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El vertedero de la vergüenza

Vaso 1-2 del vertedero de Abanilla

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Se ha producido, por fin, el cierre definitivo del vertedero de residuos sólidos urbanos de la planta de Abanilla-La Murada, paradigma de una época de depredación del medio ambiente y corrupción. Con las obras de sellado del vaso 0 del vertedero, se ha procedido a la clausura definitiva de esta instalación ubicada entre Alicante y Murcia, aunque no todo es motivo de alegría, puesto que se necesitará el control de los lixiviados en los próximos treinta años. Por otro lado, el riesgo de fuga de lixiviados en un vaso dañado del vertedero ha obligado a repararlo de emergencia.

Las obras de sellado se iniciaron en el año 2015, al ser declarado ilegal en 2011 por la Comunidad Autónoma, tras la denuncia de Ecologistas en Acción. Los trabajos de sellado del vertedero, ubicado en el paraje La Solana (espacio protegido dentro de la Red Natura 2000), fueron hechos mediante una resolución de ejecución forzosa subsidiaria de los Gobiernos murciano y valenciano, ante la situación provocada por la empresa Proambiente. Las actuaciones de sellado han tenido un coste cercano a los 9 millones de euros, de los que más de seis millones y medio de euros los pagará Murcia y el resto la Comunidad Valenciana. Las actuaciones consisten en la extensión de una capa de material arcilloso de 40 cm, una cobertura de tierra vegetal de un metro, enriquecida superficialmente con compost y siembra de semillas de especies autóctonas, así como la ejecución de sus correspondientes cunetas y bajantes para las lluvias. La ciudadanía de esta Región ya lleva pagados 3,3 millones de euros en las obras del vertedero de Proambiente, cifra que nunca recuperaremos por la actitud de pasividad del Gobierno regional durante más de una década.

El cierre de la planta de RSU, pone fin a décadas de movilizaciones y denuncias de vecinos de la asociación Vertivega y Ecologistas en Acción de Alicante y Murcia por vertidos en esta planta que se utilizaba para enterrar la basura sin ningún tipo de tratamiento a un precio más barato que la competencia y que estuvo gestionada por Proambiente, de Ángel Fenoll, empresario investigado en una de las primeras ramas del caso Brugal, hasta su absolución en 2020.

El consejero Antonio Luengo dice que se restituye por completo la legalidad ambiental. De lo que no ha querido hablar es de la investigación abierta a su consejería por la Fiscalía de la Región de Murcia por presunto delito medioambiental, por la pérdida de lixiviados. Tampoco ha aclarado si las administraciones pedirán que los terrenos pasen a dominio público. Es una falta de respeto a la opinión pública que el consejero diga que los 6.300.000 euros que cuesta el mantenimiento y la gestión de los lixiviados los va a sufragar el administrador concursal cuando la empresa hace años que dio en suspensión de pagos y no se le ha podido rescatar ni un céntimo. ¿Adivinan quién pagará este desaguisado? ¿La administración regional asumirá alguna responsabilidad?

Este despropósito que la consejería ha permitido desde 1999, mirando hacia otro lado, ahora le quiera cargar la responsabilidad al Gobierno central pidiéndole que asuma algo de lo que no tiene la competencia. A pesar de los gestos de prestidigitación del consejero Luengo, la inversión hecha para llevar a cabo las obras de reparación de las balsas la acabarán pagando la ciudadanía. Vecinos y ecologistas han reclamado en multitud de ocasiones la manera de restitución a las arcas públicas de los 10 millones que nos ha costado y costará al contribuyente tal chapuza, a menos que le embarguen la propiedad para que esta inversión no se haga en terrenos privados, que mañana, o dentro de unas décadas, alguien puede reclamar como propio.

La Generalitat Valenciana y el Gobierno Regional están personados en varios procesos judiciales en contra de la mercantil infractora dueña del vertedero, que se desarrollan con una lentitud pasmosa y que es necesario que se agilicen por el bien de los intereses ciudadanos y para intentar revertir los costes que han supuesto para todos la ciudadanía. Necesitamos también esa coordinación en las acciones judiciales que puedan revertir los gastos en este contexto para salir del círculo de que los beneficios son privados y las pérdidas las asume toda la ciudadanía.

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9 de septiembre de 2021 - 06:00 h

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