El Gobierno de España habilita nuevas ayudas al alquiler para los afectados por el seísmo de Lorca en 2011
El Ministerio del Interior ha remitido a la Comunidad Autónoma el nuevo convenio de ayudas al alquiler para los afectados por los terremotos de Lorca, que supone una prórroga del anterior, firmado al amparo del Real Decreto Ley 6/2011 de 13 de mayo, por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos del 11 de mayo de ese año.
El Gobierno de España desbloquea así unas ayudas que estaban paralizadas al haber concluido el periodo de vigencia de seis años acordado en el anterior convenio y que supondrá una aportación total de diez millones de euros en las anualidades 2018 y 2019 financiadas al 50% por el Ejecutivo central y la Comunidad Autónoma.
“España muestra su compromiso y sensibilidad con nuestra Región en general y con los vecinos de Lorca en particular”, ha explicado Diego Conesa, delegado del Gobierno en Murcia. Teniendo en cuenta que siguen en curso actuaciones de reconstrucción y, por tanto, ayudas pendientes de concesión y pago, el delegado ha calificado este nuevo convenio de “imprescindible”. Asimismo, Conesa ha indicado que el acuerdo ya es una realidad, tras haberse realizado desde Interior los pertinentes trámites con la Secretaría General Técnica del Ministerio, la Abogacía del Estado y el Ministerio de Hacienda.
Las ayudas se concederán previo informe técnico conformado por la Consejería de Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que acreditará el alcance de los daños producidos en el inmueble que obliga a su desalojo e informe técnico conformado por el Ayuntamiento de Lorca sobre los enseres que deben ser objeto de reposición.
Encierros por embargos en el Ayuntamiento de Lorca
Más de siete años después del terremoto de mayo de 2011, en el que perdieron la vida nueve personas, la Región de Murcia ha reclamado a miles de ellos que devuelvan las ayudas concedidas para rehabilitar sus viviendas por un importe total de 2,5 millones de euros. En las últimas tres semanas se ha embargado al menos a tres personas, aduciendo que no entregaron toda la documentación necesaria en virtud de la Ley General de Subvenciones.
