El presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, ha revelado en las Cortes de Castilla y León, en el presentación del informe relativo a la contratación de empresas públicas en 2011, que cuatro empresas públicas de esta región “incumplen la Ley de Contratos del Sector Público de forma flagrante”.
Encabo, que ha sido procurador regional del PP por Salamanca, fue claro y contundente. Y alardeó de independencia. La misma que le llevó a poner en tela de juicio el funcionamiento de esas empresas: ADE Financiación –que ahora se llama Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León-; ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León; Promoción de Viviendas e Infraestructuras y Logística (Provilsa); y Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León.
Pero el presidente del Consejo de Cuentas fue, ante los procuradores de Castilla y León, más cauto al afirmar que esas sociedades “cumplen razonablemente con la legalidad” y que “no existen” responsabilidades penales.
A juicio de la procuradora del PSOE, Ana Muñoz de la Peña, esos datos demuestran “el despilfarro en la gestión y la falta de control público de unas empresas que suman más de mil millones de euros de deuda pública y han incrementado escandalosamente el sueldo de los trabajadores”.
La defensa de la gestión en esas empresas le correspondió a Salvador Cruz, del PP, quien reconoció que se hacía necesario “subsanar errores y mejorar algunas cuestiones como el deber que tienen estas empresas de facilitar información en materia de contratación” al Consejo de Cuentas y al Ministerio de Hacienda. Y se quedó con la expresión que utilizó el presidente del Consejo: “cumplen razonablemente la legalidad”.
El portavoz del Grupo Mixto, el procurador por IU José María González, fue más categórico al afirmar que “el oscurantismo y el mercadeo de favores que hay detrás del funcionamiento de esas sociedades públicas son un ejemplo más de la corrupción y vienen a corroborar la sensación que se ha instalado en la sociedad de que ciertos ámbitos d ela política están por encima de la legalidad”.
En el informe leído por el presidente del Consejo de Cuentas se destaca que en el trabajo realizado se deduce que “en ninguno de los contratos fiscalizados se ha realizado la elección y valoración de los criterios de adjudicación para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa”.
Y añade que en el procedimiento de adjudicación de esos contratos “se han desarrollado criterios de evaluación no previstos en los pliegos, lo que impide que los licitadores conocieran el detalle de los mismos al presentar sus ofertas”.
Como diría Ana Muñoz de la Peña, procuradora socialista, “estas empresas son un despilfarro de fondos públicos, en las que hoy, sin inversiones en obra pública, su única inversión son los salarios escandalosos”.
