El Gobierno regional absorbe agentes medioambientales de otras comarcas para reforzar las inspecciones en el Mar Menor
En la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) trabajan a marchas forzadas en el entorno del Mar Menor desde el pasado octubre, cuando el estado de anoxia al que llegó la laguna quedó escenificado en la muerte de miles de peces agonizando en sus orillas. Una imagen que hizo saltar de nuevo todas las alarmas, dentro y fuera de Murcia, en un entorno que pide socorro desde hace décadas.
“Hemos tenido que llegar a estos extremos, muy trágicos, para que el Gobierno regional tomase cartas en el asunto; pero al menos ahora se están poniendo manos a la obra”, asegura en declaraciones a este periódico uno de los 117 agentes medioambientales de la Comunidad autónoma. De ellos, un grupo de siete está destinado al Mar Menor de forma permanente “y desde la última crisis, se han ido mandando refuerzos tanto de nuestros agentes como de los de Confederación porque el trabajo es desbordante”.
En las próximas semanas, la Consejería ha anunciado “de manera interna” la puesta en marcha de un dispositivo que procurará la presencia de forma diaria de dos parejas de agentes en la zona más cercana al Mar Menor, así como otra patrulla dos o tres días a la semana en las áreas más alejadas al litoral. “Se trata de una zona muy extensa, con muchos espacios protegidos y muchísimo volumen de trabajo”.
De las 50.000 hectáreas del Campo de Cartagena al menos 9.600 son de cultivos de regadío ilegal, según una estimación reciente de la CHS. Los fertilizantes que emplean sus agricultores son una de las principales causas del estado del ecosistema lagunar, según han denunciado una y otra vez científicos que investigan sobre el terreno.
“Hasta ahora no había personal para tramitar las denuncias”
Para reforzar la patrulla del Mar Menor, cuentan fuentes medioambientales, se detraerán por el momento funcionarios que prestan sus servicios en las comarcas limítrofes como Murcia, Lorca o Mazarrón. “No nos negamos a cubrir esos puestos, pero hay que generar más plazas permanentes para el Mar Menor”.
Para las funciones que tendrán que desarrollar en las inmediaciones del Campo de Cartagena se les ha hecho llegar una guía en la que se especifican sus actuaciones, más de una veintena de puntos: detectar irregularidades en la implantación de estructuras vegetales, el laboreo del suelo y la erosión, las técnicas de rotación de cultivos, el tratamiento de fertilizantes, la no restitución de las condiciones originales de zonas de regadío ilegal, o los vertidos de residuos sólidos, lodos y escombros al Mar Menor y su ribera sin autorización.
Son medidas encaminadas a la protección a efectos medioambientales y que están contempladas en la Ley 1/2018 de medidas urgentes para la protección del Mar Menor. “Lo que detectemos en las inspecciones y que sea motivo de infracción pero no entre dentro de nuestras competencias, lo tramitará quien corresponda”.
Desde la Consejería, a consultas de este periódico, no han negado la existencia del dispositivo, dejando entrever que todavía no estaban ultimados todos los detalles.
Estas patrullas se unirían a los nueve agentes de la Confederación, que trabajan junto a una veintena de guardias fluviales y la misma cantidad de técnicos de la empresa Tragsa, “que a efectos operativos no tienen capacidad de elevar expedientes sancionadores”.
Además de reforzar los agentes que se dedican a las inspecciones, el Gobierno regional ha incorporado en los últimos meses a otros profesionales de las direcciones de Medio Natural y Medio Ambiente para desatascar la situación del Mar Menor: Tres ingenieros agrónomos, un biólogo, un ambientólogo y cuatro técnicos jurídicos para agilizar la tramitación de expedientes.
“Hasta ahora -según fuentes medioambientales- había un déficit jurídico, no había personal para tramitar las denuncias porque no se le daba prioridad a este tema y muchas actas o informes no prosperaban; se morían en los despachos”.
Una situación, denuncian, que les hace perder credibilidad. “Si adviertes a alguien de que vas a tramitar una denuncia y nunca llega, se ven reforzados ante esa impunidad”.
Más de 500 Inspecciones en el Mar Menor desde 2017
Según informaciones del Gobierno regional, desde octubre se han contabilizado 265 visitas en el entorno del Mar Menor por los inspectores, “en el marco del control del cumplimiento de la Ley 1/2018 de medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad ambiental”. De esas actuaciones se derivaron 37 expedientes, de los que 27 corresponden a posibles infracciones y otros 15 tienen carácter sancionador.
Unas cifras que se suman a las 86 inspecciones realizadas y los 20 expedientes sancionadores iniciados de 2017; y las 86 inspecciones y 50 expedientes sancionadores en tramitación, de 2018, además de las 77 inspecciones llevadas a cabo hasta principios de octubre.
Por su parte, desde la CHS se han duplicado los expedientes sancionadores por regadíos ilegales, ampliación de la superficie de riego, construcción de pozos e incumplimiento de la orden de cierre con respecto a 2018 al pasar de 92 a 207.
