Piden una nueva ley de Radiotelevisión para la Región de Murcia
En su informe, la PDAMP señala que “las deficiencias, desidia y el poco rigor de la actual normativa impide que la radiotelevisión pública cumpla con su función de servicio público”, y lo acompañan de una proposición de ley. Según este colectivo, “la primera deficiencia de la ley actual es la ausencia de misiones de servicio público”.
Se trata, aseguran, de “una ley que está lejos de asumir que la oferta global audiovisual que tiene la misión de difundir, debe satisfacer las necesidades democráticas, culturales y educativas del conjunto de la sociedad, y que está lejos de querer desarrollar el enorme potencial educativo de la radio y televisión pública, cuya programación debería promover valores educativos relacionados con todos los ámbitos formativos y del conocimiento, difundiendo contenidos de índole educativo para todos los segmentos de la sociedad murciana que estimulen un uso saludable de la televisión, potenciando la creatividad y una actitud crítica”.
Y prosiguen: “La ley actual de RTRM está lejos de garantizar el reconocimiento pleno, efectivo, del derecho universal a estar informados y a comunicar que tienen todas las personas, para lo que es necesario diseñar una programación que posibilite el ejercicio del derecho de acceso de los grupos sociales, de un modo amplio e inclusivo”. “Su negación práctica es una forma de impedir la libertad de expresión”, añaden.
La plataforma clama por la existencia de un Consejo de Informativos “que vele por una información independiente, contrastada, plural y veraz”, y que sirva “como órgano de participación de los profesionales de la información de RTRM”, así como de un Consejo Asesor “como órgano de participación de la sociedad para asesorar a RTRM en materia de orientación sobre las líneas y estrategias de programación y contenidos o derecho de acceso”.
“En los actuales órganos rectores de dirección y administración de RTRM, los mecanismos de dependencia gubernamental y los criterios políticos están por encima de los profesionales”, afirman, y añaden que “el Director General de RTRM es elegido y cesado por el Gobierno, por lo que su independencia y neutralidad política es nula para ejercer sus funciones de dirección ejecutiva ordinaria”.
A juicio de este colectivo, “el pluralismo es un derecho ciudadano y sus mecanismos de funcionamiento deben garantizar, por principio, la independencia ante el poder político”, algo que se solucionaría “despolitizando al máximo todos los órganos de dirección de RTRM, para garantizar una independencia y autonomía máximas”. “Pero también conviene perfilar los criterios que deben aplicar estos órganos, para reflejar adecuadamente el pluralismo en la línea editorial de la programación de RTRM, añaden, enumerando que ”a unas atribuciones escasas y no ejecutivas del Consejo, hay que añadir la no selección de las personas con cualificación y experiencia profesional, que posean la predisposición y la calidad necesaria para ejercer el cargo, junto con la capacidad para asumir la idea de servicio público y romper las dinámicas partidistas“.
Según la PDAMP, una ley como la actual, “que impone la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual autonómico de televisión por una empresa privada, deja en sus manos la información, le ofrece manga ancha legal para actuar con opacidad y discriminación en la contratación de las empresas productoras, permite una red clientelar financiada con fondos públicos e impide que 7RM pueda cumplir realmente con la obligación de impulsar el desarrollo industrial del sector audiovisual regional y crear empleo -directo e indirecto- estable y de calidad”.
“No hay disfraz ni fingimiento que pueda ocultar largo tiempo el desinterés porque RTRM cumpla el propósito de servir al interés público y de buscar la rentabilidad social, cuando el articulado de la propia ley indica que ese interés no existe”, insisten, y concluyen que “para resolver todas estas deficiencias y carencias es necesario cambiar con urgencia y amplitud la ley de RTRM”, una norma que entre otras cosas, “propicie la transparencia con una información plural, independiente y veraz que, además, debe posibilitar tres tipos de control: el control parlamentario, el control del cumplimiento de la función de servicio público, y el control presupuestario y financiero”.
