A mediados del siglo VI D.C, una epidemia, la denominada plaga de Justiniano, asoló el Imperio Bizantino y se fue extendiendo por el Mediterráneo hasta Dinamarca e Irlanda. Hoy se estima, con un grado alto de fiabilidad, que fue el bacilo de la peste (Yersinia pestis). La historia de la humanidad es la historia de sus epidemias y la historia de cómo los estados y la sociedad civil se han enfrentado a éstas. En el mundo actual, hemos asistido a diferentes epidemias de distinta gravedad: desde los tiempos del SIDA a la gripe A, el ébola o el virus RS-COV. Todo esto sin olvidar la gripe clásica que se extiende cada año en nuestro país y que se lleva su precio en vidas humanas
Pero la epidemia del coronavirus, COVID-19, ha puesto negro sobre blanco la necesidad de construir estados del bienestar fuertes y consolidados que puedan hacer frente a impactos severos desde el puntos de vista de la salud pública, la economía o el medio ambiente. La pandemia nos ha dicho que es necesario garantizar los medios humanos y materiales suficientes en todos los niveles del sistema sanitario para hacerla frente. Los recursos humanos e infraestructuras sanitarias tienen que ser suficientes para una asistencia adecuada y de calidad frente al coronavirus. También garantizar la salud y el bienestar del personal sanitario que está expuesto de manera especial. Por otra parte, es necesario mostrar nuestro más profundo agradecimiento al personal sanitario por su trabajo en esta crisis.
Otra tarea urgente es el aumento del presupuesto para la sanidad pública, después de los drásticos recortes anteriores, que garantice que ésta sea universal y de calidad. Se necesita más personal sanitario, camas de hospital y mejores servicios auxiliares que puedan atender a toda la gente que lo necesita y que evite una mayor mortalidad de la pandemia. Un objetivo a conseguir es revertir los procesos de privatización y externalización de la sanidad y del trabajo social. La atención primaria en un sistema de salud público es el camino para garantizar el derecho a la atención universal. Los seguros y hospitales privados tienen que asumir su parte del coste del tratamiento del coronavirus, para que la sanidad privada se corresponsabilice de los gastos que, hasta este momento, solamente ha soportado el sistema de sanidad público. La ciudadanía tenemos que desarrollar responsabilidad social con empatía hacia las personas más necesitadas o vulnerables.
Garantizar los derechos laborales a las personas afectadas por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia es otra tarea pendiente. La protección social de las personas trabajadoras, especialmente aquellas con contratos precarios que son quienes cargan con el mayor peso y riesgo de la crisis causada por el coronavirus. Hay que asumir las bajas por cuidados con el mantenimiento del salario, reducción de la jornada laboral con el sueldo completo y medidas para garantizar la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y que estos no recaigan solamente en las mujeres. Se necesitan aumentar las medidas de protección a pequeños comercios, pequeñas empresas y a personas en régimen de autónomos, que son las que ya están sufriendo un impacto en sus economías. Además, fomentar el comercio de barrio y los canales cortos de comercialización para abastecerse y dar apoyos fiscales a pequeñas empresas que hayan sufrido el impacto de la crisis del coronavirus.
Esta situación nos debe hacer pensar en la disminución de gastos y despilfarros de la administración que no repercuten en la calidad de vida de las personas: rescates de autovías o bancos, grandes infraestructuras de transporte, ampliaciones de aeropuertos, gasto militar o subvenciones a líneas aéreas. Es una oportunidad también para la mejora de la salud ambiental. La mala calidad del aire, la contaminación química o la contaminación del agua, además de provocar una gran cantidad de muertes prematuras al año, merman la salud de la población y nos hacen más vulnerables a infecciones. Se debe dar prioridad a actuaciones que mejoren la salud y medio ambiente en todas las políticas públicas.
Esta epidemia manifiesta la gran fragilidad de nuestros sistemas económicos que generan contaminación, contribución al cambio climático, pérdida de biodiversidad, injusto reparto de la riqueza y morbilidad y mortalidad ambiental y sanitaria. Ante esto, no queda otra opción que poner la vida en el centro de las políticas económicas y sociales. Seguro que saldremos de esta epidemia, pero es necesario repensar nuestro futuro para seguir construyendo y reforzando un estado del bienestar sostenible, al servicio de la ciudadanía.
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