Pocos años habrán empezado tan mal como este 2017 para la tierra murciana; y es tan consistente la mala marcha de esta región que todavía acabará peor de como empieza. El análisis de situación, en coordenadas globales, apenas necesita del manejo de unos pocos datos y del uso del sentido común (recurso natural éste, de existencias declinantes, sí, pero al que hay que apelar necesariamente).
Lo primero a constatar, y que merece la máxima atención, es el importante hito conseguido por nuestra agricultura intensiva (mediterránea, industrial… en definitiva, agroindustria) con una solemne declaración de incompatibilidad que, siendo global, sin embargo ha eclosionado especialmente en su relación con nuestro ecosistema de bandera, el Mar Menor; pero que ha demostrado, de paso, que resulta ya insoportablemente perniciosa no solo para el suelo sobre la que se asienta sino y sobre todo para el agua de la que pretende vivir.
Esta agricultura demuestra, crecientemente, ser una actividad en exceso agresiva con el medio ambiente y, por lo tanto, insostenible en el tiempo. Una tierra de escasos recursos hídricos, dependiente de cuencas ajenas y en permanente estado de déficit, se empecina en un modelo agrario que esquilma y degrada el principal recurso, sabiendo que a medio plazo este escaseará tanto por la explotación inclemente a que se lo somete como porque ninguna otra cuenca dispondrá de excedentes que trasvasarnos, teniendo que lamerse sus escaseces con lo que haya.
Esta agricultura, saturada –y cercada– por sus contradicciones, gana, eso sí, en capacidad intimidatoria, y atenaza a políticos, instituciones y a buena parte de la opinión pública regional, en régimen de rehenes, con sus pretensiones, exigencias y amenazas. Pero la región debe ir reduciendo la actividad agraria intensiva, tanto por falta del recurso básico como por su alta capacidad de envilecimiento ambiental y por el contrasentido que significa que se oriente a la exportación, ya que esto significa que exporta agua a cambio de dejar aquí un medio ambiente degradado (y un negocio más que regular, desde luego, pero este es otro tema).
Esto en lo físico-ambiental, soporte objetivo y esencial de la sostenibilidad. Pero íntimamente relacionado con este aspecto la insostenibilidad murciana incluye un factor político-moral tan importante o más que el anterior, y es la profunda, funcional y extensiva corrupción de sus instancias políticas, extraordinariamente desarrollada con la interminable vigencia del poder del PP.
Lo que faltaba era el encausamiento judicial del propio presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez (PAS), que nos llena a todos los murcianos de oprobio y nos toma por tontos: “Mis faltas son errores administrativos, no corrupción al uso”, viene a decir la primera autoridad autonómica.
La justicia seguirá su curso, pero el hedor se irá haciendo más y más insostenible, sobre todo porque en las próximas elecciones volverá a ganar este partido, debiendo sus éxitos a esa otra faceta de insostenibilidad, como es la incultura política del pueblo murciano. (Pillados en pecados mil, el manual de escapatorias ilustra ahora a los del PP con un recurso de autoexculpación: como se nos sigue votando, es evidente que se olvidan nuestras trapacerías. Así, con Trillo y el episodio del Yak-42, autoperdón que sigue lo adelantado por el ministro, ¡de Justicia!, Catalá, quien ha brillado como jurista proclamando que cuando se vota a un corrupto –persona o partido– sus inmoralidades quedan exoneradas, o al menos disculpadas.)
Coadyuvantes necesarios en esta diversa insostenibilidad son estos de Ciudadanos, nacidos para compadrear con el PP sobre una base política (perversa) de anticatalanismo. Cómo no advertir lo poco que les afecta –palabrería aparte– el tufo ubicuo e inagotable del que hablamos.
Insostenible –aunque sostenida– es la incapacidad, sí, de nuestros políticos en el poder, que no se sonrojan con esta larga ristra de fracasos socioeconómicos, sucesiva a sus decisiones indescriptibles, siempre empeñados en proyectos tan presuntuosos como irreales y antiecológios.
El aeropuerto imposible, capricho doloso de un manirroto de categoría, Ramón Luis Valcárcel, es un caso difícilmente superable de incompetencia política y económica, que incluye un rateo ignominioso en nuestros bolsillos; no será que no advertimos –los ecologistas, sin ir más lejos– que era un proyecto estúpido y desafiante. La urbanización “Marina de Cope”, todo un empeño de gobierno dirigido por el ya citado líder, con la que quería pasmar al Mediterráneo entero, pretendía además retorcer la ley, sin pudor ni precaución, y ahí yace, condenada, mostrando las miserias de procaces inversores (que persisten, erre que erre, con Iberdrola en cabeza, rompiéndose los dientes una y otra vez contra un área sagrada; no será que no advertimos –los ecologistas, por supuesto– que los visionarios de pacotilla tendrían que pasar su codicia por sobre nuestro cadáver, cosa nada fácil).
Hay más proyectos macro, rasgo que nutre toda política antisocial, que uno a uno han ido dejando en evidencia la poliédrica mediocridad de nuestros dirigentes. Imposible dejar de lado la autopista Cartagena-Vera, de la que el innombrable Valcárcel decía, contestando a las críticas sensatas y fundadas, “No hay marcha atrás”, que ha acabado en fracaso y repercutiendo también en los bolsillos de todos los ciudadanos; no será que no advertimos –los ecologistas, casi en solitario–que constituía un proyecto inviable, de imposible rentabilidad. Pues, nada.
A la incompetencia regional le queda, entre otros empeños menores, otra distinguida ocasión para fracasar, como es el nuevo puerto del Gorguel, una ocurrencia de Adrián Viudes, prohombre del PP que, liquidado cuando pretendía eternizarse en el cargo, rumia ahora su despecho vituperando a quienes lo privilegiaron durante diecisiete años con la regalía del Puerto de Cartagena, con el que fue inmensamente feliz de la manita de Ramón Luis; y en el que se permitió saltarse leyes y normas en su feudo de la rada de Asdrúbal, dejando recuerdo imborrable entre los trabajadores bajo su férula.
Los ecologistas hemos impugnado, atacado y condenado esta otra locura, producto calenturiento de quienes suponen que los caudales públicos son para jugar con ellos, aunque sea evidente el riesgo de malversarlos: los liberales son así, y los economistas como Viudes han aprendido en aulas irreales una ciencia que, cuando se enfrenta a la rentabilidad social y a los impactos ambientales, se suele mostrar incapaz y peligrosa.
Imposible ignorar el activo rol de cierta prensa de papel jaleando estos proyectos sin la menor precaución ni atención a sus inviabilidades, ciñéndose sin más a su envergadura y a los designios del poder (“el burro, grande, ande o no ande”) y consolidando la región como una referencia nacional lamentable; tal, Manuel Buitrago, que debiera contarnos en qué Facultad aprendió su periodismo de cámara.
Con el intervencionismo y el manipuleo de la cosa pública tanto de la CROEM de Albarracín como de la UCAM de Mendoza, al Gobierno del PP no le queda mucho margen para actuar pensando en la mayoría de los murcianos, que aunque afines y fieles al poder popular no votan a empresarios pedigüeños ni aventureros de la enseñanza. Que nadie lo dude, 2017 será para nuestra tierra otro año de escándalos y lamentos: las condiciones en presencia, bien firmes, no dan para otra cosa.
*Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista
