Estos días que nos han tocado vivir en los que estamos a mitad de camino entre la distopía y El Mundo Today, se nos informa, como si de un meme se tratara, de la renuncia del monarca residente a la herencia que le dejó el emérito. Son tiempos de mayor visibilidad informativa y conviene guardar las formas.
Para evitar el contagio frente al coronavirus se recomienda higiene y distancia. Inspirado quizás en este cordón higiénico, el rey Felipe VI ha decidido renunciar, tarde y mal, a la herencia crematística de su padre (a la otra no), cuyos supuestos manejos corruptos están siendo investigados por la justicia suiza. Poquita broma. También ha decidido poner distancia, cancelando el importe anual que desde los presupuestos públicos tenía asignado el emérito, como si la fortuna acumulada no fuera suficiente. Cómo será la cosa para que el propio hijo sacrifique públicamente el resto de honorabilidad que le podía quedar al padre. Es una medida meramente cosmética porque el virus sigue ahí. El virus y un montón de preguntas:
¿Desde cuándo sabía Felipe VI que su padre era, como mínimo, un evasor fiscal?
¿Por qué no hizo nada?
¿Qué ejemplo de rectitud y observancia de las leyes fiscales pueden dar, padre e hijo, a la ciudadanía?
¿Cómo es posible que Felipe VI fuera beneficiario de la Fundación Lucum (una fundación offshore) sin saberlo?
¿Cómo puede pretender, cuando ni siquiera es legal, renunciar, en vida del padre, a una parte de la herencia y no a la otra?
¿Hasta cuándo nos seguiremos tragando las milongas que esta institución nos quiera contar?
Una cosa deja bien clara este comunicado: la Corona es una institución que representa estupendamente a aquellos que miden el patriotismo en metros de bandera. No es hablar por hablar, son legión los autodenominados patriotas cuyas fortunas offshore ponen de manifiesto que lo de pagar impuestos es para pobres y para pringados. Los ricos tienen otras maneras de hacer las cosas más cool, más sofisticadas, más corruptas. Eso sí, amando a la patria desde lo más profundo de su corazón blindado en cajas de seguridad en Suiza o en las Bahamas. Pero ni un céntimo que contribuya al bien común, a construir hospitales, carreteras, colegios. De eso ya nos encargamos los de siempre, que para eso hemos nacido en el arroyo.
Para saber cómo hemos llegado hasta aquí es necesario que hagamos una reconstrucción de los hechos. Para empezar, según la Constitución, el rey es irresponsable, Artículo 56 párrafo 3: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad2. ¿Es necesario añadir más? Juan Carlos I se tomó el mandato constitucional al pie de la letra, ayudado por una desmemoria resultado de una transición hecha con más miedo que acierto; amparado y encubierto además por una prensa cortesana y servil que jamás, ni una sola vez a lo largo de décadas, se atrevió a decir ni media palabra de lo que todo el medio sabía y lo que ya publicaba la prensa extranjera: por debajo de un relato de padre y esposo ejemplar, salvador de la patria, protector del estado y ¡hasta demócrata!, todo un historial de amantes de todo pelaje, puro donjuanismo rancio, negocios turbios, corrupción, cacerías… Vicios privados, virtudes públicas.
La pregunta no es cómo no hemos impedido los supuestos negocios poco claros de Juan Carlos I, la pregunta es cómo saber e impedir que Felipe VI incurra (o esté incurriendo) en lo mismo.
Es imprescindible cuestionarse cómo puede una democracia que se precie de serlo, mantener una institución pública cuyo acceso es por vía dinástica y cuyo representante principal no es fiscalizable por ninguna instancia del estado; una institución que condiciona la vida pública, dando ejemplo de desigualdad, injusticia y, según todos los indicios, de corrupción.
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