollar sus tareas y un pequeño complemento económico por desempeñar la función.