Más de una década de contaminación del río Vélez acaba con sanción de 841.000 euros para el Ayuntamiento de Vélez-Rubio
Apenas un mes después de que elDiario.es señalase el grave episodio de contaminación que afecta al río Corneros-Vélez, en el tramo que discurre entre Vélez-Rubio (Almería) y Lorca (Región de Murcia), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha impuesto una histórica sanción de 841.799,97 euros al ayuntamiento de la localidad almeriense, lo que representa un 13 % del total de su presupuesto municipal.
El acuerdo fue adoptado el pasado 16 de septiembre por el Consejo de Ministros, después de que el MITECO pusiera encima de la mesa un expediente que califica los hechos como “infracción muy grave” de la Ley de Aguas, y en el que se recogen hasta 22 actas de inspección y análisis elaborados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre 2017 y 2024.
La sanción obliga al consistorio a pagar 500.000,01 euros de multa y 341.799,96 euros de indemnización por los daños ocasionados al dominio público hidráulico por el vertido indiscriminado de aguas fecales e industriales a este cauce, sin autorización alguna, que comenzaron hace trece años.
Los técnicos de la CHS han constatado que los vertidos han deteriorado gravemente la rambla de Chirivel —afluente del Vélez—, con filtraciones a acuíferos, proliferación de algas y pérdida de oxígeno, lo que ha afectado a la biodiversidad y a los usos agrícolas y ganaderos de la comarca.
Absolución judicial frente a la contundente sanción administrativa
El anuncio llega apenas un año después de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, que absolvió al alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez Carlón Manchón (PP), y al concejal de Medio Ambiente, procesados por un delito contra el medio ambiente por estos mismos vertidos.
La Fiscalía pedía tres años de prisión para ambos, pero la magistrada concluyó que, aunque existen daños ecológicos evidentes, la responsabilidad no puede recaer en los cargos municipales dado que la única solución para evitarlos era la construcción de una nueva depuradora, competencia, según la sentencia, de otras administraciones.
El contraste entre la absolución penal y la contundencia de la sanción administrativa refuerza las denuncias recogidas por elDiario.es Región de Murcia en su investigación. Pese a más de una década de vertidos, los análisis de las aguas, con cargas elevadísimas de Escherichia coli (E. coli) —un indicador específico de contaminación fecal reciente—, y los informes técnicos que alertaban del daño, la justicia había dejado sin responsables penales el vertido continuado de las aguas negras de los 8.000 habitantes de Vélez Rubio, lo que ha degradado un ecosistema fluvial clave en la comarca.
El municipio no cuenta con estación depuradora de aguas residuales (EDAR) desde 2012, cuando la riada de San Wenceslao dejó inutilizada esta instalación, que había sido construida en una lámina inundable de la Rambla del Chirivel, en el conocido como paraje El Espadín.
A pesar de lo afirmado en la sentencia, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que, entre las competencias de las entidades locales, se encuentra la ejecución de los proyectos de obras de las redes de saneamiento y de las EDAR, debiendo financiarse con cargo a sus fondos.
A pesar de ello, la Junta de Andalucía declaró de interés autonómico la construcción de la nueva depuradora de Vélez-Rubio y se comprometió a financiar las obras. Para ello, impuso un canon autonómico al consistorio, que, a su vez, se lo cobraba a los vecinos a través del recibo de agua.
Resulta llamativo que, en la sentencia, queda probado que la Junta de Andalucía jamás recibió del consistorio ese canon finalista impuesto para hacerse cargo de la construcción de la nueva depuradora: ni se transfirió a la comunidad autónoma durante años ni el ayuntamiento lo destinó a lo que estaba obligado. Sin embargo, en los fundamentos de su sentencia, la magistrada Ana María Fernández señala que esa cuestión no tiene nada que ver con el delito enjuiciado.
Un municipio sin depuradora desde hace 13 años
La paradoja se completa con el anuncio, el mismo día de la sanción, de la licitación por parte de la Junta de Andalucía de tres nuevas depuradoras para la comarca de Los Vélez, con una inversión de más de 10,6 millones de euros. Una de ellas se ubicará en Vélez-Rubio.
La misma para la que hace cinco años, en febrero de 2020, la Junta de Andalucía formalizó un contrato por valor de 52.359 euros con Ibervias Ingenieros, S.L. para la redacción del proyecto de construcción.
Un retraso administrativo denunciado en numerosas ocasiones por vecinos, Ecologistas en Acción e Izquierda Unida. Para el portavoz de la plataforma ciudadana ‘Salvemos el río Vélez’, José Antonio Alcaraz, “se ha permitido que el río muera lentamente y, al final, el castigo económico será para los ciudadanos, que pagarán por la desidia y la inacción de sus representantes políticos”.
El pulso entre justicia y ecología
La multa del MITECO abre un debate incómodo: mientras la justicia penal ha exonerado a los responsables políticos, la vía administrativa reconoce un daño “muy grave” al dominio público hidráulico y exige compensaciones de cientos de miles de euros.
Para las organizaciones ambientales, el caso ejemplifica la brecha entre los tiempos judiciales y la urgencia ecológica (el caso ha estado atascado en el juzgado durante seis años), con un río convertido en símbolo de la desprotección ambiental en el sureste peninsular.
El Ayuntamiento de Vélez-Rubio ya ha anunciado que presentará un recurso potestativo de reposición y que, si este es desestimado, acudirá a la vía contencioso-administrativa. En declaraciones a EFE, el alcalde ha asegurado que “nos absolvieron penalmente porque era evidente que sin depuradora no podíamos evitar los vertidos”.
Por su parte, la coordinadora provincial de Izquierda Unida, María Jesús Amate, ha lamentado que “la dejadez de las instituciones” tenga como consecuencia un coste que recaerá sobre los vecinos de Vélez-Rubio, que llevan años pagando, a través del recibo del agua, un canon para financiar la futura depuradora. Amate también ha reclamado medidas provisionales urgentes para frenar la contaminación hasta que se ejecute la nueva EDAR.
De momento, la sanción millonaria del Ministerio no devolverá la vida perdida al río, pero sí servirá para que se agilicen los procedimientos administrativos necesarios para construir y poner en servicio la nueva depuradora.
La incógnita es si el ecosistema será capaz de recuperarse tras más de una década de contaminación crónica. Para los vecinos, la sanción es un golpe a las arcas municipales; para los ecologistas, es apenas un recordatorio oficial de lo que ya sabían: que la desidia institucional ha condenado a un río entero a una lenta agonía.
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