Cuando en 1987 el PSOE seguía gozando de mayorías absolutas en la Asamblea Regional y Carlos Collado presidía el Gobierno autonómico, la comunidad autónoma de Murcia contó con una ley de protección del Mar Menor. Lógicamente, siendo honestos con la historia, habrá que apuntar aquí que su autor e impulsor tiene nombre y apellidos: José Salvador Fuentes Zorita. Consejero de Política Territorial y Obras Públicas en aquel ejecutivo, quien luego sería candidato socialista a la alcaldía de Murcia y presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, tuvo el firme empeño, desde el comienzo de su mandato, de blindar la laguna frente a posibles agresiones a su ecosistema. Nacido en Murcia en 1947, Fuentes Zorita estudió en Madrid la carrera de ingeniero de caminos, canales y puertos, ingresando posteriormente en el cuerpo funcionarial de la Diputación Provincial de Murcia.
Pero aquella ley, considerada bastante avanzada para su época, ya nació con el rechazo frontal del PP desde el primer día. Tanto es así que fue recurrida apenas un mes después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado ante el Tribunal Constitucional. El hombre que guió los pasos en aquel recurso era de origen cartagenero: Federico Trillo-Figueroa, destacado dirigente del PP, quien años después presidiría el Congreso de los Diputados y sería ministro de Defensa. Uno de los argumentos de fondo, las trabas que el rigor de la misma imponían a los constructores en la zona de influencia.
El Alto Tribunal rechazó las alegaciones del PP, siete años después, aduciendo que no se menoscababa la autonomía municipal, como argumentaban los populares, ni tampoco se invadían las competencias estatales. En 1995, el PP ganó las elecciones autonómicas en la Región de Murcia, por vez primera, y con mayoría absoluta. El ejecutivo presidido por Ramón Luis Valcárcel tuvo que esperar hasta su segunda legislatura para derogar aquella ley de 1987, sustituyéndola por una denominada Ley del Suelo, que se tuvo que elaborar con cierta prolijidad, aprobándose en 2001, y que vino a trastocar radicalmente el espíritu de la anterior, multiplicando la frenética actividad inmobiliaria en la zona.
Lo que es evidente es que la ley impulsada por Fuentes Zorita hace ahora 34 años pretendió poner orden ante la situación de caos que se venía produciendo en el entorno del Mar Menor. En su articulado se hablaba del impacto y la degradación al que se estaba sometiendo al medio natural, por lo que se proponía una correcta ordenación del planeamiento, estableciendo un régimen jurídico específico y otorgando al Gobierno regional, incluso, la potestad de suspender licencias urbanísticas. Y, además, se proponían una serie de medidas tendentes a controlar los vertidos contaminantes, ya fueran procedentes de los usos agrícolas como de origen ganadero o minero.
Resulta lógico deducir que, transcurrido casi lo que llevamos de siglo, a aquellos polvos hayan sucedido estos lodos de ahora. Y que, por tanto, a estas alturas el Mar Menor se encuentre en el estado tan calamitoso en el que está, agravado más aún en estos últimos días. Añadamos a todo esto la guerra permanente que mantienen los Gobiernos central y regional a la hora de echarse las culpas sobre la gravedad del problema y sobre quién tendría que ponerle el cascabel al gato. Sin embargo, conviene en ocasiones tirar de hemeroteca para conocer la raíz profunda y el verdadero origen de los conflictos. Porque es razonable concluir que si la ley de 1987 hubiera seguido su curso, hoy, con toda seguridad, no estaríamos como estamos, camino de convertir la laguna en un cenagal. Pero pasa que, a veces, los intereses de la política van mucho más allá y, a los humanos, los compromisos nos suelen hacer esclavos de nosotros mismos, al tiempo que las promesas se desvanecen como el humo de un robusto habano tras una copiosa comida de negocios en un restaurante costero.
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