La Región de Murcia, la comunidad con mayor número de víctimas de violencia machista
Murcia es la región española con mayor número de víctimas de violencia machista por cada 100.000 habitantes, 19,7, según los datos del primer trimestre de 2021 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La media nacional es de 14,2 y también la superan Baleares (18,5), Comunitat Valenciana (18,3), Canarias (18,2), Andalucía (16,1) y Madrid (15,6), mientras que las proporciones más bajas se registraron en Castilla y León (9,6), Aragón (10) y Extremadura (10,1).
Hubo en Murcia 1.491 denuncias, por 1.499 en el mismo período de 2020, y se acordaron 222 órdenes de protección de las 281 solicitadas, mientras que 205 víctimas se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar.
Las órdenes de protección adoptadas por los juzgados para las víctimas de violencia machista descendieron en España un 13,6 % en el primer trimestre del año: tan sólo se acordaron 6.568 de las 10.506 solicitadas, un 62 %, frente a las 7.607 adoptadas en el mismo periodo del año anterior, cuando el porcentaje fue del 71,7 %.
El informe hecho público este lunes destaca el descenso de la concesión de las órdenes de protección, así como el de las denuncias por violencia machista (se presentaron un 3,21 % menos) y el número de víctimas (un 1,38 % inferior).
La tendencia a la baja de esos indicadores responde aún, según el CGPJ, a los efectos de la crisis sanitaria.
El mayor descenso se registra en la concesión de órdenes de protección: las órdenes solicitadas bajaron un 1 % (10.506 frente a 11.515 del primer trimestre de 2020), pero el número de adoptadas se situó en una tasa del 62 % -una caída de más del 13 %- cuando la media venía superando el 70 % del total de las solicitadas.
Hay que tener en cuenta que el número de órdenes solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, especializados, fue un 10,36 % menor que en el primer trimestre del 2020, lo que podría explicar en parte ese descenso acusado en las concesiones.
La disparidad territorial a la hora de dictar órdenes de protección es un asunto del que la Fiscalía General del Estado lleva años alertando: mientras en algunos partidos judiciales se conceden más del 90% de las medidas, en otras apenas supera el 50%.
En contraste a las órdenes de protección, el número de condenas no se resintió debido a los efectos de la pandemia: el 73,11 % de las 13.049 sentencias dictadas fueron condenatorias. El número de sentencias sí ha aumentado, un 13,3 %, debido a que el confinamiento domiciliario en marzo de 2020 ralentizó los procesos.
Los juzgados de menores enjuiciaron en el primer trimestre a 80 menores por delitos relacionados con violencia contra la mujer, un 6,6 % más, imponiendo medidas en un 85 % de los casos (nueve de cada diez agresores eran españoles).
MENOS DENUNCIAS, MENOS VÍCTIMAS
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, se presentaron 35.001 denuncias por violencia de género, un 3,21 % menos que en el mismo periodo del año anterior.
El 73,4 % las interpuso la propia víctima; el 13,25 %, la policía; el 8,27 %, fueron por parte de lesiones; el 2,83 % las interpusieron terceros y el 2,23 %, familiares de la víctima.
El número de víctimas también descendió, un 1,38 % hasta las 34.350. El 67,5 % son españolas y el resto, extranjeras.
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha explicado que estos descensos responden aún al reflejo “del efecto causado por la crisis sanitaria, donde las restricciones a la movilidad han supuesto un escollo más para las víctimas a la hora de dar el paso y denunciar”.
Carmona ha hecho hincapié en que la disminución de denuncias, víctimas y órdenes de protección “no supone un descenso real de la violencia machista” en España.
La responsable del Observatorio ha subrayado que el incremento de las víctimas mortales de la violencia de género desde el final del estado de alarma pone de manifiesto que “la violencia machista ha estado larvada durante la crisis sanitaria y con el regreso a nuestros hábitos previos a la pandemia se ha vuelto a mostrar con toda su crueldad.
“No podemos bajar la guardia”, ha dicho, y ha pedido que tanto instituciones como sociedad presten ayuda a todas las víctimas.
En el primer trimestre del año, un 10,31 % de las víctimas se acogió a la dispensa legal de declarar contra su agresor: 3.543 casos -un 4,83 % menos que en el mismo periodo de 2020- y de ellos, 2.126 eran españolas y las 1.417 restantes, extranjeras.
Las medidas judiciales penales de protección fueron de 17.667 (frente a las 18.952 del mismo periodo de 2020): en un 76,6 % de los casos se adoptaron órdenes de alejamiento; en un 69,4 %, prohibición de comunicación.
Por su parte, se dictaron 3.621 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal: un 20,14 % en relación con la prestación de alimentos, un 17,7 % con la atribución de la vivienda, un 4,38 % con la suspensión de la guarda y custodia de los hijos; un 3,89 % tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas.
Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 95 medidas específicas de protección de los menores para evitarles peligro o perjuicio.
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