El pasado martes asistí a la presentación del libro 'El secuestro de la justicia', de Joaquim Bosch (exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia) e Ignacio Escolar, director de este medio, al que me invitaron a participar, y lo cierto es que este país necesita un retoque y profundo, y no sólo en ese pilar tan básico como es la justicia.
Sin formaciones políticas serias y abiertas no se podrán arreglar los problemas; por eso, desde el PSOE se propuso una reforma de la Ley de Partidos para regular su funcionamiento interno. Pero lo relevante es que, tal como se planteó la reforma, ni siquiera ha sido un movimiento táctico, sino una simple respuesta a un grave y sufrido conflicto interno.
Sin duda, la presión de las bases hizo abrir el debate sobre la elección del líder, pero se está perdiendo la oportunidad para impulsar un cambio institucional en la propia organización que le vuelva a situar en vanguardia de las organizaciones políticas; y digo vuelva, porque durante la Transición, los entonces jóvenes dirigentes socialistas supieron resolver la tensión entre la conservadora dirección en el exilio y unos líderes sociales que exigían cambios políticos para los que no estaba preparada la sociedad española. La respuesta en aquella ocasión no fue sólo programática: también organizativa.
Tienen razón los que dicen que con la gravedad que supone la corrupción y que los partidos políticos mucho tienen que ver en ella, con uno de cada cuatro españoles que quieren trabajar en paro y con unas instituciones que han renunciado a dotar de seguridad, cohesión y sentido de futuro a la sociedad, quizás deberíamos centrarnos en resolver el funcionamiento de la economía, el sistema financiero y las instituciones.
Es cierto que millones de familias esperan del Gobierno y de la oposición acuerdos sobre sus problemas, pero si los partidos no están a la altura que se les exige, no podremos resolver ninguno de los graves problemas de nuestro país.
Lo que necesitamos para salir de esta crisis no es menos política, sino mejor política y mejores partidos. Para lograrlo, debemos reformar por ley el funcionamiento de los partidos, que no es un asunto privado, sino de calidad democrática como exige la Constitución, sin que, en todos estos años de democracia, ninguna administración, incluida la de Justicia, haya velado por su cumplimiento.
Ni siquiera el uso de los fondos con los que los partidos se nutren, mayoritariamente públicos, ha estado sometido a control por órgano independiente alguno, haciendo posible los episodios de corrupción más vergonzantes. Los partidos no sólo deben ser democráticos y transparentes, también tienen estar sometidos al control y la regulación pública, y no únicamente al arbitrio de quienes han sido elegidos o aspiran a serlo. Lo que ha funcionado en la Iglesia católica, aquello de que los cardenales eligen al papa y éste a los cardenales, no es democracia.
Un ciudadano inquieto que se rebele ante la situación no tiene nada que hacer en una organización política. Las cúpulas de los partidos, como medio para evitar la inestabilidad política adoptaron, por omisión, dejar vacía de contenido la Ley de Partidos Políticos de 1978.
En la práctica se dejó la puerta abierta a la autorregulación de los mismos, lo que ha llevado a la falta de transparencia y de democracia interna, y a la cooptación como método principal para determinar las carreras políticas, y para la elaboración de las listas electorales. Esto ocurrió ya en la Transición: la célebre frase de Alfonso Guerra “el que se mueve no sale en la foto”.
Tal vez sea ésta la razón de fondo por la que la clase política española no sea todavía capaz de articular respuestas creíbles, ni a la crisis económica ni para llegar a acuerdos que puedan evitar el caos.
Hay que empezar por rediseñar los partidos políticos. Como se hace en los países constitucionalmente más avanzados, los partidos no deben autorregularse, sino que deben estar regulados desde fuera, por la ley. Los partidos son entidades especiales que tienen el monopolio de la representación política y que se financian principalmente con fondos públicos. La Ley de Partidos debería exigir a las organizaciones políticas transparencia y una mejor democracia interna con el fin de fomentar el debate, la circulación de ideas e incluso la división de poderes con plena competencia entre diversos órganos. Esto hay que cambiarlo y es imposible desde dentro, las cúpulas se resisten, hay que hacerlo desde fuera por iniciativa ciudadana, ¡pero ya!
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