El TSJ de Murcia necesita más personal para investigar casos de corrupción
El vocal del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) Juan Martínez Moya, aseguró este lunes que este órgano, a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), pidió al Ministerio de Justicia que recabe más medios materiales y humanos para las investigaciones de los juzgados murcianos sobre corrupción.
Tras visitar a la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, Martínez Moya señaló que la Sala de Gobierno de este órgano judicial murciano emitió un informe al CGPJ para que se refuercen los juzgados que están investigando macroprocesos por corrupción.
El expresidente del TSJ de Murcia afirmó que la Unidad de Atención para las Causas de Corrupción del CGPJ está “dando respuesta” a las peticiones de estos órganos judiciales de la Región, para lo cual pidió al Ministerio de Justicia que ponga más medios y, especialmente, “jueces de apoyo” a estos juzgados.
El vocal del CGPJ puso esta petición en el contexto de la necesidad que tienen los juzgados y tribunales de la Región de más personal, poniendo especial atención en los juzgados de Primera Instancia y de Lo Social, que han visto incrementadas sus cargas de trabajo desde que empezó la crisis económica.
En este sentido, Martínez Moya recordó que el CGPJ elaboró un Plan de Redimensionamiento de la Planta Judicial, en el que se cuantifica en 23 el mínimo de unidades judiciales nuevas que requiere la Región de Murcia, al tiempo que abogó por comarcalizar y especializar órganos judiciales, sobre todo los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con el objeto de dar un mejor servicio ciudadano.
Finalmente, apostó por que el Ministerio de Justicia lleve a cabo la Ciudad de la Justicia de Cartagena, al tiempo que se puso a disposición de la Asamblea Regional para que personal del CGPJ o del TSJ ayuden a redactar los nuevos capítulos sobre Justicia en la reforma del Estatuto de Autonomía que se está tramitando en la Cámara, entre los que apuntó la posibilidad de incluir que los representantes del Poder Judicial rindan cuentas de su labor ante los diputados autonómicos cada año.
