Un profesor de la UMU afirma que la politización de la Justicia en España hace imposible el Estado de Derecho
Así se recoge en su obra de reciente aparición, en la que analiza, de manera especial, las “desviaciones normativas, jurisprudenciales y de los principios jurídicos de la independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”. “El poder judicial ha sido desviado de su nota determinante: la independencia; el ‘golpe’ parlamentario a ese principio constitucional asestado por el PSOE de modo tan inesperado como consciente en 1985, ha causado de modo directo como indirecto varios efectos”, explica Martínez Marín.
Uno de esos efectos, señala el profesor, “ha sido la endeblez institucional del poder Legislativo ante el Ejecutivo; sometido aquél a la voluntad de éste, las reformas del CGPJ han resultado ser las ocurrencias legislativas estériles y reiteradas de las mayorías parlamentarias de turno”.
Martínez Marín comenta igualmente que “los numerosos nombramientos de los altos cargos de la Administración de Justicia han sido realizados con el esperado criterio discrecional, rayano en la libre designación, en el que la vinculación política del candidato ha presidido la resolución nominativa”. Otro efecto de lo que denomina “desviación constitucional”, es el de la percepción de la propia sociedad de esta politización de la justicia.
El volumen recoge una serie de propuestas reformadoras, entre las que se encuentra la de que los vocales de procedencia judicial del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y magistrados, “en el que cada uno de ellos goce del derecho de ser elector y elegible en igualdad de condiciones”.
“Los privilegios electorales de las asociaciones judiciales –señala Martínez Marín- han de ser suprimidos a favor de una igualdad de oportunidades de acceso al cargo de vocal de los miembros no asociados, que todavía representan el 50 por ciento de la carrera judicial”.
En cuanto a los candidatos a vocales de adscripción extrajudicial, considera que deben ser propuestos por mitad a las Cámaras legislativas por los colegios de abogados de entre sus colegiados, y por las universidades de entre los catedráticos de Derecho.
“Los electos deben comparecer y someterse a los interrogatorios de las Comisiones de Justicia de las respectivas Cámaras, que, con el consiguiente informe, elevarán este listado a los respectivos plenos, con lo que se cumpliría con la Constitución”, apunta.
