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De Poderes y prosopografías

Reunión del pleno del CGPJ presidida por Carlos Lesmes.

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La prosopografía es una ciencia difícil en ocasiones. Describir a un grupo a través de sus biografías requiere sensibilidad y ser consiente de su evolución: los cortes generacionales, los enfrentamientos, las ideologías e incluso las amistades forjadas a pesar de ellas a través del paisanaje o la pertenencia a una misma promoción. Las instituciones pueden ser las mismas, los hombres que las componen no y sus cambios, a veces imperceptibles son claves para comprender algunas tensiones. Esta cuestión se pasa por alto cuando se analiza con trazo grueso según que instituciones y los hombres que la componen y es evidente en el caso del eterno tema de los jueces, curioso que los fiscales no despierten tanta atención.

Los datos indican que la profesión judicial está renovándose feminizando como tantas otras profesiones, cambiando el perfil imaginado que no se corresponde con la visión tradicional que se tenía de él. Sin embargo, si los datos llevan tiempo cambiando en las nuevas generaciones, aunque como señalase Gregorio Peces Barca a fines del siglo pasado, miren si ha pasado tanto tiempo, habría que dar facilidades en la larga carrera del opositor judicial, porque, las cabezas con pies son maravillosas, pero cuando faltan estos los pies el asiento de la realidad se pierde y con ella la justicia, que no el ajuste al derecho.

Los datos de las nuevas hornadas judiciales contrastan con la de sus cúpulas, una mayoría masculina cerrada sobre sí misma y, sobre todo, de generaciones de Derecho Político que no Constitucional. El ejemplo de esta tensión es el contraste entre los jueces de trinchera que con sus cuestiones prejudiciales abrieron paso al fin de las cláusulas suelo en los tribunales europeos, mientras el Tribunal Supremo español tenía que rectificar a paso de varapalo.

Señalaba Gregorio Peces Barba que existía una especie de proclividad al autonomismo en el poder judicial. Éste buscaba reproducirse a sí mismo a través de la jurisprudencia emanada de sus sentencias, sin contacto ni con la universidad, ni con el derecho europeo, ni con la sociedad a la que debía juzgar, pues en las oposiciones no solo se premia la memorización sino la reproducción de una particular mirada de la ciencia jurídica y no siempre la mejor. Solo él podía hacer una crítica acerada de la búsqueda de la autonomía de un poder judicial poco dado a contemplar la pluralidad de la sociedad. Este fue el motivo de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 1986, que el Tribunal Constitucional aceptó como válido, no sin avisar que se corría el riesgo que se “se traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad”, con lo que el efecto conseguido con la reforma – aumentar la pluralidad en un momento clave – tuviera como resultado lo contrario. Aquellas palabras del tribunal, presidido por Francisco Tomás y Valiente y ponente Ángel Latorre, han resultado ser proféticas.

La nula previsión en los tiempos de los legisladores en su renovación ha transformado el CGPJ en un arma para los partidos, en especial el Partido Popular. Este boicotea su renovación mientras está en la oposición demandando su reforma, para renovarlo cuando está en el poder presumiendo, en una famosa conversación, de controlar el Supremo lo que acaba pareciendo a ojos del indocto más a un mercado persa por cuotas con la misión de tener influencia  que a un reparto por mérito y capacidad, lo que hace a más de uno reflexionar si no debiéramos volver a los griegos, como subrayara Bernard Manin en su libro los principios gobierno representativo, y dado unos méritos de entre toda la carrera judicial dejarlo al albur de la insaculada fortuna o abrir la misma a toda la población con una urna más para eliminar esta parálisis.

Al margen de arbitrismos, el problema no es ya la adscripción de los miembros del Consejo, sino en último término la falta de conciencia de la cosa pública que conlleva su paralización constante. El resultado un creciente descredito del poder judicial en su conjunto, la distinción entre jueces y magistrados no alcanza el público que no sabrá de derecho, pero si entiende cuando de justicia y escándalos.        

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