La pesadilla de un pueblo murciano asfixiado por el olor a excrementos de cerdos: “Nos sentimos completamente desprotegidos”

En verano, abrir una ventana en Los Martínez del Puerto puede convertirse en un imposible. Los vecinos de esta pedanía de poco más de 800 habitantes perteneciente al municipio de Murcia soportan desde hace años los malos olores que atribuyen a una planta de tratamiento de residuos orgánicos. La reciente tramitación para multiplicar por más de nueve su capacidad de gestión ha reavivado un conflicto que plantea interrogantes sobre el control ambiental, la planificación urbanística y la respuesta de las administraciones públicas ante quienes reclaman la protección de su salud y de su patrimonio.

El hedor —descrito por quienes conviven con él como una mezcla intensa de purines y materia orgánica en descomposición— invade las calles, obliga a cerrar puertas y ventanas y altera la vida cotidiana hasta el punto de generar impactos negativos en la salud física y psicológica de muchos de los afectados, que refieren síntomas como náuseas, estrés e insomnio.

Un problema que, lejos de poder contarse en episodios aislados, se ha cronificado hasta condicionar aspectos tan básicos como ventilar la vivienda, dejar que los menores jueguen en el exterior o disfrutar de una cena en el patio durante las noches de verano. “No puedo ni tender la ropa fuera porque cuando la recojo huele a mierda de cerdo”, resume una de las vecinas.

Su testimonio no es una excepción. Durante los últimos meses, decenas de residentes han decidido organizarse para documentar lo que consideran una realidad ignorada durante demasiado tiempo y presentar alegaciones contra el proyecto de ampliación de la planta.

Mucho más que un problema de olores

El conflicto gira en torno a una planta de tratamiento de residuos valorizables situada en las inmediaciones de la población. En sus instalaciones se reciben purines, estiércoles, restos de origen animal y lodos de depuradora para su transformación en productos destinados, entre otros usos, a la fertilización agrícola. Según la documentación aportada por la plataforma vecinal, la titularidad corresponde a TGRV Hijos de Martínez Roca S. L., mientras que la actividad es desarrollada por Digestos del Sur, empresas que, según los denunciantes, pertenecen al mismo entorno empresarial.

La actividad de valorización de residuos orgánicos forma parte de las estrategias impulsadas por la Unión Europea y las administraciones públicas para favorecer la economía circular. Los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas insisten en que nunca han cuestionado esa necesidad. “Somos un pueblo agrícola”, explican: “Hemos convivido toda la vida con granjas y con el campo. No estamos en contra de la ganadería ni de que los residuos se gestionen correctamente. Lo que no entendemos es que una instalación industrial de estas características pueda funcionar tan cerca de nuestras casas”.

El olor, recuerda Alberto Ruiz, doctor en Química y especialista en contaminación atmosférica, también constituye un contaminante. Aunque resulte mucho más difícil de medir, la exposición continuada a episodios intensos de contaminación odorífera puede afectar al bienestar físico y psicológico de la población. Es precisamente esa situación la que describen los vecinos.

Durante años, aseguran, la respuesta institucional ha sido prácticamente la misma. Cuando los malos olores se intensificaban, algunos llamaban al 112 o a la Policía Local; otros acudían directamente al Ayuntamiento de Murcia para presentar quejas. Con el paso del tiempo, muchos dejaron de hacerlo. “Siempre nos dicen que todo está en regla. Que tienen papeles”, lamentan.

Esa respuesta, explican, terminó convirtiéndose en el símbolo de una frustración creciente. Ya no cuestionan únicamente la existencia de autorizaciones administrativas. Lo que ponen en duda es si esas autorizaciones reflejan realmente la actividad que observan cada día y si los controles realizados son suficientes para garantizar una convivencia compatible con el derecho a disfrutar de sus viviendas.

Esta preocupación dio un salto cualitativo el 1 de marzo de 2025. Ese día se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el anuncio de información pública relativo a la ampliación de la planta. Muchos vecinos descubrieron entonces, casi por casualidad, que la empresa pretendía incrementar la capacidad autorizada de tratamiento desde las 25.000 toneladas anuales hasta las 230.600. “Cuando vimos la cifra nos echamos las manos a la cabeza. Si ahora ya es difícil vivir aquí, ¿cómo vamos a soportar una planta nueve veces mayor?”, se preguntan.

A partir de ese momento comenzaron a revisar centenares de páginas de documentación técnica, normativa urbanística, cartografía ambiental e imágenes aéreas. El trabajo desembocó en un amplio documento de alegaciones y en cerca de quinientas alegaciones particulares, además de escritos remitidos a la Fiscalía de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el Ayuntamiento de Murcia y la Administración regional.

Una ubicación incompatible con la normativa, según los afectados

La primera gran objeción planteada por los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas no se refiere al funcionamiento diario de la planta, sino a su propia ubicación. “Nunca hemos entendido cómo pudo autorizarse una instalación de este tipo en este lugar”, afirman.

Según sostienen en sus alegaciones, el planeamiento urbanístico municipal establece que las actividades catalogadas como de Alta Incidencia Ambiental deben situarse a una distancia mínima de 2.000 metros de los núcleos de población. Sin embargo, aseguran que la planta se encuentra a unos 1.980 metros de Los Martínez del Puerto, a aproximadamente 1.700 metros de Los Calderones y a unos 400 metros de varios centros de trabajo ajenos a la actividad.

A ello añaden la proximidad —apenas 800 metros— a una bolsa de suelo donde está prevista la construcción de una urbanización y la existencia de otras cercanas ya consolidadas como Altaona Resort, El Valle Golf Resort o Finca Lo Santiago, donde, según relatan los residentes, también se perciben los olores procedentes de la instalación. “No solo afecta a nuestro pueblo, el hedor se percibe fuertemente también en las urbanizaciones cercanas”, aseguran.

Los vecinos también cuestionan otros aspectos relacionados con el emplazamiento de la planta. Recuerdan que la normativa establece distancias mínimas entre este tipo de instalaciones y las explotaciones ganaderas para reducir riesgos sanitarios y epidemiológicos. Según sus alegaciones, la planta se construyó a 75 metros de una granja preexistente y a unos 340 de otra.

Las dudas alcanzan igualmente a los accesos. Los residentes sostienen que los camiones utilizados para transportar los residuos alcanzan las 40 toneladas de masa máxima autorizada, mientras que los caminos por los que circulan presentan limitaciones de 16 toneladas. “Nos cuesta entender que una actividad de este volumen dependa de unos caminos rurales que nunca fueron concebidos para soportar ese tráfico”, explican al respecto.

Además, denuncian que el último tramo de acceso a la planta discurre por la Vereda de Torre Pacheco, una vía pecuaria protegida que, según sostienen, ha sido modificada para facilitar el paso continuado de vehículos pesados.

La ubicación suscita otra preocupación añadida. La planta linda con un cauce natural considerado zona de flujo preferente, circunstancia que, a juicio de los afectados, debería haber motivado un análisis mucho más exhaustivo de los riesgos asociados a una instalación dedicada al tratamiento de residuos orgánicos.

La preocupación por el impacto ambiental

Si hay una imagen que los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas cuentan haber visto repetirse durante años es la de los tractores abandonando la planta con cubas cargadas para dirigirse a parcelas agrícolas del entorno.

“Los vemos salir prácticamente a diario y entrar en distintas parcelas de la zona para verter los purines. En algunos casos, sin que los propietarios sepan exactamente qué se está depositando allí”, afirman varios integrantes de la plataforma vecinal.

Esa escena cotidiana ha terminado convirtiéndose en una de sus mayores preocupaciones. Porque, más allá de los olores, consideran que la actividad puede tener consecuencias ambientales que trascienden a la propia pedanía.

“Nos preocupa muchísimo la contaminación del suelo y de los acuíferos por nitratos, pero también lo que pueda terminar llegando al Mar Menor. Las ramblas de esta zona desembocan allí y llevamos años viendo cómo la laguna intenta recuperarse mientras aquí parece que nadie quiere mirar lo que está ocurriendo”.

Los vecinos recuerdan que este entorno se encuentra incluido en la Zona 2 establecida por la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, una circunstancia que, a su juicio, debería haber llevado a las administraciones competentes a extremar la vigilancia. “Lo que no entendemos es cómo se destinan millones de euros para recuperar el Mar Menor mientras se permite que continúen produciéndose situaciones como las que denunciamos desde hace años. Si las instituciones europeas conocieran lo que está ocurriendo aquí, ¿qué pensarían?”.

No se trata únicamente de una percepción vecinal. En las alegaciones registradas durante la tramitación del proyecto solicitaron expresamente que la Administración comprobara el destino final de los residuos valorizados, revisara los movimientos de las deyecciones ganaderas y analizara el posible impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas. “No pedimos que crean nuestra palabra. Pedimos que comprueben los hechos, que analicen el suelo, porque el suelo no miente”, reclaman.

La utilización de terrenos distintos de los incluidos oficialmente en el expediente constituye otro de los aspectos que más indignación provoca entre los vecinos. Según explican, el proyecto de ampliación únicamente hace referencia a la parcela 4 del polígono 158. Sin embargo, sostienen que las imágenes aéreas muestran residuos, acopios y actividad desarrollándose también sobre otras parcelas colindantes. “Cualquiera puede comprobarlo observando las fotografías aéreas. Los residuos no están solo donde dice el proyecto”.

Por ese motivo solicitaron que la Administración verificara la situación real de las parcelas afectadas, identificara sus usos autorizados y comprobara si la superficie utilizada por la actividad coincide realmente con la declarada por la empresa. “Nos sorprende que, después de haber comunicado esta circunstancia por escrito, la Administración no haga ninguna referencia a esas otras parcelas. Es como si sencillamente no existieran”.

Para la plataforma, esa comprobación permitiría despejar muchas de las dudas planteadas durante la tramitación administrativa y ofrecería una respuesta objetiva a una controversia que se prolonga desde hace años.

Vivir con las ventanas cerradas

Pero ninguna discusión técnica consigue explicar por sí sola lo que supone convivir diariamente con los olores procedentes de la planta. Las consecuencias aparecen en gestos cotidianos que han terminado modificando la forma de vivir de muchas familias. “No hablamos de un problema puntual. Hay días en los que directamente no puedes abrir una ventana, tender la ropa o sentarte a cenar en el patio. Tienes que vivir encerrado en tu propia casa”, asegura una de las vecinas.

La Organización Mundial de la Salud y distintos organismos europeos llevan años advirtiendo de que la contaminación odorífera constituye un problema ambiental complejo. Aunque no implique necesariamente un riesgo sanitario directo demostrable, la exposición continuada puede provocar estrés, alteraciones del sueño, ansiedad y una pérdida progresiva del bienestar. Son precisamente esas consecuencias las que describen muchos residentes.

Los vecinos que aparecen en este reportaje han solicitado preservar su identidad por temor a posibles consecuencias. Una de las residentes en la pedanía explica cómo esta situación ha alterado incluso sus momentos de convivencia familiar: “Era feliz invitando a mis hijos, nueras y nietos a almorzar los domingos en mi patio, pero han dejado de venir porque les comían las moscas y el olor a purines les quitaba las ganas de comer”.

Otro vecino tampoco recuerda haber vivido una situación semejante. “Llevamos cincuenta años viviendo aquí y jamás habíamos tenido que comer con las ventanas cerradas en pleno agosto”. “Me da vergüenza invitar a mis sobrinos de Murcia. En cuanto bajan del coche se tapan la nariz y dicen: '¡Qué peste!'”, se lamenta otra mujer.

Los afectados insisten en que son pequeñas escenas que difícilmente aparecen reflejadas en un expediente administrativo, pero que acaban alterando profundamente la vida de quienes las sufren. En algunos casos, las consecuencias afectan incluso al patrimonio de los vecinos, como relata uno de ellos: “Es imposible. Nuestra casa vale mucho menos ahora por culpa del olor. Pero es que, además, cada vez que viene alguien a verla acaba marchándose”.

Otros residentes hablan de noches sin dormir, de episodios de náuseas cuando el viento sopla hacia el núcleo urbano, de ansiedad ante la posibilidad de que el problema aumente si prospera la ampliación de la planta y de una sensación compartida de haber normalizado una situación que consideran inaceptable.

Ese deterioro de la calidad de vida es, para ellos, el verdadero centro del conflicto. La discusión ya no gira únicamente en torno a una instalación industrial o a un expediente administrativo, sino sobre el derecho de cientos de personas a disfrutar de sus viviendas.

El último golpe: una Declaración de Impacto Ambiental que vuelve a frustrar a los vecinos

Cuando los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas presentaron cientos de alegaciones al proyecto de ampliación confiaban en que el procedimiento administrativo sirviera para despejar muchas de las dudas que, a su juicio, planteaba la instalación. La publicación de la Declaración de Impacto Ambiental terminó provocando el efecto contrario.

En junio de 2026, se hizo pública la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación. Una evaluación elaborada por el órgano ambiental autonómico —la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, encabezada por Enrique Ujaldón— cuyo objeto es determinar los posibles efectos significativos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana.

En esa resolución, la Administración no realiza una valoración especialmente crítica del proyecto. Más bien al contrario. En la mayor parte de las cuestiones controvertidas considera satisfactorias las explicaciones ofrecidas por el promotor y da por válidas sus respuestas a las alegaciones formuladas por los particulares.

El documento llega a afirmar, por ejemplo, que la instalación viene funcionando desde 2010 “sin que se haya acreditado la existencia de incumplimientos relevantes en materia de olores o afecciones a la salud”. Para quienes llevan años denunciando la situación, esa afirmación supuso un duro golpe. “Sentimos que no paramos de golpearnos contra un muro”, resume uno de los integrantes de la plataforma.

El procedimiento, hoy continúa adelante. Lo hace con el beneplácito del Ayuntamiento de Murcia y pese a que el expediente incorpora informes de distintos organismos oficiales que contienen observaciones críticas sobre el proyecto. Entre ellos, figura el emitido por la Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial, que sostiene que la instalación ocupa “una superficie global que más que duplica la referida en el documento ambiental presentado”.

Los vecinos recuerdan además otro episodio que, a su juicio, resulta especialmente llamativo. Explican que, el 2 de mayo de 2019, la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor autorizó una ampliación de la planta hasta las 1.200 toneladas anuales. Sin embargo, el 12 de febrero de 2020, ese mismo organismo publicó una corrección de errores mediante la que la capacidad autorizada pasó a ser de 25.000 toneladas al año.

La plataforma sostiene que ese incremento constituía una modificación sustancial de la autorización y cuestiona que se utilizara la figura de una corrección de errores para introducir un cambio de esa magnitud, al considerar que esa vía impidió la presentación de alegaciones.

“Nos sentimos completamente desprotegidos”

Más allá de los aspectos urbanísticos, ambientales o administrativos, hay un sentimiento que se repite una y otra vez en todas las conversaciones mantenidas con los afectados: la sensación de abandono. “Lo peor no es solo convivir con el olor. Lo peor es sentir que nadie te escucha”, aseguran, a pesar de haber remitido numerosos escritos durante años a distintas administraciones sin obtener respuestas que disipen sus dudas o den solución a los problemas que denuncian. “Hemos acudido al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma, a la CHS… Y seguimos esperando a que alguien se digne en responder, venga, vea lo que ocurre y actúe”.

Esa decepción alcanza especialmente a la Administración regional. Algunos integrantes de la plataforma recuerdan la reunión que mantuvieron con Enrique Ujaldón, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, durante la tramitación del expediente. “Salimos pensando que había entendido perfectamente nuestra situación. Después vimos que firmaba la Declaración de Impacto Ambiental. Fue un jarro de agua fría”.

Con el reciente relevo al frente del Ayuntamiento de Murcia, los vecinos depositan ahora parte de sus esperanzas en la nueva alcaldesa, Rebeca Pérez: “Solo pedimos que el Ayuntamiento intervenga de manera rápida y activa. No queremos privilegios; queremos que se nos garantice el mismo derecho que tiene cualquier ciudadano a vivir sin tener que respirar esta peste”.

Esta redacción se encuentra a la espera de declaraciones por parte de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, así como del Ayuntamiento de Murcia respecto a este asunto.