La llegada de una empresa de 'desokupas' a Vallecas acaba con 16 detenidos y peticiones de ilegalización por parte de la FRAMV

El pasado martes, 14 de octubre, miembros de una empresa dedicada a la desokupación intentaron entrar en una vivienda de la calle Alfonso XIII en Puente de Vallecas para desalojar a su actual ocupante. Lo hicieron sin que mediara una orden judicial ni hubieran intervenido agentes policiales en el lanzamiento, denuncian fuentes vecinales.

La presencia de una decena de miembros de la empresa de desokupación -APD Security Iberia- y del propio dueño de la vivienda y el intento de desalojar el piso por la fuerza motivó la intervención de varios vecinos, que intentaron expulsarles de la zona en una secuencia que acabó en una pelea por las calles del barrio, a la que acudió la Policía Municipal de Madrid sobre las 15.20 horas.

La intervención policial se saldó con la detención de nueve miembros de APD y también de otros siete vecinos, que la vicealcaldesa Inma Sanz asegura que pertenecen a los Bukaneros. En su misma intervención relatando esta actuación, Sanz echaba la culpa de estos sucesos a “unas leyes que en el marco de la okupación no están funcionando”. La vicealcaldesa de Almeida aseguraba que por eso “se están produciendo situaciones al margen de esas leyes, que no deberían producirse”.

Poco después de estas palabras la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) emitía un comunicado lamentando que se normalice “que las llamadas empresas de desokupación, con sus grupos paramilitares, irrumpan en nuestros barrios para expulsar de sus hogares, usando métodos muchas veces constitutivos de delito, a vecinos y vecinas que por diferentes circunstancias no pueden afrontar los gastos de vivienda”.

Según la entidad, que se hace eco de declaraciones de miembros de la Asociación Vecinal de Doña Carlota-Nueva Numancia, “ los escuadristas de APD Security Iberia lo intimidaron con gritos, amenazas y golpes en su puerta, para después provocar incidentes en otros lugares del barrio” e intentar el asalto de un club de boxeo popular, La Fábrika, donde se había refugiado la persona que habitaba la casa objeto de disputa.

“El Estado tiene instrumentos de sobra para garantizar los derechos de los propietarios, y son sus cuerpos y fuerzas de seguridad, a las órdenes del Poder Judicial, los encargados de hacerlo”, concluyen desde la FRAMV, que reclama la ilegalización de las empresas de desokupación.

Por último desde la FRAVM alertan que “con los precios del alquiler y la compra de vivienda desbocados y sin visos de reducirse, en la Comunidad de Madrid vivimos una auténtica emergencia habitacional, que hace que sectores cada vez más amplios de la población no puedan acceder a una vivienda digna. Un problema gravísimo que requiere de políticas valientes de control de precios y persecución de la especulación, fomento de la vivienda pública y del alquiler asequible, y no de la acción violenta de las empresas de desokupación”.