“No, no te van a desahuciar”. Estas son las palabras que estaban esperando y necesitaban escuchar cientos de miles de familias vulnerables en nuestro país y en nuestra región. Familias que sienten cada día la amenaza del desahucio o el desalojo por no poder afrontar los gastos que les genera su vivienda.
Cuando la vida golpea duro, son diversas las causas que pueden originar que una familia o una persona se encuentre a la espera de una notificación judicial anunciándole que tiene que abandonar su vivienda habitual.
No es justo dar por hecho que todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades para salir de situaciones económicamente difíciles ni para ascender socialmente. Igualmente, la realidad refleja que a pesar del esfuerzo, no siempre se consigue lograr un trabajo estable en el tiempo con un salario digno.
Quizás tampoco ha sido así la evolución para otras familias, cuya vida ha dado un brusco giro colocándolas en una posición límite que jamás hubieran imaginado, abocándolas inesperadamente a la angustia de no poder hacer frente al pago de un alquiler o de su hipoteca.
Ni que decir tiene, que la pandemia que estamos sufriendo durante este año ha provocado el aumento y la agudización de los casos de vulnerabilidad en nuestro país.
El Gobierno de España al inicio del Estado de Alarma, consciente de la difícil situación a la que nos enfrentábamos, tomó cartas en el asunto y adoptó una extensa batería de medidas destinadas a proteger el derecho a la vivienda, tanto de personas y familias vulnerables, víctimas de violencia de género o personas sin hogar, como de quienes estaban viendo mermada su capacidad económica por motivo de la Covid-19, imposibilitándoles cumplir con las obligaciones relativas a su vivienda.
Estas medidas han ido dando cobertura a lo largo de este año, pero no era suficiente su extensión en el tiempo. La crisis sanitaria, desgraciadamente, aún no ha sido superada. A estas familias no se les podía dejar a los pies de los caballos, con la incertidumbre de un desahucio inmediato sobrevolando sus cabezas, como si de una guillotina se tratara.
Respiramos. El pasado 22 de diciembre muchos de nosotros y nosotras respiramos. También respiraron las asociaciones y plataformas de afectados por la hipoteca. Pero con más alivio y profundidad respiraron miles de familias al conocer que no los van a poder desahuciar mientras dure el Estado de Alarma.
Ha sido el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, el que vuelve a reforzar la protección de los más vulnerables, suspendiendo los desahucios y lanzamientos cuando no exista alternativa habitacional que ofrezca una solución adecuada en estos casos.
En ningún modo esta norma favorece el fomento de la ocupación ilegal. Falsedad que el Partido Popular se empeña en extender, aunque esto suponga generar miedo social de manera irresponsable y partidista.
Me gustaría no tener que expresar en estas líneas que el sentimiento de alivio que han provocado estas medidas de carácter nacional se ve difuminado en la Región de Murcia por la falta de vivienda pública. Esta carencia que venimos arrastrando de tantos años de gobierno de la derecha va a poner una vez más en evidencia, tanto la ausencia de política de vivienda en nuestra comunidad autónoma, como la improvisación del Gobierno regional en esta materia.
Quienes sí que merecen de forma especial el máximo respeto, reconocimiento y apoyo, son las organizaciones, asociaciones y personas que, voluntaria y desinteresadamente dedican parte de su vida a luchar para que el derecho constitucional a una vivienda digna sea una realidad en este país.
De la misma manera, también consuela saber que el Gobierno de España está por la labor, implicado y en proceso de elaboración de la necesaria Ley Estatal de Vivienda que, sin duda, dará soluciones que permitan avanzar en la garantía de este derecho fundamental que recoge el artículo 47 de la Constitución Española.
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