La Comunidad murciana, tercera región donde más crece la tasa de autoprohibición de juego con un 23 por ciento

La Región de Murcia es la Comunidad donde más creció el porcentaje de personas que se prohibieron a sí mismas jugar por internet con un 23 % en 2020, lo que supone el doble de la media nacional, al pasar de 2.091 a 2.572, 481 más, las que pidieron su exclusión al inscribirse en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ). Un total de 6.042 personas lo hicieron en toda España, un 12,02 % más que en 2019, hasta alcanzar los 56.329 inscritos el 31 de diciembre.

Estos son algunos de los datos que maneja la Dirección General de Ordenación del Juego, que depende del Ministerio de Consumo, en relación a las personas que han decidido dar el paso a inscribirse en este registro de autoprohibidos para que se les impida acceder a esta actividad. Andalucía, con 13.811 personas excluidas del juego, es la comunidad con más inscrito en el listado de autoprohibidos: uno de cada cuatro del total de España. Con 13.811 personas excluidas del juego, Andalucía supone el 24,52 % del conjunto estatal, y le siguen la de Madrid (17,03 %) y Aragón (9,32 %).

Sin embargo, la comunidad autónoma que más ha crecido a lo largo del año pasado es Baleares, que ha visto incrementado en un 56,9 % el número de personas autoexcluidas respecto a 2019. Después se sitúan Castilla-La Mancha (23,56 %) y Murcia (23 %).

Por el contrario, las comunidades autónomas con un menor crecimiento relativo son Aragón (6,64 %) y Castilla y León (9,76 %).

Por provincias, Cuenca es la que experimenta un mayor crecimiento, al pasar de 103 registros en 2019 a 145 en 2020 (40,78 %) y le siguen Tarragona (39,63 %), Teruel (34,06 %), Segovia (28,45 %), Ciudad Real (24,76 %) y Lugo (24,19 %). Las provincias que muestra un menor crecimiento relativo son Sevilla (4,41 %), Zaragoza (5,55 %), Huelva (5,61 %), León (5,63 %) y Granada (6,10 %).

¿Qué es el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego?

Muchos se preguntan en qué consiste este Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y cómo se puede dar de alta uno en él: es una de las medidas de protección que existen en España cuando una persona detecta su adicción al juego. La inscripción en el registro de autoprohibidos permite que las personas con esa adicción se 'blinden' de alguna forma para no volver a caer a jugar de forma compulsiva.

Al darse de alta, la administración y las empresas imposibilitan la entrada a portales online donde se puede apostar, y en esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos de esta acción compulsiva del juego.

Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. La base de datos que depende del Ministerio de Consumo impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las comunidades autónomas.

El RGIAJ sólo muestra los datos de personas que se autoexcluyen del juego online de ámbito estatal y no existe una conexión (a excepción de Castilla-La Mancha) con los registros de las autonomías sobre el juego presencial. En la práctica supone que una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no puede acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida.

De la misma forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no puede acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí puede hacerlo en otra, según precisa Consumo. El Gobierno ahondará en la necesidad de un juego responsable y seguro en el Real Decreto en el que está trabajando y del que ya existe el primer esbozo de borrador, al que ha tenido acceso Efe.

La intención de Consumo es trabajar conjuntamente con el Consejo Asesor del Juego Responsable, en el que están presentes los operadores del juego, las asociaciones de jugadores rehabilitados y representantes de la Universidad. Según se señala en el proyecto de Real Decreto, “resulta perentorio, en el momento actual del mercado de juego online de ámbito estatal, establecer un marco normativo de obligado cumplimiento para los operadores que suponga un refuerzo y promoción de pautas de juego responsable o seguro”.

Un marco, añade, por el que “se garantice el desarrollo de patrones de consumo saludable y se evite el desarrollo de comportamientos que pudiesen derivar en problemas en la esfera personal, familiar y patrimonial de los usuarios, con particular atención en aquellos grupos de consumo más intensivo o de consumo de riesgo.

El anterior Real Decreto que limita la publicidad sobre el juego online, aprobado en noviembre, sólo se refería a esta cuestión en su apartado sobre el principio de juego seguro: quedará prohibido que las comunicaciones comerciales de los operadores del juego se dirijan específicamente a personas autoprohibidas o autoexcluidas.