En una ocasión, escuché al cantante Pablo Hásel decir que, “en los currículums, ya ni siquiera se pone que uno aguanta lo que sea porque eso es algo que hoy se da por hecho”. Lamentablemente, no le falta razón. Como muestra, un botón: hace unos días, salió en prensa que un grupo de jóvenes empleados del gigante financiero Goldman Sachs, habían solicitado a dicha empresa reducir su jornada de trabajo para que ésta se limitara a “sólo”…¡¡80 horas semanales!!
En realidad, podríamos poner multitud de ejemplos para ilustrar que el deterioro general de las condiciones de trabajo en estos tiempos que corren hace mucho tiempo que empezó a ser preocupante. Pero, a lo que todavía no nos habíamos hecho la idea, es a que el sector público, es decir, las empresas y organismos dirigidos por representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente, sea quien tome la delantera en iniciativas de este tipo para vulnerar gravemente los derechos laborales de sus empleados. Y eso es lo que sucede hoy en día en el municipio de Murcia.
Por ello, denunciarlo a la opinión pública es una obligación. Concretamente, tiene lugar en Mercamurcia, S.A., una empresa cuyo capital es 100% público (el Ayuntamiento de Murcia ostenta el 51,07% del mismo, y Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (Mercasa), el 48,93% restante). Sin olvidar que su consejo de administración estaba presidido por el alcalde de Murcia, José Ballesta hasta hace unos días, y cuenta en su seno con la participación de miembros del conjunto de grupos municipales de la oposición.
Dicho lo anterior, entremos ahora en detalle. Este complejo empresarial ubicado en El Palmar (Murcia), cuenta con varias unidades productivas a gran escala: matadero, mercado de flores, de pescado, de frutas, y lonja agropecuaria. El matadero cuenta con una plantilla de en torno a 40 trabajadores, de ellos, 13 tienen un contrato fijo-discontinuo.
Aclárese que esta modalidad contractual está prevista en la ley, de forma única y exclusiva, para aquellos trabajos que no puedan ser realizados a lo largo de todo el año natural completo, sino de forma intermitente y estacional en distintas épocas de este (ver artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores) como, por ejemplo, es el caso del trabajo en la recogida y manipulado de frutas y hortalizas.
En Mercamurcia, la utilización de este tipo de contratos data de hace no menos de 20 años. Sin embargo, la realidad de todos y cada uno de los empleados supuestamente fijos-discontinuos del matadero, es que trabajan allí ininterrumpidamente desde enero a diciembre, dados de alta como cualquier otro trabajador de la plantilla los 365 días del año, lo cual supone un claro fraude en su contratación.
Y, llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿cómo saca partido la empresa estos contratos realizados de forma irregular para su beneficio y simultáneo perjuicio de los trabajadores? Pues, fundamentalmente, disponiendo de estos empleados para que, además de trabajar en todos los días laborables, estén sacando el trabajo del matadero en fines de semana, en días festivos y en periodos vacacionales de un año tras otro, y todo ello pagando esos días un menor salario al que correspondería.
Esto implica que esta parte del personal trabaje en la mayor parte de días festivos del año y que, con frecuencia, no se descanse ningún día de la semana ni en verano. Seguramente, si indicamos que la mayor parte de la plantilla afectada por esta práctica empresarial son personas con nacionalidad extranjera, se entiende un poco mejor por dónde “van los tiros”. Como consecuencia de la acumulación de tantos días de trabajo continuado, hay trabajadores que han sufrido lesiones musculares de gran envergadura. No en vano, se da el caso de un trabajador de apenas 40 años cuya anatomía ya arrastra problemas lumbares serios y nada menos que cuatro hernias.
Cuando a la empresa se le plantea lo abusivo de esta conducta, doy fe de que responde que ella “no fuerza a ningún trabajador” a venir al matadero tantísimos días sin descanso a lo largo del año. Aunque lo cierto es que, lo que realmente hace la mercantil, es dedicarse a acortar la jornada de estos trabajadores en pequeñas franjas de tiempo durante aquellos días laborables en que el resto de la plantilla trabaja a tiempo completo. Esto supone que, de lunes a viernes, los fijos-discontinuos no pueden completar la jornada de 37,5 horas que sí hacen el resto de personal indefinido y, por tanto, están impedidos para reunir en esos días la nómina completa que necesitan para su sustento y el de su familia.
Consecuentemente, se ven abocados a cumplimentar la jornada pendiente de realizar en días previstos para el descanso del personal si quieren alcanzar un nivel retributivo similar al del resto de integrantes del matadero. Por tanto, esa “voluntariedad” de los trabajadores no es tal en realidad. Entonces, la empresa aprovecha esta circunstancia para, una vez que acuden a trabajar en días supuestamente no laborables, asignarles horas extras que tampoco son abonadas al salario fijado en el convenio de aplicación.
La dirección de Mercamurcia sabe que perpetuar la existencia de estos contratos fijos-discontinuos es la manera de mantener esta situación tan perjudicial para esos trabajadores y de la cual se lucra la mercantil. No en vano, si una jornada de trabajo de lunes a viernes y con descanso en días no laborables bastase a los fijos-discontinuos para llegar al salario completo recogido en el convenio de aplicación, es evidente que no estarían inmersos desde hace tantos años en la situación descrita en las líneas anteriores. Por este motivo, la dirección de Mercamurcia se niega a convertir sus contratos en indefinidos ordinarios como los del resto del personal. He ahí la hipocresía de la empresa.
De hecho, una situación como ésta, gravemente lesiva para un grupo significativo de trabajadores, ya dio lugar en el pasado a quejas de los afectados en varias ocasiones. Sin embargo, en lugar de sensibilizarse a estas demandas, la mercantil se limitó a buscar la salida de la empresa de algunos de los que alzaron la voz. Y con este panorama, ¿qué hacen los representantes sindicales de los trabajadores? Es una buena pregunta, porque el comité de empresa conoce la realidad de estos trabajadores y no la niega.
De hecho, uno de los integrantes del comité denunció hace unos años su propia 3 contratación fraudulenta como fijo-discontinuo hasta que se produjo su conversión contractual. El comité dice que ya se ocupó de esta problemática en su momento. Pero esta respuesta es más que decepcionante, ya que su respuesta va referida a un acuerdo firmado con la empresa para que, cuando haya una jubilación en la plantilla, se aproveche esta futura vacante para hacer indefinido a uno de los fijos-discontinuos “gota a gota”.
Estamos hablando de una “solución” que, ante una irregularidad grave en la contratación que ni siquiera son capaces de negar ninguna de las partes implicadas, supone que los afectados deban esperar años y años (porque las jubilaciones no son frecuentes) para arreglar su situación. Y recordemos que el personal fijo-discontinuo lleva en esa situación entre 15 y 20 años en la mayoría de los casos.
Mercamurcia, últimamente, saca pecho por su volumen de facturación y sus beneficios. Pero esto es sólo el envoltorio, puesto que, al levantar la alfombra, nos encontramos estos incumplimientos en materia laboral que llevan décadas siendo tapados. Incumplimientos que eran habituales en la época del anterior gerente, Martín Peña de la Fuente, y que lo siguen siendo en los del actual, Ricardo Rubio Aroca.
Pero, lo que realmente llama la atención de Rubio, es que se muestre tan reticente en negarle a sus empleados contratos de trabajo acordes a la legalidad (él afirma a este respecto que, lo que preocupa, es el “bien de la empresa”) y, al mismo tiempo, se reserve para sí mismo un sueldo de 70.539,40 euros anuales (¿también por el “bien de la empresa”?), según lo publicado en transparentia.newtral.es/ficha/ricardo-rubio-aroca.
Por todo lo expuesto, como ya hicimos en marzo, vamos a continuar movilizándonos mensualmente para acompañar a los trabajadores de Mercamurcia que han dado el paso de denunciar su situación y a luchar por acabar por fin con unas prácticas de una empresa pública que son, ni más ni menos, que una vergüenza para toda la sociedad murciana.
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