Se le atribuye al magnate George Soros la sentencia “los mercados votan todos los días”, en referencia al inmenso poder de las grandes empresas transnacionales y los fondos de inversión, capaces de imponer despiadadamente sus intereses a cualquier gobierno del planeta, con independencia de que el gobierno en cuestión lo sea de un pequeño país o de una superpotencia, de derechas o de izquierdas, democrático o autoritario.
Esta característica del actual (des)orden global, el incontrolable poder del dinero y de las clases adineradas sobre la política y la sociedad en general, suele reproducirse a escala más modesta en los niveles más pequeños de la administración. Es conocida la capacidad de las empresas de la construcción para poner y quitar gobiernos municipales, en Madrid, Detroit y Nueva Delhi.
Lo que parece totalmente excepcional, y sin parangón en ningún lugar del mundo, con la obvia excepción de ciudades-casino como Las Vegas o Macao, es la capacidad de la patronal del juego murciana para imponer sus intereses al gobierno regional por encima, no ya de cualquier imperativo de carácter moral, si no de los más elementales criterios de carácter práctico y económico.
Sabemos desde el pasado lunes que el gobierno de López Miras, debido a la alta incidencia del virus en la región de Murcia, se decidió a imponer un confinamiento perimetral en casi todos los municipios de la Región. Medida necesaria, pero totalmente insuficiente, además de tardía; más si cabe después del relajamiento navideño en el que, parapetados tras el trillado y peligroso mantra de que “hay que salvar la Navidad”, se ha dado manga ancha al virus para extenderse, con unas medidas de contención mínimas.
Dentro del paquete de medidas para paliar la situación sanitaria nos encontramos las habituales restricciones a la hostelería, que ahora ya no podrá ni siquiera desarrollarse en el exterior, pudiendo solamente ofertar servicios de recogida de comida y reparto a domicilio. La 'sorpresa' viene al conocer simultáneamente que las casas de apuestas no entran dentro de estas restricciones. Es decir, los locales del juego, con su escasa o nula ventilación, en muchas ocasiones cerrados herméticamente, solamente se verán sujetos a restricciones del 30% para supuestamente frenar la curva de contagios, al contrario que bares y restaurantes.
Las conexiones entre el gobierno regional y el Grupo Orenes, que en la actualidad ejerce un cuasi-monopolio sobre el sector del juego en la región, son grandes y de calado. David Conesa, antiguo jefe de gabinete del expresidente Pedro Antonio Sánchez, heredado más tarde por López Miras, fue apartado de la política en 2018 al ser procesado en el caso Púnica. Actualmente trabaja como responsable de comunicación y redes sociales del Grupo Orenes, por el que, suponemos, debe cobrar una abultada nómina.
No es un caso único. El exdiputado popular Andrés Ayala, cuyo nombre también ha aparecido asociado a la trama Púnica, así como a un sinfín de operaciones de dudosa legalidad, tuvo un casino del grupo Orenes en Cartagena y consejero en alguna de sus filiales. En el año 2016, cuando Ayala era portavoz del PP en el congreso en cuestiones de Fomento, el dicho grupo logró de la empresa estatal AENA una concesión de dos salas de juego hasta 2025.
Los perjuicios que la industria del juego causa a la salud publica son de sobra conocidos. Ludopatía, ruina de familias enteras, aumento de la criminalidad, endeudamiento, aislamiento social, e incluso suicidio en los casos más extremos. Estos problemas no se reparten equitativamente entre todos los estratos sociales, sino que afectan desproporcionadamente más a las familias de las clases populares, que ven como sus retoños caen en la espiral viciosa del juego compulsivo, al tiempo que recibe subsidios, exenciones fiscales, y todo tipo de privilegios por parte del gobierno regional.
La Región de Murcia es probablemente uno de los lugares con mayor concentración de casas de apuestas del mundo. En toda Europa solamente es superada por Albania en cuanto a ratio de casas de apuestas por habitante. La media regional es de una casa de apuestas por cada 4.263 habitantes, triplicando la media española. En toda la región hay más casas de juego que en Andalucía, mientras que en la pedanía de El Palmar hay más que en la ciudad de Barcelona.
Estos locales tienen prohibido por ley permitir la entrada a menores de edad. Sin embargo, su cercanía a diversos centros de estudio, tanto de Primaria como de Secundaria, así como diversos testimonios de asociaciones en lucha contra la ludopatía, y la existencia de una gran franja de población con problemas de adicción al juego aún sin haber cumplido los 18 años, hacen dudar de la aplicación de estas y otras leyes restrictivas del juego en la gran mayoría de salones, ante la pasividad de la administración.
Todos estos datos, vistos en conjunto, nos permiten hablar de la existencia en la Región de Murcia de una fuerte y densa trama de intereses entre la patronal del juego y el gobierno regional, la cual actúa con un alto grado de impunidad, y que no se detiene ni siquiera ante las más básicas necesidades de salud pública, incluso en medio de una pandemia mundial como la que estamos viviendo.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿hasta cuándo durará esta situación? La paciencia que la sociedad murciana ha mostrado con esta lacra tiene límites, como ya se está viendo en la creación de distintos movimientos sociales que alertan del problema que supone la ludopatía entre la juventud.
Mas de un 10% de los adolescentes murcianos son adictos al juego, mas, el otro 90%, viendo los devastadores efectos de la ludopatía entre sus amistades y familiares, es lógico que acabe exigiendo soluciones drásticas ante esta industria criminal, cuyo modelo de negocio se basa en la falta de alternativas de ocio saludables para la juventud, y la ausencia de expectativas vitales en una región destrozada por el paro y por dos crisis económicas devastadoras.
La respuesta, en cualquier caso, no puede venir de un gobierno regional que se muestra tan proclive a defender los intereses de la patronal del juego, por encima de límites que rozan el absurdo. Solo una ciudadanía organizada, consciente y movilizada puede poner coto a todos los abusos de esta 'ludocracia' que nos gobierna en la Región de Murcia.
*Paco Valbuena es integrante de la plataforma Ocio Digno Murcia
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