La ausencia de legislación autonómica tumba la modificación de Lorca para alejar las casas de apuestas de los centros educativos

En Lorca, los salones de juegos triplican la media nacional. Mientras que en la mayoría de localidades españolas suele haber un local de este tipo por cada 13.000 habitantes, en este municipio, el tercero más poblado de la Región de Murcia, hay uno por cada 4.000. En algunos barrios, los locales de apuestas se han convertido en el primer negocio que los jóvenes ven al salir del instituto, mientras que para acceder a un centro polideportivo o una biblioteca deben caminar kilómetros.

La ubicación de estos locales junto a centros educativos hace años que encendió todas las alarmas. Especialmente en una región donde más de 7.000 menores ya apuestan diariamente, según un informe del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia (UMU). Es la heroína del siglo XXI. Una industria que mueve 373 millones de euros anuales en este territorio, con base en los datos aportados por el Consejo Empresarial del Juego (CeJuego).

Para muchos padres y educadores la cercanía de salones de apuestas y juegos de azar tan cerca de donde se forman los jóvenes normaliza una actividad que puede ser especialmente dañina para personas jóvenes y vulnerables.

Especialistas en salud mental y adicciones también han advertido en numerosas ocasiones del riesgo que supone la exposición temprana al juego para los jóvenes. Numerosos estudios apuntan a que el juego puede convertirse en un grave problema para una proporción significativa de personas jóvenes con edades clave comprendidas entre los 14 (que es la de iniciación) y los 25 años.

Las adicciones al juego no solo implican pérdidas económicas, sino que están asociadas a trastornos de ansiedad, deterioro de relaciones personales y trastornos emocionales profundos, especialmente cuando el juego se vincula a entornos familiares con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

El psicólogo clínico especializado en trastornos de conducta y patología dual en adolescentes, Jordi Royo i Isach, explica los primeros signos de ludopatía en los jóvenes: “Suele haber un cambio de comportamiento, que incluye la irritabilidad o ansiedad cuando no pueden jugar. También mienten sobre el tiempo y el dinero invertido en apostar, y pierden el interés por otras actividades, de modo que el juego se convierte en su principal fuente de ocupación, dejando de lado los estudios y otras aficiones y aislándose de su entorno”.

Para este especialista, los casos más graves pasan por llevar a cabo conductas arriesgadas, incluidos delitos, para conseguir dinero para jugar. Hay un dato aún más alarmante: el 20% de los jugadores patológicos intentarán suicidarse durante su vida, como recuerda la reconocida psicóloga especializada en Psicología Clínica y Conductas Adictivas, Sara Meca.

Focos de conflictos e inseguridad

Para muchos vecinos de Lorca, estos establecimientos no solo representan una amenaza social, sino también un foco de inseguridad, ruido y desorden en barrios que, por otra parte, siguen pendientes de inversiones en espacios deportivos, culturales o de ocio juvenil.

Carmen L. vive frente al Instituto de Educación Secundaria (IES) José Ibáñez Martín. Justo enfrente de la puerta de acceso a este centro educativo hay un salón de juegos. “Se ha vuelto insoportable vivir aquí. Hay peleas constantes, gritos de madrugada, o consumo de alcohol y drogas en las inmediaciones de nuestros portales, donde también hacen sus necesidades los usuarios de este local”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia. “He perdido la cuenta de las veces que ha venido ya la policía para disolver reyertas”, relata otra vecina. “Queremos poder vivir tranquilos. Este tipo de locales deberían estar donde no generen problemas”, añade un comerciante de la zona.

Los residentes afectados y también la comunidad docente de este instituto y de otro próximo, el IES Francisco Ros Giner, llevan meses recogiendo firmas entre familias y alumnado. De momento, no hay respuesta a sus reivindicaciones.

El intento de regulación y la respuesta judicial

Parte de la proliferación de salones de juego en Lorca se explica por una ausencia de legislación autonómica ambiciosa. A día de hoy, la normativa de la Región de Murcia no contempla distancias mínimas obligatorias que impidan que estos locales se ubiquen cerca de colegios o institutos. Esto deja a los municipios como Lorca con pocos instrumentos regulatorios efectivos, obligándolos a recurrir al planeamiento urbanístico —como el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO)— para intentar limitar la expansión del juego.

Así, en el año 2020, desde el Grupo Municipal de IU-Verdes, en la oposición en el Ayuntamiento de Lorca, se empezó a trabajar en una propuesta de modificación del PGMO que suscitara el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en el pleno municipal que debía aprobarla. Y se consiguió.

En enero de 2023, todos los partidos acordaron esta reforma del PGMO para establecer distancias claras: 1.000 metros entre salones de juego y 500 metros respecto a centros educativos, sanitarios, deportivos o culturales. El objetivo era proteger a la ciudadanía y, especialmente, a los más jóvenes, de la ludopatía. Con la adopción de las nuevas distancias, en la práctica, en Lorca ya no podrían abrirse más locales de juego.

Sin embargo, la medida chocó con la justicia. Hace unos días, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) anuló esta reforma urbanística.

La sentencia estimó el recurso presentado por varias empresas del sector del juego argumentando que la medida municipal no contaba con justificación técnica ni legal suficiente para imponer distancias más restrictivas que las fijadas por la normativa de la comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia principal en materia de juegos y apuestas.

Según el TSJRM, el Ayuntamiento había excedido los límites al endurecer las condiciones sin un respaldo sólido que explicara por qué eran necesarias esas distancias más amplias. En resumidas cuentas, mientras la Asamblea de Región de Murcia siga sin aprobar distancias mínimas obligatorias, los municipios seguirán con las manos atadas para abordar este problema de salud pública.

En septiembre de 2018, el presidente Fernando López Miras (PP) anunció un decreto para establecer una distancia mínima entre centros educativos y salones de juego. Ocho años después, esa iniciativa está “completamente paralizada”, como denuncia José Luis Álvarez-Castellanos, diputado regional de Izquierda Unida-Verdes, quien acusa al mandatario murciano de “plegarse a los intereses de la patronal del juego”.

Álvarez-Castellanos explica las claves: “En la Región de Murcia, cuando los propietarios de los salones de juegos renuevan las licencias, la administración vuelve a tener en cuenta las condiciones iniciales existentes en el momento de su concesión, y no las nuevas derivadas de cambios normativos, que es lo que exige el artículo 7.2 de la Ley regional del Juego y las Apuestas”, que establece que las condiciones para la renovación de las licencias son las vigentes en el momento de su solicitud. Si se aprobaran distancias mínimas a centros educativos —como sucede en la mayoría de las autonomías españolas—, muchas casas de apuestas “tendrían los días contados”. Por eso, “el Gobierno regional decidió paralizar el asunto y dejarlo morir en un cajón”, denuncia el parlamentario de IU-Verdes.

Regulaciones autonómicas frente a la “barra libre” en Murcia

El debate abierto en Lorca no es una excepción en España. En los últimos años, varias comunidades autónomas y algunos grandes municipios han endurecido su normativa para alejar los salones de juego y casas de apuestas de los centros educativos, sanitarios y espacios frecuentados por menores, precisamente para frenar la ludopatía juvenil.

El caso más citado es el de la Comunidad Valenciana, pionera en este tipo de regulación. Desde 2020, su ley autonómica exige una distancia mínima de 850 metros entre los locales de juego y centros educativos, sanitarios o deportivos, además de imponer separación entre los propios salones. La medida supuso, en la práctica, un freno casi total a nuevas aperturas en zonas urbanas consolidadas, tal y como se pretendía en Lorca.

Otras regiones han seguido ese camino, aunque con distancias más moderadas. En Castilla y León, una reforma legal aprobada en 2023 amplió de 100 a 150 metros la distancia mínima respecto a colegios e institutos, y fijó hasta 300 metros entre establecimientos de juego, con el objetivo de evitar la concentración en barrios concretos. Andalucía también establece actualmente una distancia de 150 metros para nuevos locales, mientras que Canarias dio un paso más en 2024 al elevar esa separación hasta los 300 metros.

En grandes áreas urbanas, el debate ha sido aún más intenso. Barcelona, por ejemplo, aprobó un plan especial que fijaba 800 metros de distancia respecto a centros educativos y otros equipamientos sensibles. Aunque parte de esa regulación fue posteriormente anulada por los tribunales, el caso ilustra hasta qué punto algunos ayuntamientos han intentado utilizar el urbanismo como herramienta de salud pública ante la falta de respuestas más contundentes desde otros niveles administrativos.

A las puertas de una batalla jurídica y política en Lorca

La anulación del plan ha provocado reacciones políticas y sociales en Lorca. El PSOE local, a través de su portavoz Isabel Casalduero, ha reclamado públicamente que se recurra la sentencia y se agoten todas las vías judiciales para defender la normativa aprobada en 2023.

Casalduero sostiene que permitir que los salones de apuestas puedan instalarse frente a institutos, centros de salud o zonas sensibles es “incomprensible” y que la polémica no debe quedarse en un debate técnico: “La ludopatía destroza vidas, familias y proyectos vitales cada día. Lo mínimo que podemos hacer es alejar estos focos de adicción de los más vulnerables”, ha declarado.

Vecinos, familias y asociaciones también reclaman una legislación autonómica que fije distancias, límites y controles efectivos, así como programas educativos en escuelas e institutos, campañas de prevención y el impulso de alternativas de ocio saludable para los jóvenes.

Mientras tanto, la ciudad se prepara para una batalla jurídica y política que definirá si la protección de la ciudadanía ocupará un lugar prioritario frente a los intereses de los operadores del juego o si, por el contrario, la normativa actual seguirá alentando su expansión sin freno, permitiendo que estos locales sigan abriendo más puertas en el corazón de los barrios y cerca de los centros que deberían proteger el futuro de la juventud.