No deja de ser sorprendente la que se ha montado sobre el acuerdo subrepticio entre el Gobierno de coalición PSOE-UP y EH Bildu en torno a la derogación de la reforma laboral que ejecutó ––nunca mejor dicho–– el Partido Popular de Mariano Rajoy como presidente del Ejecutivo del Estado y que dejó a los pies de los caballos tantos derechos, tantos logros, tantas mejoras, tantas realizaciones… y tantas personas.
Prácticamente todas, las que fueron pisoteadas por las pezuñas de esos caballos de Atila espoleados por los gobernantes que se hacen llamar “populares”, pertenecientes a las clases menos favorecidas de la sociedad española. Entre ellas, había pocos, muy pocos, Marcos de Quinto, Pequeño Nicolases, Cayetanos Martínez de Irujo y, en general, Trinitarios Casanova, Joseramones Carabante, Tomases Fuertes, Amancios Ortega, Kikes Sarasola, Rodrigos Rato, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera.
El caso fue que, aparte de otras medidas legislativas que terminaron en gente viviendo en la calle, arrancada de su hogar ––nada de apartamentos de 400 metros cuadrados alquilados a precio de ganga en el mejor sitio de Madrid–– por los desahucios que el engañoso lenguaje jurídico llama “lanzamientos”, los trabajadores españoles en general se vieron sometidos y uncidos al yugo de las nuevas condiciones laborales que establecieron Rajoy y sus amiguetes.
El resultado a la vista está. España es el país del núcleo central de la Unión Europea con mayores tasas de precariedad laboral incluso en el sector público, como se ha visto en la Sanidad en esta época de pandemia. Las condiciones de trabajo esclavistas son el pan de cada día en sectores tan queridos por las estadísticas económicas oficiales como el turismo y la agricultura.
Un ejemplo: en estos tiempos de COVID-19 que corren ahora mismo, por primera vez en varias décadas la mano de obra para las recolecciones agrícolas de temporada está saliendo, en algunas zonas, de la población autóctona española que, a pesar de los pesares, hasta ayer mismo se negaba a trabajar en el campo en semejantes condiciones y dejaba la tarea para los inmigrantes más morenos y menos morenos.
Con todo esto por delante, se monta la que se monta por el pacto ––nefastamente contado en su comunicación pública–– sobre la derogación de la reforma laboral entre PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu. En si es “íntegra” o no parece residir la cuestión. Más vale no tomar el rábano por las hojas e irse a los textos públicos, aprobados, firmados y rubricados.
El Acuerdo de Gobierno de la Coalición Progresista (PSOE-UP) de diciembre, subtitulado 'Un nuevo acuerdo para España', que sigue vigente, dice:
“1.3.- Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. En concreto y con carácter urgente:
Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
Asimismo, Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves“.
Y estaba firmado en Madrid a 30 de diciembre 2019 por Pedro Sánchez Pérez-Castejón y Pablo Iglesias Turrión.
El acuerdo del miércoles 20 de mayo por la tarde dice:
“Contenidos del Acuerdo
1. Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19.“
Y está firmado en Madrid a 20 de mayo de 2020 por Adriana Lastra (PSOE), Pablo Echenique (UP) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu).
¿Que sea “íntegra” o no es la clave del asunto? A lo que parece, hay muchos ataques de cuernos rampantes en las reacciones a este subrepticio acuerdo que, verdaderamente, podía haberse gestionado por los firmantes de una forma mucho más transparente y efectiva de cara a la opinión pública y, también, a los que se supone que son interlocutores sociales (patronal y sindicatos). Que son, por cierto, los que más iracundos se muestran por haberse firmado lo que se ha firmado.
Unos, las patronales, por pura coherencia reaccionaria: jamás les ha ido tan bien, económicamente hablando, como con la reforma laboral de Rajoy y sus secuaces, que se traslada como un “ladramos lo que haya que ladrar, pero no mordemos mientras no nos toquen los privilegios que nos regaló el PP de Rajoy”.
Los otros, los sindicatos mayoritarios, saltan porque se ven ninguneados; cosa a la que ellos mismos se han prestado desde hace años gracias su ya tradicional aquiescencia con las decisiones gustosas o no de los poderes públicos y fácticos, y que se traducen en una sensación general de “estos firman lo que sea con tal de seguir figurando”.
Así que, estando como estamos, parece que el problema reside en el la palabra “íntegra” aplicada a la derogación de la reforma laboral. Solo cabe añadir que los acuerdos firmados, todos, están para ser respetados y cumplidos. Empezando por los primigenios de Gobierno Progresista “para España”. Sin falsas polémicas ni circunloquios políticos. Los más desfavorecidos lo necesitan y lo agradecerán. Vale.
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