Urralburu asegura que el registro demuestra que el contrato de ACS con la Comunidad es “ilegal”
El secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, aseguró este martes que la intervención de la UDEF en la desalinizadora de Escombreras muestra que el modelo de gestión de la planta “va en contra del interés público” y que el contrato de arrendamiento entre el Gobierno regional y el grupo ACS es “ilegal”.
Urralburu declaró a los medios de comunicación que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción tiene que aclarar la gestión de la planta, que está arrendada por la Comunidad Autónoma al grupo ACS, y cuya puesta en marcha está siendo investigada por dos juzgados de la Región de Murcia y por una Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Regional.
A juicio del líder regional de Podemos, las pesquisas judiciales demuestran que “no se puede pagar con dinero público un interés privado”.
Urralburu hizo estas declaraciones momentos antes de registrar en el Ayuntamiento de Cartagena un escrito en el que pide la nulidad del contrato de gestión del servicio de suministro de agua potable al municipio por parte de Hidrogea.
Antonio Urbina insiste en los 600 millones de deuda
El diputado de Podemos, Antonio Urbina, deseó a las unidades policiales que entraron a registrar este martes las instalaciones de la desaladora de Escombreras, “la máxima suerte” en la búsqueda de documentos.
Según dijo, si durante el registro se encuentra “lo que en la comisión de investigación ya constituye indicios de delito importante, supondrá que podamos librarnos de una carga financiera de 400 millones de euros”.
Añadió que a ese importe habría que descontarle los 100 millones que ya se han pagado por la infraestructura, por lo que “nos harían poder ser dueños de la desaladora”.
Entre los indicios de delito que se constataron en la comisión, según el parlamentario, cabe destacar el de responsabilidad contable por haber firmado unos contratos “a sabiendas de que son asimétricos y que causan un gran perjuicio a las arcas públicas”.
Urbina aseguró que se compró una desaladora que costaba 100 millones de euros y que se comprometieron a pagar por ella 600 millones, “esto lleva aparejada esa responsabilidad contable”.
Aparte de eso expone que hay cartas de aval que firma el gerente del Ente Público del Agua (EPA) amparado en una reforma de la ley que se hace “exprofeso para que pueda firmarlo”.
Explicó que esto supone que la Comunidad respalde el aval de una empresa privada a otra empresa privada que es la que puso en marcha la planta y que reciba mediante una carta del EPA un aval público que compromete más de 100 millones de euros “sin pasar por Consejo de Gobierno ni pedir informe a la intervención”.
